Brasil-Niños y Adolescentes

Sin revisión de prioridades, Brasil no puede garantizar los derechos de la niñez

La promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Brasil acaba de despertar del letargo, que dura más de un década, con las observaciones divulgadas este mes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los esfuerzos nacionales para la implementación de la Convención Internacional Sobre los Derechos de la Niñez (CDC).

Este período corresponde al atraso del gobierno brasilero en atender al compromiso firmado en 1990 entre las naciones signatarias del pacto de remitir a Ginebra, en el lapso de dos años, el informe referente a la asistencia pública prestada a la niñez y a los adolescentes en el país.
El gran avance en términos normativos, evidenciado en leyes como el Estatuto de la Niñez y del Adolescente (ECA), parece haberse transformado en la cuna espléndida donde reposaba el gobierno y hasta la misma sociedad civil frente a la urgente necesidad de aplicar con calidad estas directrices.
"No tenemos una cultura profunda de derechos humanos, lo cual implica que gestores y sociedad no fundamenten sus acciones en la lógica de los derechos, sino solamente en la lógica de las necesidades", explica Renato Rosendo, coordinador de la Asociación Nacional de los Centros de Defensa de la Niñez y del Adolescente (ANCED).
Rosendo estuvo presente en la defensa del informe, hecha por Brasil en septiembre, que motivó las observaciones de la ONU sobre el asunto, como también participó de la elaboración del informe paralelo entregado por la sociedad civil brasilera al organismo internacional. Las recomendaciones de la ONU, las diferencias entre los dos documentos y las cuestiones principales para la implementación de la CDC en el país, están presentes en la entrevista concedida por el defensor de los derechos de la niñez a Adital.

Adital _ La primera observación de la ONU sobre el informe entregado por el gobierno brasilero se refiere al atraso de más de una década en la preparación y envío del documento. ¿En qué puede haber afectado este atraso la implementación de la Convención de los Derechos de la Niñez en Brasil?
Renato Rosendo _ El atraso del estado brasilero tiene un significado doble. En primer lugar, es posible concluir que los ocupantes del gobierno federal de la última década no dieron ninguna relevancia a la Convención sobre los Derechos de la Niñez, por lo tanto, no se preocuparon por el incumpliendo del compromiso asumido al ratificar la CDC, en especial, los compromisos oriundos del art. 44, que determina el envío periódico de informes. Es, mínimamente, lamentable que un país firme y ratifique un tratado internacional de derechos humanos y no asegure siquiera la elaboración de un informe sobre su implementación. Por eso, fue muy importante el primer informe, aún con los 12 años de atraso.
Otra conclusión a la que podemos llegar es la ausencia del monitoreo también de la sociedad civil. Si el procedimiento de elaboración periódica de informes sobre la efectivización de derechos no es realizado por el gobierno, también la sociedad civil es perjudicada en ejercitar su papel de controladora de las políticas gubernamentales. Por lo tanto, la ausencia de monitoreo puede, sí, haber perjudicado la implementación de los derechos previstos en la Convención. Estamos ahora corriendo atrás del perjuicio, y aprendiendo lo importante que es hacer monitoreos periódicos, de las políticas que determinan la implementación de derechos humanos.

Adital _ Uno de los principales problemas señalados por el organismo internacional para la aplicación del CDC serían las discrepancias entre las acciones y estructuras del gobierno federal, estados y municipios, tanto como la falta de coordinación entre estos actores políticos. ¿Cómo puede ser vista esta observación en el día a día de la lucha por los derechos de la niñez?
Renato Rosendo _ Niñez es prioridad absoluta. Así dice la Constitución Federal y el ECA. Por eso, para que los derechos humanos de la niñez sean efectivizados, es necesario valorar y fortalecer una instancia de coordinación de políticas que aseguren esos derechos. Sin esto, las políticas para la niñez serán siempre puntuales y fragmentadas. Es necesario articular los diferentes ministerios y secretarías de estado en el nivel federal, así como los gobiernos estatales y municipales para la realización de programas y servicios que garanticen los derechos de la niñez, aún cuando esos programas y servicios estén asociados a políticas para segmentos sociales más amplios.
Lo que quiero decir es: nosotros no precisamos necesariamente una política de saneamiento específica para la niñez, pero quien hace la política de saneamiento debe entender el enorme impacto que las políticas de saneamiento tienen en la vida de niños de 0 a 6 años y, por lo tanto, debe privilegiar esa directriz. Sin embargo, las políticas sociales están siendo impactadas por la política económica, que hasta el presente viene privilegiando la consecución de superávit primario para pago de la deuda pública. Ese esfuerzo descomunal que la nación está haciendo ha perjudicado la posibilidad de constituir una sólida y vigorosa política de garantía de los derechos de la niñez, conforme preconiza el ECA.
También sobre ese punto, debemos ver que un tratado internacional es compromiso del estado brasilero y no sólo del gobierno federal. Por lo tanto, tiene razón el comité al reclamar articulación también de los estados y municipios para el respeto de la convención. Desgraciadamente, no tenemos una cultura profunda de derechos humanos, lo que implica que gestores y sociedad no fundamenten sus acciones en la lógica de derechos, sino solamente en la lógica de necesidades. Eso resulta en políticas pobres para los más pobres, que no garantizan la dignidad ni la universalidad de derechos.
Adital _ ¿Cuáles son las perspectivas para el Plan Federal de Acción para 2004-2007, titulado "Presidente Amigo de la Niñez y del Adolescente"?
Renato Rosendo _ Una vez más volvemos al tema presupuesto. La Red de Monitoreo Amiga de la Niñez lanzó recientemente un informe llamado "Un Brasil para la Niñez" sobre la posibilidad de alcance de las metas del documento Un Mundo para la Niñez, de la ONU, que Brasil apoyó y firmó. El Plan Presidente Amigo de la Niñez es la síntesis de las estrategias gubernamentales para la realización de esos compromisos. Desgraciadamente, el informe de la Red revela que la tendencia actual de gasto público en la infancia no permitirá la conquista de todas las metas previstas en el Plan. Eso quiere decir que, una vez más, en nombre de la estabilidad económica, los presupuestos hasta ahora destinados para políticas sociales fueron disminuidos. Eso puede cambiar. Esperamos que cambie. Fue esa la esperanza depositada por el pueblo brasilero _ el cambio y sabemos que es urgente cambiar.

Adital _ ¿Cuál es la importancia de que Brasil atienda los llamados `Principios de París` y contar con un mecanismo independiente de monitoreo de la problemática de los derechos de la niñez, mostrándose accesible principalmente a la propia población con edad inferior a los 17 años?
Renato Rosendo _ Los principios de París fueron adoptados en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Son directrices para la formación de instancias colegiadas que influyan en las políticas públicas, promuevan la opinión pública sobre los derechos humanos, reciban y encaminen las denuncias y monitoreen la realización de derechos humanos a nivel nacional. En Brasil, nuestra instancia de derechos de la niñez y los adolescentes todavía no se adapta integralmente a esos principios. Nuestro consejo de derechos, CONANDA, es responsable por la deliberación y fiscalización de políticas, pero no por el monitoreo específico de la violación de los derechos humanos de la niñez y los adolescentes. Según el ECA, esa es la función del Consejo Tutelar, pero como sabemos, aún no hay consejos en todos los municipios del país (todavía falta el 30% de los municipios) y en los municipios en los que hay consejos, éstos, en su mayoría, tienen un funcionamiento precario y no son accesibles a todos los niños y adolescentes.
De acuerdo con los Principios de París, las instancias de monitoreo de los derechos humanos deberían estar estructuradas para recibir y encaminar con rapidez denuncias de violación de derechos. Entendemos que la magnitud del territorio brasilero dificulta que instancias nacionales sean accesibles en todas las localidades del país, por eso la necesidad de que trabajemos en red. Es fundamental que tengamos una instancia nacional que monitoree el nivel y características de las violaciones a los derechos de la niñez, por eso la necesidad de integración. Iniciativas gubernamentales como el SIPIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA) son extremadamente importantes y deben ser fortalecidas, por eso no basta tener la información para generar y monitorear la política pública. Es necesario que la demanda concreta sea reparada y el derecho de la niñez restituido. Sin eso, la sociedad pierde confianza en el estado y es lo que viene sucediendo en Brasil. Monitorear los derechos es estratégicamente relevante para prevenir violaciones, promover derechos y reparar violaciones ocurridas.
Adital _ Las observaciones de la ONU también llaman la atención para que Brasil emprenda una campaña de mayor divulgación de los derechos de la niñez y del adolescente. ¿Usted también concuerda con esta preocupación?
Renato Rosendo _ Si. ¡La exclusión social tiene clase, sexo, raza, etnia y EDAD! Todavía somos una sociedad que viola los derechos de niños, por el hecho de que son niños. Además de eso, se suma su condición de clase social, raza y etnia. Lo que tenemos por resultado es una sociedad profundamente injusta y con desigualdades estúpidas. Esa estructura no será superada en poco tiempo ni con campañas solamente. Es imprescindible un amplio programa de educación en derechos humanos que involucre diferentes instituciones, en especial las escuelas, asociaciones comunitarias y los medios de comunicación. El ECA fue y aún es duramente atacado por un cierto tipo de prensa. Es de hecho necesario hacer que la sociedad conozca el derecho para que comience a exigirlo y respetarlo.
Adital _ Una de las diferencias entre el informe paralelo presentado por la sociedad civil a la ONU y el informe oficial del gobierno sobre la situación de niños y jóvenes en Brasil reside en la tentativa de situar los datos dentro de un contexto, para que el aspecto cuantitativo no encubra las deficiencias cualitativas. ¿Qué problemas puede producir este crecimiento en números que no se corresponden con las reales mejoras en factores básicos para el desarrollo infantil como la educación?
Renato Rosendo _ Calidad en la educación fue uno de los temas de nuestro informe. Lo que dijimos fue lo siguiente: es importante ampliar el acceso a la escuela, lo que puede ser visto en el aumento de matrículas en la última década, sin embargo eso no quiere decir acceso a la educación de calidad. Educación de calidad es la sumatoria de acceso universal, condiciones de permanencia en la escuela (estructura física, profesores en las clases, alimentación, transporte) y calidad en el proceso educativo, que está relacionada a la viabilización de un proyecto pedagógico.
Brasil está muy, pero muy lejos de conquistar el acceso universal del derecho a la educación de calidad. De ahí la importancia de analizar los números con miradas diferentes. No mejora nada el tener 97% de los niños en una escuela si no se consigue que ellos lean y escriban, inclusive después de 4 años de asistencia. El problema es que podemos estar cometiendo un gran fraude con la sociedad brasilera, diciendo que tenemos niños en una escuela que no está en condiciones de enseñar. Eso afectará mucho nuestras condiciones de tener un patrón de desarrollo humano justo y solidario. Si hay una prioridad para este país, esa debe ser el urgente perfeccionamiento del sistema educativo.
Principales puntos de las observaciones de la ONU

Aspectos positivos _ La ONU destaca la presteza de Brasil en firmar protocolos adicionales a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, como el relacionado a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. También son elogiadas modificaciones en la legislación penal como la de establecer la tortura como delito no excarcelable y traer a los tribunales civiles determinados delitos cometidos por militares. Son también dignos de nota el ECA y el establecimiento del CONANDA (Consejo Nacional de Defensa de los Niños y los Adolescentes).
Cumplimiento de los principios generales de la Convención _ Las observaciones del organismo internacional detallan la situación de Brasil en relación con los principios generales de la CDC. En relación con la no discriminación, el informe destaca que los niños negros e indígenas, son blanco de racismo, exclusión social y diferenciación a causa de la faja etaria, constituyéndose en los grupos más lesionados en términos de derechos de la infancia.
Con respecto al derecho a la vida, condiciones de existencia y desarrollo, los comentarios de la ONU señalan la aprensión causada por el informe elaborado por la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahangir, sobre la situación del país. El documento señala el hecho de que los niños son las principales víctimas de las muertes promovidas por escuadrones de exterminio compuestos por militares, policías y ex agentes de estas fuerzas.
Para la ONU, los puntos de vista de los niños en Brasil, todavía continúan sofocados por las actitudes tradicionales en relación con la infancia encontradas en la familia, escuelas y en la sociedad en general. En términos de derechos civiles, recibe felicitaciones por la medida de garantizar el registro gratuito de nacimiento y certificado de óbito a las familias carenciadas, aunque muchos niños permanezcan sin estos documentos esenciales.
La ONU exige además en el informe el fin de los castigos corporales en el país, principalmente en instituciones penales, pero también en el seno familiar e inclusive en las escuelas. Este punto también es abarcativo a los niños privados del ambiente familiar, que según el organismo internacional deben ser acompañados más de cerca por el Estado brasilero y la sociedad civil. Esta preocupación está articulada con la prevención de abusos y negligencias en la propia familia, sobre los cuales la ONU recomienda una extensa campaña pública para educar a la población sobre los efectos de los maltratos a niños en hogares brasileros.