Miles de campesinos, indígenas, cocaleros, mineros y trabajadores de todos los sectores han comenzado a llegar a La Paz para cercar el Congreso y obligarle a aprobar una ley que nacionalice el gas y el petróleo. La Central Obrera y los vecinos más pobres de El Alto también se movilizan para tomar la sede de gobierno. ¡Nacionalización o cierre del Congreso!, es la bandera que agitan los activistas

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Miles de trabajadores llegados del campo, las minas y los poblados del interior están ya con un pie en la ciudad de La Paz y se alistan para cercar el Parlamento nacional, en una nueva ofensiva popular para renacionalizar el gas y el petróleo.
En horas de la mañana, más de ocho mil campesinos, cocaleros, regantes y trabajadores de los valles de Cochabamba se encontraban en las puertas de la ciudad, en la localidad de Senkata, tras haber caminado una semana por el frío altiplano. Los hombres y mujeres del agro vienen en busca de una ley que devuelva al patrimonio nacional los más de cien mil millones de dólares, que valen sus ingentes reservas de gas y petróleo, hoy en manos de las transnacionales.
Junto a ellos, dinamita en mano, ya están otros dos mil cooperativistas mineros, que han emergido desde los socavones de Caracoles, Viloco, San José, Uncía, Huanuni y otras minas con la misma decisión de imponer la nacionalización y el fin de los privilegios de Repsol, Petrobras, Trotal, Bristish Gas, Enron y Shell, entre otras
Entre los marchistas que están en Senkata, también destacan los piquetes integrados por los indígenas y originarios del oriente, que vienen de las calientes tierras bajas. Son los que más sienten los rigores del clima, aunque son los más optimistas y alegres.
Unos destacan por sus wiphalas (banderas originarias) de siete colores, los otros por sus cascos y la dinamita. Casi todos mascan coca, la fiel compañera que elimina el cansancio y ahuyenta los malos presagios.
LAS COLUMNAS DEL ALTIPLANO
Más al oeste, otros miles de campesinos del Altiplano, de la zona del Lago Titicaca y de Achacachi, junto a estudiantes, normalistas, maestros rurales y universitarios marchan rumbo a La Paz desde la población de Warizata. Ponchos rojos, bastón de mando, chicotes de cuero y la infaltable coca. Es la gente del "Mallku" Felipe Quispe, el líder de los aymaras, que marcha para "expulsar a las transnacionales".
Es una columna más radical que la integrada por cocaleros y campesinos del valle, dirigidos por el diputado cocalero Evo Morales, que se contenta con que las petroleras extranjeras paguen más impuestos, como dice el proyecto de ley de la Comisión del Congreso.
Desde el martes, el Parlamento analizará la propuesta de la Comisión y la enviada por el gobierno, que es, en lo esencial, favorable a las millonarias exportaciones transnacionales de gas. La principal diferencia entre ambas es la magnitud de los impuestos a cobrar a las petroleras: la de la Comisión alcanza al 50% del negocio y la del gobierno a no más de 32%, según los cálculos de expertos independientes. La principal similitud es que ambas propuestas preservan las exportaciones y la propiedad de las reservas para las petroleras.
EL CABILDO DE LA COB
Por ello no satisfacen en nada a la Central Obrera Boliviana (COB), que ha convocado a todas sus fuerzas para brindar un multitudinario recibimiento a los marchistas con un cabildo abierto en la Plaza San Francisco, a cinco cuadras del Congreso.
Allí también concurrirán, en horas de la tarde, los vecinos de los barrios más pobres de El Alto, los trabajadores y desocupados que han sido convocados por la Central Obrera Regional de El Alto.
Con todos ellos, la COB y las organizaciones sociales y populares intentarán, desde este martes, frenar la ley propuesta por el presidente Carlos Mesa, trabajada en todos sus artículos bajo la sombra del Fondo Monetario Internacional y por los expertos del Banco Mundial.
LA TÁCTICA DE LA COB
Todos quieren reeditar la exitosa presión que han ejercido sobre el Congreso, al que han obligado la madrugada del pasado jueves a enjuiciar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a todos sus colaboradores, que han participado directa o indirectamente en la masacre de hace un año, cuando abatieron a bala y metralla a 67 bolivianos y dejaron heridos a más de 300.
El anterior jueves, arrinconado por la protesta social y bajo amenaza de cierre, el Congreso, de amplia mayoría neoliberal, fue incluso mucho más lejos de lo que pretendía el líder de los cocaleros Evo Morales, que junto a los ex aliados de Sánchez de Lozada había pugnado por enjuiciar sólo al ex presidente y a sus dos principales ministros, dejando en la impunidad al resto de sus colaboradores.
Ahora, la COB y las organizaciones campesinas quieren hacer lo mismo: ir mucho más lejos de lo que plantea el diputado cocalero y así alcanzar la nacionalización del gas y el petróleo. Por eso apuestan al cerco sobre el Parlamento, a movilizar a miles y miles para imponer la nacionalización o el cierre del Congreso.
NO SALIMOS DE LA PAZ
La decisión parece estar tomada. "No nos vamos a mover de La Paz hasta que se apruebe la ley de Hidrocarburos favorable al pueblo", dicen los cocaleros que marchan junto a Morales, que recalca una y otra vez que "no es una marcha del MAS (Movimiento al Socialismo), es una movilización a la que se han sumado todas las organizaciones sociales".
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Desde el Chapare, las radioemisoras locales informan sobre la decisión de enviar otros dos mil cocaleros para marchar a La Paz y reforzar el cerco, si en una semana no se aprueba la demanda popular.
MARCHA EL PUEBLO DE EL ALTO
En el pueblo de El Alto, que fue el que derribó a Sánchez de Lozada hace un año, las consignas también son muy claras. Así, los trabajadores alteños marcharán hacia la ciudad de La Paz para exigir que se acelere el juicio de responsabilidades contra el ex presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada y los autores materiales e intelectuales de la denominada masacre de octubre, la nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización del gas, demandas que no son respondidas aún por el actual gobierno presidido por Carlos Mesa, señala la agencia Apa.
Ernesto Fernández ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, manifestó que la aprobación del juicio de responsabilidades por parte del Parlamento Nacional no pone fin a las movilizaciones de los trabajadores alteños, en vista de que ahora se debe velar porque el fiscal y los magistrados que se harán cargo del proceso a Sánchez de Lozada y sus colaboradores, ni dilaten el juicio como en el caso del ex dictador Luis García Mesa. "Desde ahora los trabajadores alteños no declaramos en vigilantes para que los genocidas de octubre entren a la cárcel", manifestó.
Fernández de la COR y Jaime Solares de la Central Obrera Boliviana (COB), coincidieron en señalar que la lucha de los trabajadores bolivianos, al margen del encierro de los autores materiales e intelectuales de la masacre de octubre, también se centra en la nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización del gas, medidas que permitirán que los recursos naturales beneficien a los bolivianos y no a las transnacionales.
ACUARTELAMIENTO
Mientras tanto, fuerzas de la Policía y del Ejército habían sido acuarteladas y declaradas en emergencia. Según los reportes oficiales, la instrucción del presidente Mesa es garantizar la realización de las manifestaciones, siempre y cuando "no impidan las actividades públicas y privadas".
En las últimas horas, el presidente convocó a los dirigentes sociales a respaldar su proyecto de ley y a resolver las diferencias mediante el diálogo y la concertación.