El control administrativo en empresas y bancos estatales
Un relajo con premeditación y alevosía

Por Samuel Blixen
Brecha de Uruguay

El vicepresidente Luis Hierro, el mismo que en 1999 aconsejaba a los uruguayos votarlo porque "los colorados no vamos a devaluar", justificó su decisión de ignorar las 16.269 observaciones sobre balances y gastos públicos elevadas por el Tribunal de Cuentas a la Asamblea General -cuerpo legislativo que preside-, porque "en un 99 por ciento son irrelevantes". Aun aceptando esa coartada no demostrada, quedarían todavía 162 comunicaciones que el vicepresidente sustrajo de la consideración de los senadores y diputados, al no convocar al cuerpo y ni siquiera difundir entre los legisladores la información recibida para verificar si otros coinciden con su afirmación.
En este verano donde las únicas contradicciones del país parecen ser, en el reflejo comunicacional, las referidas a las inconsistencias de las versiones sobre un secuestro, o el divorcio entre el toque al pie en los entrenamientos y el pelotazo en la cancha cuando juega la Sub 23, BRECHA propone a sus lectores, aunque más no sea para conservar la línea, la gimnasia de polemizar con el vicepresidente de la República a propósito de las "irrelevancias" contenidas en los balances del Banco Central, Antel, Ose y Banco Hipotecario, con vistas a dibujar el mapa de la eficiencia blanca y colorada al administrar las empresas públicas y a explicar por qué consideran de manera tan imperiosa, estos administradores, reformar el Estado.
EL GRAN BURACO. El vicepresidente Hierro no debería calificar de "irrelevante", por ejemplo, el "detalle" de que el Banco Central (Bcu) ha sobrevaluado su patrimonio, su activo y su pasivo en nada menos que 832 millones de dólares, y que las utilidades del ejercicio 2002 fueron a su vez infladas en 223 millones de dólares. Una diferencia tan sustancial entre la realidad y los balances maquillados no debería pasar inadvertida para los parlamentarios de cualquier pelo.
Como los directores del Bcu, su presidente el economista de la lista 15 Julio de Brum (un administrador con sólidos antecedentes que ostenta el mérito de haber reducido en un 80 por ciento el patrimonio de la Corporación Nacional para el Desarrollo), el vicepresidente Miguel Vieytes, del Foro, y el director Andrés Pieroni, del Herrerismo, no pueden apelar a la excusa del profesor Hierro, podrán justificarse aduciendo que el descalabro es responsabilidad de sus antecesores, César Rodríguez Batlle, Eva Holz y Rosario Medero, quienes bajo la batuta de Alberto Bensión administraron la crisis bancaria con los resultados que se sufren hoy día.
Pero no es tan fácil tirar la pelota al óbol. Los 200 millones largos de utilidades sobrevaluadas derivan de una transferencia realizada por el Bcu al Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) en diciembre de 2002 para activar la liquidación de los bancos Montevideo, Caja Obrera y Comercial. Esa transferencia fue registrada por el actual directorio del Bcu como un activo, es decir como un crédito. Sin embargo, la ley que posibilitó esa transferencia no especifica la obligación del Mef de devolver el dinero. Hay por lo tanto, 223 millones de dólares asentados en los balances pero sin existencia real. Tampoco están esos 223 millones en Economía, porque, como indica el dictamen del Tribunal de Cuentas de noviembre de 2003, el supuesto préstamo es de "difícil recuperación" y no están asentadas las naturales previsiones que exigen los créditos dudosos.
Para evaluar si Economía y Finanzas está dispuesto a devolver algún dinero, los administradores del Bcu deberían recordar que hay dos deudas, una de ute y otra del Banco Hipotecario (Bhu), que ascienden a 370 millones de dólares, y que según el Tribunal de Cuentas "tienen una antigüedad de 11 y 15 años respectivamente sin haberse efectuado ningún pago por parte del Mef, por lo cual existe incertidumbre sobre la posibilidad de recuperación de la totalidad". Las dos deudas están prolijamente consignadas como activos, aunque en realidad están sobrevaluando ese activo en un 5,84 por ciento del total de ese rubro.
Economía y Finanzas tampoco ha efectuado ningún pago sobre las transferencias realizadas por el Banco Central para capitalización del Bhu, transferencias que totalizan 927 millones de dólares y que representan nada menos que el 35 por ciento de los activos internos del rubro "Créditos al sector público no financiero".
Para no cargar indebidamente las tintas, habría que aclarar que no es responsabilidad del actual directorio la decisión de asistir financieramente a los bancos privados "en dificultades" durante la crisis de mediados de 2002, a pesar de que dicha asistencia era ilegal porque superaba el monto del patrimonio neto de cada institución. Pero sí es responsabilidad del actual directorio omitir la entrega al Tribunal de Cuentas de la documentación referida a esa asistencia indebida, razón por la cual el tribunal no pudo opinar sobre la legalidad de tales resoluciones.
En la ligereza (por rapidez y frivolidad) con que el gobierno asistió a los bancos privados durante la crisis está la explicación de los buracos que exhibe el balance del Banco Central. Es imposible disimular el desastre y en el intento por disfrazarlo se cometen algunos pecados menores como, por ejemplo, contabilizar dos veces en el estado de situación ("duplicar", dice el dictamen del Tribunal de Cuentas) fondos pendientes de aplicación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo; se trata de, apenas, 33 millones de dólares, una insignificancia en el relajo mayor.
ALÓ, ¿QUIÉN HABLA? Por alguna inexplicable razón, quizás un sarpullido de transparencia que no se detectaba en otros balances, recién al analizar los estados contables de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) referidos al ejercicio 2001 (el directorio anda algo atrasado), el Tribunal de Cuentas detectó ciertas "inconsistencias" que vienen de antes y que configuran un panorama desolador.
Acaso Gabriel Gurméndez (presidente, lista 15), Simón Erlichman (vicepresidente, Foro Batllista) y Óscar González Álvarez (director, Herrerismo) no estén enterados de la manera en que se llevan los registros de deudas y deudores, y la contabilidad, en la empresa que ellos vienen dirigiendo desde hace tiempo. Por ejemplo:
• En el rubro "Disponibilidades, caja y bancos", "el saldo de efectivo incluye 187.028 pesos de cheques de clientes devueltos por los bancos en los años 1995 a 2000, que al 31 de diciembre de 2001 permanecen pendientes de descargo", dice un informe del Tribunal de Cuentas. (Calificación: irrelevante.)
• "En las conciliaciones bancarias no queda constancia del nombre del funcionario que la realizó ni del que la supervisó". (¿Irrelevante? Claro.)
• Hay 160 millones de pesos (unos 6 millones y medio de dólares) de la cuenta "Deudores oficiales para telefonía básica" que están pendientes de cobro con una antigüedad superior al año. Ello lleva al tribunal a concluir que "el ente aplica diferentes criterios según el cliente sea particular u oficial. A los clientes oficiales no se les cobra multas ni recargos, y no se les suspende el servicio". (Irrelevante, sin duda, como es irrelevante que las gestiones de cobro no queden documentadas por escrito, lo que lleva a sospechar que "no existe una adecuada política de cobro del sector Cobranzas".)
• Desde 1994 no hay recuentos físicos de la totalidad de bienes de uso: informática, terrenos, edificios, vehículos, teléfonos públicos; y el complejo Torre de las Telecomunicaciones se expone en el rubro "Obras en ejecución" "sin discriminar el costo de los diferentes edificios ni separar el mobiliario y obras de arte de los inmuebles".
• Los reclamos del Consorcio Roggio-Stiler-American Bridge por la construcción de la Torre de las Telecomunicaciones están consignados en el rubro "Otros" (son unos 3 millones de dólares irrelevantes asignados como previsiones, debido a que, seguramente, habrá que pagarlos).
• Hay personas físicas inscritas en el Registro de Proveedores a las que no se les exige el certificado único expedido por la Dgi para acreditar que están al día con el pago de impuestos. (Irrelevante, ¿no?)
• Los contratos con fleteros no especifican plazo de duración; "la omisión lo convierte en un contrato sin límite temporal, no ajustado a derecho". En 2001 el servicio de fleteros insumió 2 millones y medio de dólares, sin que existiera proceso licitatorio. (Esta irrelevancia no puede justificarse en la ignorancia del directorio porque éste resolvió directamente la designación, sin la intervención de la División Infraestructura y Apoyo.)
Las contrataciones directas incluyeron más de 2 millones de dólares en publicidad. Pero en este rubro hay por lo menos dos episodios que sí están sospechados de ser relevantes.
Uno de los casos refiere a la empresa Diasolco sa que en el trienio 1999-2001 le facturó a Antel 843.780 dólares por concepto de publicidad, de los cuales 160.000 corresponden al ejercicio 2001. El tribunal detectó que "la primera factura emitida al ente es la número1. El hecho de que Diasolco no hubiera emitido anteriormente ninguna otra factura implica que su actividad comercial recién comenzó con Antel". La contratación directa de Diasolco fue decidida expresamente por el directorio, que estaba impedido de hacerlo "porque no se puede contratar con el Estado si se carece de habitualidad en el comercio o industria del ramo". (Según trascendió, esta empresa es o era propiedad de un familiar directo de un jerarca del ente, lo que lamentablemente, profesor Hierro, no puede consignarse como irrelevancia.)
El otro caso notorio es el del deportista Gustavo Trelles, quien en el período 1995-2001 recibió de Antel 690 mil dólares, de los cuales 120 mil en el ejercicio 2001. La contratación fue resuelta en forma directa por el directorio "sin ampararse en ninguna de las causales del artículo 33 del tocaf". Aunque no es responsabilidad de Trelles, el directorio no exigió los certificados de Dgi y Bps; pero como el sistema de computación exigía esa información para incorporarlo en el Registro de Proveedores, alguien "ingresó datos ficticios para el número de ruc y para el vencimiento de los certificados de la Dgi y del Bps". Por si fuera poco, "los pagos se realizaron sin que se hubieran emitido las correspondientes facturas y recibos oficiales". (El profesor Hierro seguramente estará de acuerdo en que esto es relevante, y quizás delictivo, también.)
HACIENDO AGUA. Don Juan Justo Amaro, de la lista 15, renunció recientemente a la presidencia del directorio de Ose para incorporarse a la campaña electoral. También renunció don Alberto Casas, director herrerista, de modo que sólo quedaba el vicepresidente don Hugo Granucci, forista, para apechugar en el caso de que se pidieran cuentas sobre la administración de tan líquido ente, lo que afortunadamente no ocurrirá porque el profesor Hierro considera irrelevantes las siguientes innovaciones en materia de contabilidad.
Hasta junio de 2002 Ose no numeraba las facturas por ventas de bienes y servicios y, además, las bonificaciones y los descuentos se realizaban anulando en el sistema la factura original o mediante ajustes manuales. Alguien debería comentar qué implicaciones legales conlleva este criterio.
Por lo pronto, el tribunal comprobó que "la Gerencia Contable no posee un inventario de la totalidad de los deudores de Ose", por lo que "la información suministrada por esa gerencia no coincide con el importe del rubro Deudores Particulares" de los estados contables. Allí se dice que los particulares deben 35 millones de dólares, pero en realidad no se sabe quién los debe: "El Departamento Contable no posee información sobre el saldo individual de cada uno de sus deudores", entre otras cosas porque "no hay un inventario de la totalidad de deudores".
No puede extrañar, entonces, que desde 1998 no se hagan recuentos físicos de bienes de uso por funcionarios ajenos a su custodia; que se hayan hecho anticipos de viáticos cuya rendición de cuentas demora dos meses o más; que haya más de 190 personas que prestan servicios como becarios cuyos contratos, de 120 días de vigencia, están vencidos desde 1996; que los arqueos de caja exhiban actas con firmas ilegibles, "sin aclaración de firma o sello, sin la firma del cajero e incluso otras firmadas por personas que no comparecen en el acta"; que exista una sobrevaluación de casi 3 millones de dólares en el rubro "Importaciones en trámite", correspondientes a bienes que ya fueron recibidos; que haya una subvaluación de los ingresos por concepto de tarifas especiales cobradas en Montevideo para financiar la quinta línea de bombeo, entre otras perlas.
Por una razón o por otra, Ose factura el 48 por ciento del agua que eleva. El 52 por ciento restante "se va por el caño": porque no sabe quién le debe, a quién cobrarle ni cuánto; en todo caso, para equilibrar esa mitad que se pierde las facturas se modifican a mano. ¿Qué tal?
UN DERRUMBE METICULOSAMENTE PLANEADO. La situación crítica del Banco Hipotecario puede considerarse un apéndice de la situación generada en el Banco Central -y también en el República- después de que los aprendices de brujo del neoliberalismo hicieron sus pases de magia sobre el conjunto del sistema financiero.
Se puede decir que el Bhu no existe: en los últimos tres ejercicios el patrimonio del banco disminuyó en 532 millones de dólares, de modo que sobre los 148 millones de dólares exigidos por la autoridad monetaria como patrimonio mínimo neto, la institución puede ofrecer sólo un patrimonio neto de 81 millones. De ahí que, según el dictamen del Tribunal de Cuentas, "el déficit patrimonial, unido a las pérdidas recurrentes de ejercicios anteriores y a las pérdidas en que ya se ha incurrido en el transcurso del 2003, sin perjuicio de las capitalizaciones realizadas por el Poder Ejecutivo por la vía de la subrogación de las deudas con el Bcu, muestran el deterioro de la solvencia del Banco Hipotecario del Uruguay".
De los cinco directores a los cuales se les podría preguntar cómo lograron la hazaña de producir pérdidas por casi 600 millones de dólares en tres años, sólo Raúl Giuria (Partido Nacional) sigue al pie del cañón. El tristemente célebre Ariel Lausarot, forista, renunció a la presidencia y lo sustituyó la también forista Graciela Pérez Montero. Jorge Conde Montes de Oca (lista 15) renunció y en su lugar asumió el contador Gerardo Saxlund, quien hasta entonces era uno de los tres integrantes de un "comité gerencial" que coordinaba con el directorio la reestructura interna, que no logró evitar el cataclismo. Carlos Soria, del Foro, renunció y en su lugar ingresó el quincista César Ausqui, un médico de Cerro Largo que entre 1990 y 1993 fue director de ancap y entre 1995 y 2001 ocupó el cargo de vocal en el directorio de Antel. El blanco Néstor Moreira Graña también renunció, pero no anunció si peleará en la campaña por una banca en el Parlamento o si se presentará a la Intendencia de Rocha (actualmente es suplente del intendente Irineu Riet).
Los cuatro balances reseñados fueron puntualmente observados por el Tribunal de Cuentas y las observaciones debidamente comunicadas a la Asamblea General, después de los trámites de rigor que incluyeron notificaciones a los directorios de los organismos. Ninguna de las afirmaciones contenidas en este informe, elaboradas por los equipos técnicos, fue en su oportunidad cuestionada por los miembros del tribunal y, hasta donde se sabe, ninguno formuló por escrito un voto discorde
Las observaciones están a disposición de los parlamentarios, y es de creer que integran el 1 por ciento que el profesor Hierro reconoce como relevante, pero que no motivó su reacción como presidente de la Asamblea General.