¿CUAL ES LA PERSPECTIVA DE COLOMBIA EN AMÉRICA DEL SUR?
(Análisis desde el punto de vista de los derechos humanos)
Luis Alberto Matta Aldana*
Los departamentos de Arauca y
Putumayo, y buena parte del Norte de
Santander, así como la región del Magdalena Medio –que comprende la confluencia de territorios de Antioquia,
Santander y Bolívar–, son quizá los
lugares más peligrosos del mundo para un activista comprometido en
la defensa efectiva de los derechos
humanos.
Las zonas mencionadas abarcan en
conjunto algo más de 105.000 kilómetros
cuadrados, hoy convertidos en sutiles campos de concentración para
quienes cuestionan al gobierno o
integran organizaciones de derechos humanos, y peor para quienes hayan militado en partidos políticos de izquierda
–coaliciones democráticas tipo A Luchar
o Unión Patriótica–, y más grave aún, si se
comprueba que han participado en movimientos rurales que luchan por la reforma agraria. En Colombia, si usted ha
estado vinculado a las luchas del
campesinado que clama tierra y justicia, es firme candidato a ser
señalado como guerrillero y terrorista.
Y no es que el resto del país esté al
margen de las arbitrariedades del
gobierno que encabeza el presidente Uribe Vélez, ya que las detenciones masivas –o secuestros colectivos– de
población civil en regiones apartadas,
el desarraigo forzado, las amenazas, los bloqueos alimentarios a
poblaciones sitiadas, y los crímenes
selectivos contra líderes populares, se multiplican a lo largo y ancho del territorio nacional. Es una vergüenza para
la humanidad que se sigan debatiendo
sanciones morales contra los sucesivos
gobiernos colombianos, que tienen por objeto condenar las elevadas tasas
de violación a los derechos humanos,
pero que no se tomen medidas concretas
para detener los crímenes. Hoy continúan cayendo asesinados en
Colombia decenas de sindicalistas
indefensos, víctimas todos de la barbarie
paramilitar y del terrorismo de Estado.
El presidente Uribe, orgulloso
privilegia el diálogo y la concertación con
las bandas paramilitares –en verdad monólogo–, pero reserva la ira y
el revanchismo con relación a la
insurgencia guerrillera. Lo peor es que asume
una actitud similar contra casi todas las expresiones civiles y
democráticas de la oposición política,
con lo que clarifica sus supuestas intenciones de paz. Por último y en un acto de desesperación e impotencia ante
los pobres resultados
contrainsurgentes, el gobierno ha enfilado baterías contra las organizaciones defensoras de los derechos
humanos, a las que ha llegado a tildar,
como ‘organizaciones de fachada cómplices del terrorismo’.
El rostro amable y casi romántico de
estas canalladas es el flamante
comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, conocido también como el
“doctor Ternura”. El comisionado ha
reiterado insistentemente que “el gobierno
celebra la posibilidad de que las paramilitares AUC –Autodefensas Unidas
de Colombia– funden un partido y se
integren a la vida política legal”.
Recordemos que en la primera semana de
Agosto de 1989 ACDEGAM, filial de la
Federación Nacional de Ganaderos –FEDEGAN–, que hoy preside el magnate
Jorge Visbal Martelo, con el auspicio
de quienes resultaron ser jefes del cartel
de Medellín, lanzó entonces la misma propuesta, bautizada entonces con
el nombre de MORENA –Movimiento de
Restauración Nacional–. Y vaya
casualidad... Numerosos políticos y socios del actual gobierno, la
mayoría empresarios como el ministro de
Justicia –Sabas Pretel de la Vega–,
terratenientes y parlamentarios, que festejaron con champan aquella aberración política, olorosa a crímenes de
lesa humanidad, son los mismos que
cantan y bailan con la posible fundación de un nuevo partido.
Preparémonos porque camina lenta, pero segura y tranquila la impunidad.
Entre tanto, el narcotráfico que por
obra y gracia de la propaganda oficial
aparece supuestamente debilitado, en realidad reorganiza aceleradamente
sus viejas estructuras, mientras toma
parte en el “dialogo” paramilitar. Los
feroces conflictos que actualmente se vive entre facciones de los
carteles, que se están resolviendo a
punta de pistola, señalamientos y masacres, es
una señal de su reacomodamiento interno. Una situación está clara: los
que se quedaron por fuera del acuerdo
con el gobierno serán exterminados,
encarcelados o extraditados a los Estados Unidos, según la conveniencia.
Los demás serán beneficiarios de la ley de alternatividad penal, no serán extraditados, y obviamente integrarán el
nuevo partido.
La vieja idea de un partido de derechas
ha tomado nuevos aires con el respaldo,
por ahora sutil, de una treintena de parlamentarios ligados al mundo empresarial y latifundista. La
Representante por Antioquia Rocío
Arias, junto al Senador ïndependiente” y exministro de la Defensa
Rafael Pardo Rueda, han dejado entrever
los planes venideros. Arias fue enfática al
afirmar el pasado 16 de enero en el diario El Tiempo: "Ya en las
regiones donde operan estos grupos de
autodefensa hemos aprendido a convivir con
ellos de manera articulada (...) Estos grupos se han convertido en la
tabla de salvación para esas
regiones", dijo la congresista.
La severa crisis humanitaria que padece
Colombia se agrava ostensiblemente con
el gobierno de Uribe Vélez, y en la medida que este se convierte en el aliado principal de los Estados Unidos en la
zona, la crisis tiende a convertirse en
un problema de carácter regional. Lacras como la corrupción, el narcotráfico, el militarismo
armamentista, la expansión de la pobreza, la
ausencia de trabajo, el hambre, la violencia y el crimen, producto de
los regímenes descompuestos que han
patrocinado los gringos, son temas
convertidos en pretexto intervencionista, mediante el llamado Plan
Colombia.
Y ahora, cuando los pueblos se levantan indignados ante la pobreza, el sometimiento y la injusticia, entonces los
gringos entran en escena a defender la
democracia y contener al terrorismo.
Sin temor a equivocarme puedo señalar a
mi país como la futura cabeza de playa,
o como el instrumento para una grave intervención de los Estados Unidos en América del Sur. Obviamente el
primer objetivo es la derrota de las
guerrillas colombianas, ya que las insurgentes FARC-EP y ELN tienden a convertirse en emblemas de la rebeldía
regional. Los mensajes pausados y de
innegable realismo político del legendario comandante Manuel Marulanda,
y la expansión silenciosa del
Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia,
definitivamente trasnochan a los estrategas del pentágono.
Los EEUU ante el evidente temor de que
Uribe no termine su mandato –somos
muchos los que pensamos que su gobierno no tendrá un final feliz–, y que
la guerra civil colombiana se salga de
sus manos, se adelantan a regionalizar
el conflicto para garantizar su control. La intromisión en el
conflicto interno, so pretexto de combatir
el narcotráfico y defender la “democracia”,
apunta más bien a intervenir en países vecinos. El epicentro de la estrategia, en principio, será la República
Bolivariana de Venezuela, que a su vez
ha de convertirse en la advertencia a otros pueblos del área que acosados por el hambre y la injusticia, hoy
reclaman democracia y soberanía para
resolver sus problemas sociales y políticos.
No perdamos de vista que el gobierno
colombiano saca pecho como principal
aliado del imperialismo, incluyendo su deshonroso apoyo a la
intervención en Irak, mientras los
norteamericanos sacan partido de la maltrecha y corrompida institucionalidad de Colombia, genuflexa y
acostumbrada al traicionero papel de
“caín de América”.
Es un sofisma de distracción hacer pensar
que los arsenales instalados día a día
en Colombia, estén únicamente orientados a aniquilar a la legendaria oposición guerrillera. Colombia ha sido
dotada por sus patrocinadores de una
moderna flotilla aérea compuesta por 79 helicópteros de última generación, todos artillados y dotados de
misiles; de 9 aviones tipo radar para
espionaje –dos de ellos derribados por la insurgencia–, y ha renovado aceleradamente su equipo de bombarderos.
Esto acontece a la par de la llamada
reingeniería o profesionalización del Ejército de tierra, iniciada durante el gobierno anterior –Andrés
Pastrana–, actualmente entrenado por
“asesores” británicos e israelíes y de EEUU principalmente.
A lo anterior hay que sumarle el
inusitado incremento del pié de fuerza, ya
que se han adicionado 78.000 hombres durante los últimos 27 meses,
sin contabilizar los dos logros y
orgullo máximo del presidente Alvaro Uribe:
los soldados “campesinos”, que la prensa nacional ha destacado en un
número cercano a los 23.000, y un millón
de sapos, candorosamente llamados
“informantes”. En realidad se trata de bandas peores que las
funestas rondas campesinas del Perú.
Los llamados soldados “campesinos” son
en apariencia una estrategia pública,
al menos en áreas de control absoluto de las Fuerzas Militares y paramilitares, mientras que los segundos son
diseminados o contratados secretamente
a lo largo y ancho del país, pero principalmente en el área fronteriza con Venezuela, entre los
departamentos de Arauca, Norte de
Santander y Cesár. Cuantas armas poseen las bandas de “informantes”?
Nadie lo sabe, y menos aún las cifras
millonarias que controlan. Parte del botin
sale de las inexpugnables cuentas secretas del Ministerio de Defensa,
ahora bien alimentadas con el Plan
Colombia, y solo mencionadas gracias a los
desafueros y actos de corrupción de los chafarotes de las Fuerzas
Armadas y de Policía.
Por su parte la policía que de tiempo
atrás perdió su calidad de ente cívico,
ha venido transformándose en un poderoso ejército de ocupación en los cascos urbanos de los pequeños
municipios. La misión de la policía es
reprimir sin consideración alguna a la población civil y sus expresiones organizativas de oposición al régimen, con
lo que las tropas del Ejército pueden
dedicarse por completo a las áreas rurales y particularmente a las zonas de frontera.
Mientras tanto y como para ir aceitando
un desafío de alto calibre contra
Venezuela, tenebrosos personajes como los generales del Ejército Iván
Ospina y Martin Orlando Carreño, así
como empresarios de la ‘rancia oligarquía’,
como el millonario accionista del periódico El Tiempo de Bogotá,
exministro de Estado y excandidato
presidencial Juan Manuel Santos, socio y protector del golpista Carmona, han iniciado una campaña de provocaciones,
cuyo propósito es ligar al gobierno
venezolano, con las acciones y desarrollo de
las FARC-EP, como si las guerrillas hubieran nacido ayer, o como si
estas no contaran con base social y
respaldo popular interno.
Por lo pronto solo nos queda seguir
insistiendo en el diálogo –entre
contrarios–, es decir, por un lado el Estado encabezado por el gobierno
y sus aliados, y del otro la
insurgencia, diálogo en el que tendrá que
incluirse de forma independiente, al amplio y multifacético movimiento
civil de oposición, que para dolor de
Uribe y sus aliados, siempre ha sido fiel a
la solución política del conflicto, y siempre estará comprometido con la búsqueda de la paz.
* Luis Alberto Matta, autor del libro
“Poder Capitalista y Violencia Política
en Colombia”, que trata sobre el genocidio contra el movimiento político Unión Patriótica, es un destacado
activista por la paz y en la actualidad
se encuentra como refugiado político. El presente artículo fue escrito en Enero 19 de 2004 para la Agencia
de Prensa Rural con sede en en el
Magdalena Medio colombiano, y para el periódico Resumen Latinoamericano, cuya distribución principal es en Bolivia,
Venezuela, Argentina y España.
