Sergio Gómez Maseri
El Tiempo

Washington.- "¿Necesita un Ejército? Solo levante el teléfono y llame". La frase es de Barry Yeoman, un experto invitado por The New York Times para que comentara la trágica emboscada de cuatro contratistas estadounidenses la semana pasada en Faluya, Irak. Y aunque a primera vista puede sonar sacada de contexto, nada más cercano a la realidad.

De una década para acá, pero especialmente ahora, en tiempos de la guerra contra el terrorismo, el uso de ejércitos privados, que sirven de soporte a las operaciones militares de E.U. en distintos rincones del mundo, es casi una constante. En Irak, para citar el ejemplo más próximo, se estima que hay unos 10 mil de estos contratistas. Es decir, uno por cada 10 marines estadounidenses en la zona de conflicto es un "soldado a sueldo". Una proporción enorme si se tiene en cuenta que Gran Bretaña, el país que más aporta hombres a la "coalición" después de E.U., no alcanza los 9.000.

Su función específica en este país, como en otros, es a veces un misterio. En el caso de Faluya, se supone que estaban escoltando un convoy de comida. Sin embargo, un artículo de la revista Time lo pone en duda, tras citar una fuente del Pentágono según la cual el cargamento lo componían "artículos varios". Muchas de sus actividades, al menos en el papel, se concentran en el área de seguridad. Desde servir de escoltas al mismo 'procónsul' de E. U., Paul Bremer, y otras figuras iraquíes consideradas "sensibles", hasta vigilar oleoductos, plantas de energía, agua y alcantarillado.

Un negocio gana-gana

En Estados Unidos, hay por lo menos 30 compañías que se dedican al negocio. Algunas, como el caso de Blackwater USA -de la que hacían parte los asesinados en Faluya-, se especializan en contraterrorismo y combate urbanos. Otros -Halliburton o Dyncorp- funcionan más en el área de inteligencia o entrenamiento militar.

El negocio, en cualquier caso, es redondo. Por siete días de trabajo, la factura que se pasa por cada uno de estos contratistas puede alcanzar los 15. 000 dólares (40 millones de pesos, promedio). En un libro reciente, Peter Singer, del Brookings Institution, decía que al año la industria de este servicio se empaca unos 100.000 millones de dólares. Para hacerlo imaginable: 200 veces lo que le cuesta anualmente a E.U. su inversión en el Plan Colombia.

Aunque los contratistas, a veces llamados 'mercenarios', vienen rondando el planeta desde la década de los 70, fue en la administración de George Bush padre, cuando realmente comenzaron a florecer. En ese entonces, primera Guerra del Golfo Pérsico, se adjudicó un contrato de US$ 9.000 millones a Brown Root, subsidiaria de Halliburton, para que "complementara" las funciones de los militares de E.U. en Irak.

Desde entonces ha sido como una bola de nieve. En años recientes han prestado sus servicios en Liberia, Pakistán, Ruanda Bosnia. Construyeron los centros de detención para los guerreros talibanes y de Al Qaeda en Guantánamo (Cuba), sirven de protección personal al presidente de Afganistán, Hamid Karzai, y juegan un rol central en la guerra contra las drogas en América Latina. En este sentido, nuestro país no es para nada extraño a ellos.

Hoy, firmas como Blackwater USA, se han constituido en emporios. Su base de entrenamiento, en Carolina del Sur, comprende un terreno de 1.000 hectáreas de bosques y sabanas donde se practican y enseñan las artes de guerra. Su tecnología es tan sofisticada que muchos soldados de E.U. son enviados allí para especializarse.

Preguntas de fondo

Su preponderancia en los conflictos modernos no está en duda. Son la base moral y práctica de su existencia lo que se cuestiona.

"¿No debería ser la guerra una función del gobierno? Por qué depender del sector privado para la defensa nacional", se pregunta Yeoman en el Times.

El mismo que responde: "Hay en parte una razón práctica. Desde el fin de al Guerra Fría el Ejército de E.U. se ha reducido de 2,1 millones al 1,4 que hay hoy. Los que respaldan esta 'privatización' de las fuerzas armadas alegan que no hay suficientes soldados para mantener una presencia robusta en el mundo. Y que al contratar a estas firmas para que reparen helicópteros, sirvan de escoltas o entren personal, se libera a los soldados regulares para que se dediquen de lleno a combatir al enemigo".

También hay razones económicas. A largo plazo, los costos de un contratista son inferiores a los que tendría que invertir el Estado formar soldados profesionales.

De acuerdo con Yeoman, aunque pragmatismo y economía son válidos, no muestran el fondo del asunto. "Al remplazar soldados por contratistas el Gobierno se evita las impopulares bajas militares". Y da como ejemplo la guerra contra las drogas. "Si de las plantaciones de coca estuviesen llegando cuerpos sin vida de soldados de E.U. el rechazo popular sería tremendo. En Colombia han muerto más de 20 contratistas desde 1998, pero sus muertes han pasado desapercibidas", afirma.

Esto -dice- resalta el principal problema que encierra la privatización de la guerra: "Hay mucho menos escrutinio frente al público y frente a las leyes internacionales que si se tratara de soldados regulares".

Sucedió en Faluya. Pese a las poderosas imágenes que llegaron de los cuerpos mutilados y colgando de un puente, el impacto no ha sido tan devastador. Por lo menos no comparable con lo que sucedió en Somalia la década pasada, cuando una situación semejante, que sí involucraba a 'marines', provocó en el acto el retiro de las tropas de E.U. en ese país.

Misiones en Colombia

Desde que se inició el Plan Colombia, hace cuatro años, hay por lo menos 400 contratistas de E.U. recorriendo calles y selvas del país. En funciones varias, que abarcan el entrenamiento de soldados y policías, el vuelo de las avionetas de fumigación o helicópteros Black Hawk donados al Ejército, o elaborando un sofisticado sistema de seguridad para proteger al presidente Álvaro Uribe Vélez.

Muchos en misiones peligrosas. Veinte han muerto en menos de un lustro y 3 permanecen secuestrados por las Farc, desde que el avión en el que viajaban se precipitó a tierra a comienzos del año pasado.

Ahora, el Gobierno de E.U. le ha pedido al Congreso elevar el número de contratistas permitido en Colombia. Si el Congreso lo aprueba, desde octubre de este año el número podía ascender a 600.