Poderes antes reservados exclusivamente a los reyes
Nat Hentoff
The Village Voice Traducido para Rebelión por Felisa Sastre
(Después de la Revolución Americana), no habrá ningún rey...la lealtad se prestará a la ley y no un hombre con una corona... Vamos a tener un gobierno basado en las leyes y no en los hombres"
Law in America, Lawrence M. Friedman.
"Elija su enmienda constitucional o derecho favoritos: su supervivencia durante la guerra contra el terrorismo no podrá salvaguardarse si esas detenciones indefinidas continúan", Thomas H. Moreland, presidente del Comité Federal de Tribunales de Justicia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, 6 de febrero de 2004.
El titular de un despacho del Informativo de la BBC del 13 de febrero decía "Los presos de Guantánamo consiguen nuevos derechos", y aludía al Secretario de Defensa Donald Rumsfeld quien había anunciado que los cientos de presuntos terroristas talibán y de Al-Qaeda, encerrados en la base militar de Guantánamo en Cuba, tendrían desde ese momento un revisión anual encomendada a una comisión de tres personas quienes decidirán si deben ser puestos en libertad o no.
Se trataba del clásico titular manipulador de una historia que ocultaba todos los detalles significativos salvo uno: "El sr. Rumsfeld añadió que Estados Unidos preveía mantener a la mayoría de los detenidos en prisión 'durante el tiempo que fuera necesario'".
La portada del New York Times del 13 de febrero resultaba mucho más esclarecedora del sistema legal paralelo de Bush. La historia comenzaba: "Altos funcionarios del Departamento de Defensa declararon ayer que tienen el proyecto de mantener a una gran parte de los detenidos en Guantánamo durante muchos años, quizás de forma indefinida (Cursiva del autor).
Más aún, las decisiones de esta comisión de tres personas que elegirá Rumsfeld para decidir sobre el destino de los prisioneros se someterá, en último término, a la revisión definitiva del mismo Donald Rumsfeld , en nombre del rey George. Como ha declarado al Times Michael Ratner, presidente del Centro de Defensa de los Derechos Constitucionales con sede en Nueva York, y un importante abogado en la batalla para rescatar la Constitución de manos de los guerreros de Bush: " La idea de que se pueda teóricamente mantener prisionero para siempre a alguien en esas circunstancias es censurable... no tiene nada que ver con la ley tal como cualquiera debería entenderla, al menos desde la promulgación de la Carta Magna. ¿Cómo es posible saber sin un juicio que esas personas son siquiera peligrosas? Todo depende de la palabra de los militares".
Bien, algunos de esos prisioneros puede que consigan algo que pudiera denominarse un juicio ante un comisión militar pero, ¿qué clase de juicio? De eso se ocupa el informe que han elevado al Tribunal Supremo cinco abogados militares a quienes el Departamento de Defensa ha asignado la defensa de los detenidos llevados ante los tribunales en el caso de Fawzi Al Odah y otros. contra Estados Unidos.
Es la primera ocasión en la historia estadounidense en que juristas militares ponen en peligro sus carreras al efectuar declaraciones públicas como la que realizó el Mayor del Cuerpo de Marina, Michael Mori, quien en una conferencia de prensa del mes de enero afirmó: "La comisión militar no garantiza un juicio cabal y justo...los procedimientos del la comisión se han creado y se controlan por los que sólo tienen un interés exclusivo en las condenas (cursiva del autor).
Pero, incluso, si esas comisiones amañadas, llamadas también tribunales, dictaran sentencias personalizadas para cada prisionero, no estaría garantizado el que fueran liberados una vez que las hubieran cumplido. En el fondo del relato del New York Times del 13 de febrero, se encuentra este escalofriante reconocimiento de un alto funcionario de Defensa, quien afirmó que era posible que un condenado por un tribunal que hubiera cumplido una condena de cinco años no fuera puesta en libertad si se consideraba que continuaba siendo peligroso (cursiva del autor).
La autoridad para mantener a un acusado encarcelado de forma unilateral - previsiblemente durante el resto de su vida- acostumbraba a estar reservada exclusivamente a los reyes, quienes podían violar cualquier precepto del sistema legal del reino. Este poder monárquico- como puse de manifiesto al informar del encarcelamiento indefinido, sin acusaciones, de los ciudadanos estadounidenses Yaser Hamdi y José Padilla- Bush lo ha ampliado para incluir a los acusados de Guantánamo.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidirá, durante el actual periodo legislativo, si los prisioneros de Guantánamo tendrá derecho a recurrir a los tribunales civiles para enfrentarse al poder de Bush-Rumsfeld que los mantiene en un agujero negro legal. Un agujero tan insondable en la actualidad que, en el caso de que fueran declarados culpables por un tribunal militar, jamás serían puestos en libertad sin que importase qué clase de condenas se les hubiera aplicado.
Hay que tener presente que las normas que Rumsfeld y Bush han establecido para estos tribunales militares incluyen la negativa de ¡cualquier tipo de recurso de los acusados ante los tribunales civiles estadounidenses! Esta última instancia judicial se ha cerrado aunque- en contra de las declaraciones del Presidente y de su Procurador General, Theodore Olsen- estos procesos van a tener lugar en un territorio que, según el contrato de arrendamiento con Cuba, se encuentra bajo jurisdicción estadounidense en su totalidad.
El Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York- uno de los que gozan de mayor influencia en el país- ha publicado un informe de 153 páginas de excepcional valor el pasado 6 de febrero, con el título de "La detención indefinida de 'combatientes enemigos': Equilibrio entre el procedimiento a seguir y la Seguridad Nacional en el contexto de la guerra contra el terrorismo".
La mayoría del documento se refiere a la encarcelación indefinida de ciudadanos como Yaser Hamdi y José Padilla, pero las conclusiones del informe son extremadamente relevantes para los prisioneros de Guantánamo. Si podemos despojar a los ciudadanos no estadounidenses de los derechos básicos que se prevén en ese procedimiento, otros países podrán alegar el precedente cuando encarcelen a "combatientes enemigos", y la pretendida preocupación de la Administración Bush por la implantación de la semilla de la democracia en otros países quedará en ridículo. El informe del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York concluye: " Tendría que haber otras causas además de la brutalidad monstruosa de un puñado de terroristas para que abandonáramos nuestros valores constitucionales fundamentales. En Estados Unidos podemos combatir el terrorismo de forma efectiva sin desechar los principios básicos que constituyen la esencia del imperio de la ley en los que se sustenta nuestro sistema de gobierno. La insistencia en el respeto a la ley no debilita nuestra seguridad nacional. Es el abandono del imperio de la ley el que amenaza nuestra identidad nacional (cursiva del autor).
No he visto en los medios de comunicación ninguna referencia a este informe del Colegio de Abogados pero confío en que los juristas del Tribunal Supremo lo lean- y lo recuerden. "La ley- dijo Thomas Jefferson- con frecuencia se hace según los deseos del tirano y siempre para violar los derechos del individuo".
27 de febrero de 2004
http://www.villagevoice.com/issues/0409/hentoff.php
