Marjorie Cohn
CounterPunch. Traducido para Rebelión por Germán Leyens

Una vez más, los ojos del mundo se concentran en un brutal y devastador ataque terrorista contra civiles inocentes, esta vez en España. Pero en lugar de exigir leyes antiterroristas más duras, los españoles votaron el domingo por la salida del gobierno de centro-derecha que apoyó la guerra de Irak. El pueblo español, que se había opuesto en su abrumadora mayoría a la guerra, fue evidentemente influenciado por la declaración de Al Qaeda de que el ataque fue "una reacción ante su colaboración con los criminales Bush y sus aliados".

Al aproximarse las elecciones nacionales españolas la semana pasada, el gobierno de centro- derecha había tratado de acusar por el sanguinario ataque a los trenes al movimiento separatista vasco ETA, en la esperanza de que el pueblo reaccionaría votando por el actual gobierno. Pero cuando la evidencia apuntó a Al Qaeda, el pueblo español derribó al antiguo gobierno, y lo reemplazó por los socialistas.

El domingo, el New York Times analizó la disposición de España de sumarse a la guerra contra el terror de George W. Bush: "España, como Gran Bretaña, se sumó al enfoque de EE.UU., sobre todo para colocar su lucha contra ETA en el contexto de una guerra global contra el terrorismo". El próximo primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero lo reconoce: "Este [antiguo] gobierno", declaró a periodistas, "ya no sirve a los españoles, sólo sirve los intereses de Bush".

España fue uno de los pocos países europeos que estuvieron junto a Bush en su guerra contra Irak. Después del 11 de septiembre de 2001, bajo el manto de la "guerra contra el terror", la administración Bush había lanzado una guerra contra las libertades cívicas. Aunque fue incapaz de convencer a la mayoría de los países europeos de que participaran en su guerra en Irak, Washington presionó con éxito a la Unión Europea para que impusiera una ley marco sobre el terrorismo que recuerda la legislación represiva antiterrorista en Estados Unidos.

A fines de febrero, participé en un coloquio en Bruselas sobre la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos fundamentales. Invitada por la Red de Abogados Progresistas de Bélgica, me encargaron que explicara las leyes antiterroristas posteriores al 11 de septiembre en Estados Unidos a una gran reunión de abogados europeos.

Tres días antes del coloquio, el Secretario de Educación de Estados Unidos, Roderick R. Paige, calificó al mayor sindicato del magisterio de EE.UU. de "organización terrorista". Esta caracterización alarmó a los abogados en el coloquio, que temen que sus propias leyes antiterroristas sean utilizadas para reprimir las luchas laborales.

Mientras abogados y profesores de derecho de país tras país se levantaban para hablar sobre sus leyes antiterrorismo, sentí como un ominoso deja-vu. La geografía era diferente, pero los temas familiares: leyes vagas que criminalizan el disenso, autorizan la detención preventiva y borran la separación de los poderes.

Numerosas nuevas leyes contra el terrorismo en Europa, como en Estados Unidos, estaban siendo preparadas desde antes del 11 de septiembre. La ley de 342 páginas "Ley para unir y fortalecer EE.UU. asegurando instrumentos adecuados requeridos para interceptar y obstruir el terrorismo" [Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act], o sea la Ley Patriota [USA Patriot Act], aprobada apresuradamente por el Congreso un mes después del 11 de septiembre, contiene disposiciones detalladas que tienen que haber exigido una redacción prolongada. De la misma manera, mis colegas europeos explicaron que sus gobiernos, buscando formas de criminalizar la actividad sindical durante los años 90, aprovecharon los ataques del 11 de septiembre para aprobar leyes que facilitaban los ataques contra el sindicalismo.

En junio de 2002, la Unión Europeo aprobó una decisión marco sobre el combate contra el terrorismo. Estableció una definición conjunta de "terrorismo" que se espera será incluida por los estados miembro en sus legislaciones nacionales. Esta definición es tan amplia que prohíbe numerosos movimientos sociales, políticos y sindicales. Dice que cometer o amenazar con (a) causar amplios daños a una instalación gubernamental o pública, sistema de transportes, instalaciones de infraestructura, o propiedad privada, que pueda resultar en una importante pérdida económica, que pueda dañar a una organización gubernamental o internacional, constituye una ofensa terrorista si es cometida con la intención de (a) forzar a una organización a realizar o a abstenerse de algún acto, o (b) desestabilizar seriamente o destruir las estructuras política, constitucional, económica o social de un país o de una organización internacional. Una huelga general o una gran manifestación contra la Organización Mundial de Comercio, en la que se dañe propiedad y que cause considerables gastos para movilizar una fuerza policial, podría ser castigada como terrorismo bajo esta definición.

La decisión marco contiene una cláusula que apunta a la protección de las libertades cívicas: "Nada en esta Decisión Marco puede ser interpretado como el propósito de reducir o restringir los derechos o las libertades fundamentales tales como el derecho de huelga, libertad de reunión, de asociación o de expresión, incluyendo el derecho de todos a formar y a unirse con otros en sindicatos para proteger sus intereses y el derecho relacionado de manifestar". Pero los abogados europeos en el coloquio pensaban que este descargo de responsabilidad sólo es una declaración de los dientes para afuera sobre la protección de los derechos cívicos básicos. Señalaron que los ocupantes nazis aplicaron la palabra "terrorista" a los prisioneros políticos internados en el campo de concentración Breendonk cerca de Bruselas, y que Nelson Mandela fue calificado de terrorista antes de ser liberado de la prisión y elegido presidente de Sudáfrica recién liberada.

Seis estados miembro de la Unión Europea han aprobado legislación específica para cumplir con la decisión marco. Todas consideran la desestabilización del poder político o económico como un elemento del crimen terrorista. Otros estados miembro están utilizando sus leyes existentes sobre la conspiración criminal para castigar no sólo la participación en actos terroristas, sino también si se es simplemente miembro de organizaciones prohibidas.

En diciembre de 2003, el Parlamento belga aprobó una ley contra el terrorismo para cumplir con la decisión marco. Según sus disposiciones, si alguien pinta graffiti en un entorno urbano puede ser considerado terrorista si el fiscal público y el juez deciden que la destrucción de propiedad fue emprendida con el propósito de "desestabilizar o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país" y causaron "considerable daño económico".

El Reino Unido aprobó la Ley de seguridad 2001 contra el terrorismo y el crimen después de los atentados del 11 de septiembre. Una persona puede ser detenida indefinidamente si el Secretario del Interior presenta un certificado de que posee a) sospechas razonables de que la persona es un terrorista. El "terrorismo" en el Reino Unido incluye el uso o la amenaza, de acción "destinada a influenciar a un gobierno o a intimidar al público o a una sección del público", que involucre seria violencia contra cualquier persona o serio daño a propiedad, pone en peligro la vida de alguna persona, o "cause un serio riesgo para la salud o la seguridad del público, o que planee seriamente interferir con o perturbar seriamente un sistema electrónico".

Los profesores de derecho del Reino Unido consideraron que esta definición es tan amplia, que es impracticable, y que desdibuja la línea entre grupos de protesta y terroristas.

En Italia, la ley antiterrorista prevé entre cinco y diez años de cárcel por simple participación en organizaciones que "apuntan a cometer acciones violentas con propósitos subversivos contra el orden democrático". Un abogado italiano se quejó de que la disposición no define el "propósito subversivo" ni delinea qué nivel de participación se requiere para cometer un delito según este estatuto. Dijo que la ley italiana evoca el código fascista sobre el terrorismo. De la misma manera, algunos señalaron que la definición española de terrorismo es la misma que estuvo en efecto durante el régimen de Franco.

Doscientos abogados, jueces y juristas europeos firmaron una declaración quejándose de que la decisión marco europea amenaza los derechos democráticos. El año pasado, miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el "uso amplio de la palabra terrorismo" y el "creciente ataque contra los derechos humanos" en la lucha contra el terrorismo.

Los abogados en el coloquio señalaron que en Alemania, Bélgica y en el Reino Unido, el poder ejecutivo ha aprobado leyes antiterroristas, que ponen todo el poder en manos del ejecutivo, desdibujando la separación de los poderes.

Muchos expresaron también su preocupación ante la ausencia de garantías de que la privacidad de las bases de datos compartidos por los países europeos con Estados Unidos sería protegida. Un abogado británico señaló que el suministro de artefactos avanzados de seguridad será bastante lucrativo; lo llamó el "complejo seguridad-industrial".

Algunos subrayaron que mientras la Unión Europea define el terrorismo como un crimen, Estados Unidos ve el terrorismo como un acto de guerra. El terrorismo de estado internacional, o el cambio de régimen (como la guerra de Estados Unidos en Irak, sin embargo, es convenientemente excluido de las definiciones de terrorismo.

La mayoría de la gente en Europa se opuso a la guerra contra Irak, y no considera una guerra contra las libertades cívicas como un antídoto eficaz ante el terrorismo. David, un joven español, declaró al New York Times por qué cambió su voto a favor de los socialistas. "Tal vez los socialistas saquen nuestros soldados de Irak, y Al Qaeda se olvidará de España, de manera que tendremos menos miedo".

Durante la campaña electoral, Zapatero prometió que cambiaría la política del gobierno hacia ETA, diciendo: "Tenemos que difundir la idea de que España puede ser más democrática y que puede comprender las necesidades del país vasco". Comprende que mientras la pobreza, la represión y el imperialismo constituyan la norma, el terrorismo será la aterradora respuesta.