Amarela Varela / Fidel Pérez
Masiosare

Una cuarta parte de los muertos y muchos de los heridos de los atentados terroristas en España eran inmigrantes de Europa del Este y latinoamericanos. Para los sobrevivientes y sus familias la pesadilla no ha terminado: víctimas de los terroristas y de las leyes de inmigración, han recibido con recelo la oferta del gobierno de Aznar de dar la ciudadanía española a los muertos y sus familiares directos. "¿Por qué no le dieron los papeles a Michel cuando estaba vivo?", pregunta Esperanza, una colombiana sin papeles que perdió a su amigo cubano.

Llevaba 24 días en España. Había venido de Perú con otros tres hermanos en busca de trabajo. Carlos Marino Fernández Avila murió en los "vagones del terror" en Madrid el jueves 11 de marzo.

El Periódico de Cataluña informa que este peruano dejó a su esposa y a su hijo desamparados. También habla de Nilda, una ecuatoriana que iba rumbo al trabajo y quedó gravemente herida en la frente, además de extraviar a su hija de tres años, que horas más tarde volvería a ver ya hospitalizada.

En Lavapiés, el barrio madrileño más densamente poblado por inmigrantes de todos los continentes, dos familias ecuatorianas más lloran las muertes de sus hijos.

En los atentados, cinco ecuatorianos murieron y hay un número incalculado de heridos de esa nacionalidad. Ecuador, el país latinoamericano que más víctimas registró, es también de donde proviene la mayoría de los inmigrantes, regularizados o no, que han decidido establecerse en España.

La repatriación de los cuerpos será lenta. Los familiares tendrán que obtener visados especiales para "ir a recogerlos" y hacer el trayecto hasta España.

"Se llamaba Michel Salgado, tenía 27 años, era un chico del barrio de Lavapiés. Este cubano llegó a España sin papeles, como la mayoría de nosotros. Comenzó trabajando de cocinero, luego como albañil. Trabajaba en una obra fuera de la ciudad, por eso iba en uno de los vagones que estalló el jueves 11. Michel estaba solo, hace tres años que no veía a nadie de su familia y la única persona que ahora puede acceder a reclamar su cuerpo es su hermana que vive en Miami".

Entrevistada por Masiosare, Esperanza, amiga de Michel, ofrece con su relato otro ejemplo de las consecuencias que entre los inmigrantes dejara el 11-M.

Esperanza y su hija Aída, de 18 años, colombianas que viven en Lavapiés, están de luto, como todo su barrio.

"Hace dos años que nos conocimos. Desde entonces, Michel esperaba que Extranjería (la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, del Ministerio del Interior) le aceptara los papeles para regularizarse, quería traerse a la familia. Nos enteramos de su muerte por casualidad, alguien que estaba en la morgue lo reconoció y avisó a mi hija Aída, porque sabía que trabajaban juntos impartiendo clases de salsa. Aída se cansó de llamarle por teléfono, se negaba a aceptar que estaba muerto, pero al final fue ella quien reconoció el cadáver".

Días después se supo que la aerolínea española Iberia pagó los gastos de la repatriación del cuerpo, un compromiso que Iberia ofreció a todas las familias de víctimas extranjeras.

"Si hubiera ido en ese tren, ahora tendría papeles"

"Me parece vergonzoso que en el futuro alguien tenga que decir que tiene papeles, que tiene una nacionalidad, porque en el atentado se murió su padre, su hermano o su tío. Yo estoy viviendo en negro en este país desde hace tres años y tendría que morirse alguien de mi familia para que yo pudiera conseguir papeles", expresó Marta, una colombiana que asistió a la manifestación contra el terrorismo en Barcelona al día siguiente de los atentados.

"¿Tenemos que morir para conseguir papeles?", decía la pancarta que sostenía Marta con las dos manos en alto. Y es que tras los atentados terroristas, el presidente del gobierno español, José María Aznar, anunció que se concederá la nacionalidad española por "carta de naturaleza a las víctimas y los familiares directos de esas personas de otras nacionalidades".

Protestas en Madrid el pasado 12 de marzo

Los datos del Ministerio del Interior hablan de alrededor de 50 extranjeros, de 13 nacionalidades distintas, que perecieron en los trenes o en los hospitales. Pero la cifra de inmigrantes afectados no termina ahí. Tan sólo en el hospital Gregorio Marañón, la televisión catalana calculaba que 30% de los pacientes era extranjero, en su mayoría polacos y rumanos.

La comunidad rumana es la segunda más afectada, después de los españoles, con 11 fallecidos en los trenes, siete desaparecidos y 85 heridos, según indicó hace unos días la embajada de ese país en España.

No obstante, las cifras no reflejan a los muchos heridos que, por su calidad de "sin papeles", no acudieron a los sanatorios por miedo a ser deportados, aún después del anuncio de Aznar.

Como Marta, cerca de un millón y medio de trabajadores inmigrantes esperan en España la oportunidad de obtener un permiso de residencia y trabajo que les otorgue plenitud de derechos.

El marco legal vigente deja un margen muy estrecho para su regularización. Por ello, la mayoría de los colectivos de migrantes reaccionaron con indignación a las declaraciones de José María Aznar. "El gobierno, de manera un poco cínica, dice que se están nacionalizando a los extranjeros que hayan muerto en el atentado. Pero, ¿por qué no le dieron los papeles a Michel cuando estaba vivo?", pregunta Esperanza.

Para Dora Aguirre, de la organización ecuatoriana Riminahui, el anuncio de la naturalización es positivo "porque, entre tanto dolor, ofrece a las familias el consuelo de acceder a los derechos básicos". Sin embargo, acotó, "esta medida puede generar absurdos, por ejemplo, hubo un ecuatoriano que dijo, 'si hubiera ido en ese tren, ahora tendría papeles'. Es terrorífico escuchar esto. Pero habla de la desesperación de una persona indocumentada".

"Se trata de una hipocresía absoluta porque en este país tienes que morir para ser legal", dijo indignado Miguel González, secretario general de la Asociación de Inmigrantes de Ecuador Llaktakaru, que convocó a todos sus compatriotas residentes en España a que se sumen a las manifestaciones de repulsa y duelo ante el terrorismo: "Ocupemos ahora las calles con nuestras voces, tantas veces excluidas, contra la violencia ciega e irracional que nos golpea".

Para Mustafá Mrabet, presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, el tema de los papeles no es ahora prioritario. "Muchos ni siquiera han prestado atención al ofrecimiento. Han perdido a un familiar y por lo tanto les tiene sin cuidado el tema, lo prioritario es hacer el duelo y resolver los trámites de repatriación".

Angel Bosque, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT), dice que las vidas humanas no tienen nacionalidad, y le parece una aberración que sea el Partido Popular (PP), el responsable del endurecimiento de las leyes de extranjería, el mismo que anuncie esta medida extraordinaria. Lo que quieren, consideró, "es cubrirse la cara y eso nos da mayor rabia".

"Esto confirma la doble responsabilidad del PP en los crímenes: fue el que metió a España en la guerra y el que precarizó las condiciones laborales de los trabajadores, españoles o no, y les sometió a una bolsa de terror al convertirlos en trabajadores anónimos, sin derechos, a pesar de que los sin papeles son los pilares de la economía española".

Y en ese sentido dijo, que los 70 cuerpos hasta el momento no identificados bien pueden ser inmigrantes que no contaban con ningún documento que los acredite como existentes: "Sin contrato, sin papeles, sin familiares, ¿cómo reconocerlos?"

Al margen del debate, la Oficina de Atención a Víctimas, creada por el Ministerio del Interior, informó que hasta el martes 16 de marzo más de 740 personas se habían interesado en el posible beneficio.

Hasta esa fecha se habían abierto 276 expedientes, de los que 104 son de solicitud de nacionalidad y 172 del permiso de residencia. La mayoría eran de cónyuges e hijos de las víctimas. La oferta del Ejecutivo español sólo incluye a los cónyuges, los hijos menores de 18 años y los hijos minusválidos que superen esa edad, o los ascendientes que dependían económicamente de la víctima.

Para los ecuatorianos, los rumanos, los polacos, los marroquíes, los peruanos, los bisseau- guineanos, los cubanos, los chilenos, los paquistaníes, los hondureños y los colombianos, los cuerpos de sus hijos, esposos, hermanos y demás víctimas les valdrán la nacionalidad y la regularización en tierras españolas. También las víctimas, o sus restos, tendrán esta distinción.

"Nuestros muertos, vuestras guerras"

La madrugada del 13 de marzo, miles de manifestantes salieron a la calle para reclamar al gobierno del Partido Popular información veraz sobre los responsables de los atentados. Apostados frente a las sedes del PP en diversas capitales españolas, nativos y migrantes reclamaban "la verdad".

Pero esto no resuelve la duda que inunda los barrios pobres del sureste madrileño, donde vivía la mayoría de las víctimas. ¿Por qué matar a los más desprotegidos?

El corredor ferroviario en el que ocurrieron los atentados comunicaba localidades habitadas principalmente por trabajadores, inmigrantes y estudiantes con el núcleo central de la ciudad de Madrid. Torrejón, Coslada, San Fernando y Alcalá de Henares son algunas de las poblaciones en donde residen las 250 mil personas que diariamente toman esa línea del tren. Son obreros, trabajadores manuales, administrativos y estudiantes que se instalaron en ese cinturón urbano debido a los altos precios de la vivienda en las zonas centrales de Madrid.

En este sentido, Angel Bosque, de la CGT, resaltó la nula noción que los terroristas tienen sobre el país que atacaron, porque "aquí todos sabemos que quienes viajan en los trenes son gente trabajadora, además de que a esas horas quienes viajan son los más precarios, gente con contratos basura o inmigrantes sin contratos".

¿Por qué elegirlos como blanco?

En el primer comunicado que Al Qaeda difundiera la noche del jueves 11, los supuestos autores afirmaron: "No nos entristecemos por la muerte de civiles".

Una pinta junto a la mesa electoral de uno de los barrios de Alcalá de Henares dice: "Aznar, te dijimos que no a la guerra, nos la has traído a casa".

Esperanza, la colombiana que perdiera a Michel, remata: "En abril de 2003, como la mayoría de los españoles, los inmigrantes salimos a la calle para decir 'no a la guerra'. Aznar no hizo caso, y aunque nosotros nunca quisimos esta guerra hoy somos quienes pagamos las consecuencias."

El domingo 14 de marzo, los casi 2 millones 700 mil extranjeros que viven en España, con o sin papales, no pudieron emitir un voto de castigo a la política de José María Aznar, pero sí lo hicieron los españoles y expulsaron del Ejecutivo, por la vía de las urnas, al Partido Popular.

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero, futuro jefe del Gobierno, anunciaba horas después de oficializada su victoria que entre las expectativas de su gobierno está el proponer "un pacto de Estado por la migración con inclusión de los gobiernos central y autónomos, los ayuntamientos, la patronal y los sindicatos para que los flujos de inmigrantes sean ordenados y queden regulados los derechos y los deberes de los inmigrantes". Y adelantó que cambiará parte de la actual Ley de Extranjería.

"Nunca habiamos hablado tanto con los madrileños"

Dora Aguirre es la presidenta de la organización de migrantes ecuatorianos Riminahui, una asociación que se percató del atentado cuando éste sucedía, porque sus oficinas están al lado de la estación Atocha. La asociación trabaja desde el jueves 11 de marzo ofreciendo apoyo psicológico y jurídico a los heridos y familiares de los cinco ecuatorianos muertos por las bombas y un número incalculable de heridos.

Entrevistada telefónicamente, Aguirre asegura: "Para nosotros este atentado es doblemente duro porque estamos fuera de casa, lejos de nuestros seres queridos".

Se calcula que en España viven más de 300 mil ecuatorianos y son por ello la comunidad de migrantes mayoritaria en España, incluso por encima de la comunidad magrebí.

Aguirre explica que para los ecuatorianos en Madrid "no hay mecanismos de contención emocional ni económicos. A través de sus familias sabemos que hay cinco heridos, pero los hospitales no nos dejan acceder a los datos porque no somos ni familiares ni tenemos autorización legal. Por eso pedimos al consulado ecuatoriano que nos conceda credenciales que nos permitan acceder a información tanto en los hospitales como en las morgues".

Aunque trabajan con las ONG ecuatorianas Casa Ecuador y Eugenia Espejo, Aguirre reconoció que les es muy difícil acceder a la información de víctimas de otras comunidades de migrantes porque "no hay coordinación entre nosotros".

Además, aseguró, "en Madrid hay una psicosis colectiva. Hay miedo, aunque no xenofobia; es más, hay solidaridad de parte de los madrileños. Muchos ecuatorianos dicen que es la primera vez que hablan tanto con madrileños".