El Estado español debería haber rendido cuentas por los asesinatos de Vitoria
Un crimen de Estado con 28 años de impunidad
Javier Ruiz
Rebelión
El 3 de marzo de 1976 la Policía Armada ("los grises"), rodearon, acosaron, gasearon, asaltaron la parroquia católica de San Francisco en Gasteiz, donde varios miles de personas asalariadas en huelga iban a comenzar otra asamblea. Después dispararon con fuego real - fusilaron- a la gente que salía medio asfixiada de la iglesia.
Ese mismo día desde la mañana "los grises" y otros efectivos policiales habían demostrado que tenían planeado algo diferente que en otras ocasiones, pues estaban actuando con más fuerza y saña e incluso se comentaba que ya habían empleado fuego real.
Las gentes honestas y de paz que estábamos dentro y fuera del recinto religioso y que tan sólo pretendíamos llevar a cabo una asamblea, fuimos protagonistas y testigos de lo que la misma Policía Armada calificó en sus mensajes de radio como "la mayor paliza de la historia".
Les sobraba razón a quienes se vanagloriaban de haber contribuido al asesinato de cinco obreros, más de cien personas heridas de bala y muchas más heridas por porrazos, patadas, puñetazos, gases, culatazos y todo tipo de forma cruel de hacer daño para aterrorizar.
Pero "los grises" no pudieron hacer este crimen por su cuenta. En esos momentos, una acción de ese calibre tenía que estar diseñada, amparada, planificada y cubierta por todas las fuerzas que componían los poderes de hecho.
La movilización obrera que se había generado en Gasteiz no era una excepción ni en Euskal Herria ni en otros lugares de la península Ibérica (recordar incluso la mobida en Portugal). Había mucha rabia contenida, mucha miseria, muchos abusos, y se estaba comenzando a responder.
La movilización obrera de Gasteiz tenía unas características propias en las formas de autoorganización, de coordinación, de extensión de la lucha y además conjugaba las reivindicaciones sociales, con las económicas y la defensa de las libertades básicas.
En frente un recién estrenado período que denominábamos de transición -de la dictadura a la democracia- y que el tiempo nos ha demostrado que fue puro paripé y entelequia. A la cabeza del nuevo orden un recién estrenado Juan Carlos de Borbón como Jefe del Estado Español, un gobierno de camaleones franquistas y una denominada "oposición democrática" más preocupada en sus legalizaciones, en sus propios trozos de poder y en el control de las muchas movilizaciones obreras y populares que se multiplicaban ante las grandes expectativas de cambios socio-políticos.
En Gasteiz el bloque de los poderes fácticos era compacto. Gobierno, militares, judicatura, jerarquía de la iglesia católica, patronal, con la inestimable pasividad de algunos partidos aún ilegales pero de "talante responsable", y estaba fuerte.
La combinación de todas estas circunstancias derivó en la decisión de llevar a cabo aquella masacre para dar un escarmiento -aterrorizar sería el término exacto- al populacho que se les estaba subiendo a las barbas. Una decisión de Estado respaldada por todos los poderes locales implicados.
Una prueba irrefutable de la alevosía y premeditación de aquella acción terrorista del Estado es el informe policial que redactaron ese día y cuya tesis han defendido los sucesivos ministerios españoles de Interior (incluido los de la era PSOE) y que entre otras cosas dice:
Para las 17.00 horas del mismo día, y en la Iglesia San Francisco de Asís, estaba convocada una asamblea general de obreros parados, la que, pese a estar prohibida por orden gubernativa, estuvo a punto de celebrarse, habiéndose concentrado en el interior del templo unas 4.000 o 5.000 personas, y un número similar por las calles Reyes Católicos, Fermín Lasuen y Reyes de Navarra.
En ese estado la situación el Gobernador Civil de la Provincia procedió a expedir la correspondiente orden de desalojo, por razones de urgencia, por lo que las Fuerzas de Orden Público procedieron a invitar al desalojo de la iglesia, pero viéndose insultados y abucheados por una multitud agresiva, hicieron uso de los medios antidisturbio de que disponían, momento en que los manifestantes, entre 8.000 y 10.000 personas, se abalanzaron sobre ellos portando toda clase de objetos contundentes, incluso cuchillos y cristales de la propia iglesia envueltos en pañuelos a modo de de arma blanca, por lo que la Fuerza actuante se vio desbordada y para defender sus propias vidas, hicieron uso de sus armas reglamentarias, a consecuencia de lo cual resultaron muertos Pedro María MARTINEZ OCIO, Francisco AZNAR CLEMENTE y Romualdo BARROSO CHAPARRO y diversas personas heridas de mayor o menor consideración.
Evidentemente faltan en ese informe policial del día 3 los nombres de los muertos Santiago José CASTILLO que falleció el día 7 y de Bienvenido PEREDA que falleció aún más tarde. Pero ese informe policial es el nudo gordiano de la impunidad de aquel crimen perpetrado por el Estado.
No es de extrañar que hoy se permitan cerrar periódicos y radios, torturar y maltratar a sus currelas y archivar las denuncias, ilegalizar partidos y colectivos populares, si desde entonces se ha perpetuado semejante mentira sustentada frente a cientos y cientos de personas que presenciamos la acción terrorista del Estado.
La impunidad de los crímenes del 3 de marzo de 1976 es la misma que la de muchos otros crímenes cometidos por el Estado antes y después de esa fecha. Pero lo más espeluznante de todos los cometidos después de 1976 es que nadie de la estructura institucional -desde el Jefe del Estado hasta el último policía que ejecuta la acción- ha rendido la menor cuenta de esas acciones que sirvieron y sirven para amedrentar, para aterrorizar, para paralizarnos a quienes pretendemos defender lo que creemos justo y que además hemos de aguantar sus peroratas teóricas sobre paz, democracia y ética.
* Javier Ruiz (asalariado de Forjas Alavesas en 1976)
