Armando g. Tejeda c
orresponsal La Jornada

España permite con frecuencia que las torturas cometidas por la policía contra inmigrantes indocumentados y sospechosos de pertenecer a ETA queden sin castigo y no concede las indemnizaciones adecuadas a las víctimas, denunció Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado este viernes.
El documento España, acabar con la doble injusticia. Víctimas de tortura y malos tratos sin reparación analiza 450 sentencias dictadas entre 1980 y 2004 por tribunales españoles, y de éstas se examinaron con detenimiento 95 en las que "se probó la comisión de tortura o malos tratos".
Asimismo, AI señaló que los sucesivos gobiernos españoles han negado la comisión de torturas por las fuerzas de seguridad y la impunidad que parece amparar a los funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos.
Del informe de AI se desprende una conclusión "preocupante": a pesar de que se probó la práctica de la tortura y de que se dictaron las respectivas condenas, "en la mayoría de ellas los responsables fueron finalmente absueltos por prescripción del delito, porque no se identificó a los culpables directos o gracias "a la absolución judicial de los responsables indirectos".
Necesaria, reforma legislativa La organización de defensa de los derechos humanos recomendó reformar la legislación en materia antiterrorista, ya que la mayoría de los casos de torturas y malos tratos se perpetraron durante el periodo de incomunicación permitido por esta ley (hasta 12 días sin derecho a un abogado o a una llamada telefónica).
AI explicó los diversos "factores" que obstaculizan el amparo de la justicia para las víctimas: "La negación de los sucesivos gobiernos de casos de tortura, la duración de los procesos, los indultos, la falta de criterios para valorar las indemnizaciones por delitos de torturas y malos tratos, la subestimación de daños ocasionados por la tortura y la falta absoluta de ayudas gubernamentales".
Los principales escollos para erradicar la práctica de la tortura en las comisarías españolas es la tardanza de los procesos judiciales y la pasividad de los sucesivos gobiernos centrales para adoptar una política enérgica contra este tipo de violaciones, señala el informe.
La mayoría de las víctimas de la amplia muestra de sentencias analizadas por AI "tuvieron que esperar más de siete años desde el momento en que ocurrieron los hechos para acceder a una indemnización", aseguró Esteban Beltrán, director de AI en España.
Hay un dato que confirma de forma nítida la escasa relevancia que otorgan los estatutos judiciales a la práctica de la tortura: más de 40 por ciento de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo fueron emitidas entre cinco y 10 años después de la denuncia; 27 por ciento entre 10 y 15 años; y 16 por ciento entre 15 y 20 años. Esto significa que de cada cien denuncias por torturas, únicamente una y media fueron resueltas en menos de un lustro.
La tardanza de los juzgados en este tipo de procesos provoca, según AI, que los condenados por delitos tan graves sean indultados en virtud de la prescripción de las acusaciones y, por tanto, permanezcan en sus puestos sin ningún tipo de sanción penal o administrativa. Incluso se ha "premiado" o "indultado" a policías "reincidentes".
Pese a los daños sicológicos infligidos por las torturas, AI indicó que los tribunales españoles establecen las indemnizaciones para estos casos de acuerdo con lo estipulado en la ley que rige para las víctimas de accidentes automovilísticos. En un tercio de los casos, aproximadamente, las víctimas recibieron menos de 600 euros (780 dólares), cantidad insuficiente para compensar los costos del tratamiento médico y de la terapia sicológica.
A pesar de que, según AI, la tortura "no es sistemática en España", la mayoría de las denuncias que se reciben son "creíbles" y "frecuentes", sobre todo en asuntos relativos a la lucha contra el terrorismo, pero también en casos con "componente racista contra ciudadanos extranjeros", la mayoría inmigrantes de América Latina y del Magreb, esgrimiendo el mismo argumento: que los denunciantes sólo pretenden "minar la credibilidad de las autoridades", sobre todo en el caso de los acusados de delitos de terrorismo.
"Muchos de los inmigrantes tienen temor a denunciar porque son indocumentados y en el momento de la agresión suele ocurrir también en el momento de pedir papeles", afirmó Beltrán.
Un ejemplo es el de la peruana Miriam Rosa Verástegui, inmigrante legal, que fue detenida y violada en 1998 durante su arresto, sin atreverse a denunciar porque "no quiero escándalos. Mis hijas (que estaban en Perú) tienen que comer". Sólo la insistencia de una agente española la animó finalmente a presentar denuncia, que se saldó con una sentencia condenatoria tras largos años.
AI incluyó 23 recomendaciones dirigidas a Parlamento, gobierno, autoridades judiciales y cuerpos y fuerzas del Estado.
Entre las recomendaciones figuran la adopción de medidas legislativas especificas para garantizar a las víctimas una reparación completa, la revisión de la concesión de indultos en relación con los condenados por torturas y malos tratos y la ratificación a la mayor brevedad posible del Protocolo Adicional de la Convención contra la Tortura.
La ratificación de ese documento supondría que España acepte inspecciones en los lugares de detención sin previo aviso, explicó Fernando Mariño, presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, quien reconoció que es cierto que España se mueve en un "difícil equilibrio" por el problema del terrorismo, pero que no existe ninguna justificación a favor de la tortura.
A su juicio, el Estado español tiene en su mano reforzar la lucha contra la práctica de la tortura y esta cuestión debería ser de "alto valor político".
Para AI, la definición que hace de la tortura la legislación española sigue siendo más restrictiva que la de la Convención contra la Tortura, porque no incluye la discriminación como motivo de esa práctica.
Finalmente, la organización reconoció que muchas veces numerosos funcionarios se enfrentan a diario a situaciones peligrosas y en ocasiones demuestran gran valor y generosidad en el desempeño de sus tareas, y que las autoridades deben apoyarlos y transmitir el mensaje claro de que otros comportamientos no serán tolerados.