Victor Morales / F. J. García
A Luchar por el Socialismo

La Iglesia católica ha tomado algunas de las reformas legales anunciadas por el gobierno Zapatero para acusarlo de "anticlerical". Así, han denunciado la existencia de una supuesta hoja de ruta socialista para perseguir y atacar a la Iglesia, basándose en la prevista legalización de los matrimonios homosexuales, la anunciada reforma de la Ley del Divorcio, el permiso para la investigación con células madre, la conversión de la asignatura de religión en materia no evaluable en las escuelas o la aún muy lejana e incierta reforma de la ley del Aborto.

La Iglesia en campaña contra el Gobierno

La jerarquía eclesiástica trata de movilizar a sus bases contra al gobierno poniendo en pie una serie de campañas como la recogida de firmas contra la eutanasia o por el mantenimiento sin cambios de la asignatura de religión. Mientras, prodigan declaraciones como las del Obispo de Pamplona, en las que asegura que el Gobierno trata de crear una sociedad basada en el "nihilismo moral", o las del Cardenal Carlos Amigo, quien afirma que "el estado laico no debe ser perseguidor de la religión".

El gobierno pide calma a la Iglesia, mientras le promete que sus principales privilegios no se verán afectados. Así, Zapatero ha declarado que "la revisión global de los acuerdos con la Santa Sede no figura entre las prioridades del Gobierno. No figuró en el discurso de investidura. No figuró en el programa electoral". No piensan tocar ninguno de los privilegios fundamentales de la Iglesia católica.

Los privilegios económicos no se tocan

Ni siquiera piensan reconsiderar a corto plazo el sistema de financiación a través del IRPF que pactó Felipe González con la jerarquía católica y que hasta dirigentes del PSOE tachan de anticonstitucional. En 1987 Felipe González lo pactó como un acuerdo "transitorio", por el cual el Gobierno adelantaba cada mes una cantidad en previsión de lo que fuera a recaudar la Iglesia mediante el 0,52% de la cuota que marcaran los católicos en el IRPF. Al término de cada año, el dinero adelantado siempre ha sido muy superior al recaudado, sin que la Iglesia nunca haya devuelto ni un euro. Sin contar el fraude que representa que la mitad de los dineros de la casilla de "fines sociales" acaban en manos de organismos de la Iglesia como Cáritas o Manos Unidas.

El Secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, ha estimado que en la última década el Estado ha "regalado" a la Iglesia católica 240 millones de euros. En 2003 se otorgó a la Iglesia una cantidad de 140 millones, de los cuales sólo 105 fueron recaudados directamente a través del IRPF. El acuerdo de financiación vencía en 1990, pero ni González, ni Aznar ni Zapatero han mostrado ninguna prisa en poner fin a ese peculiar "sistema transitorio". El propio Álvaro Cuesta, que ha censurado públicamente a la jerarquía católica y que cuando el PSOE estaba en la oposición presentaba cada otoño una enmienda a los Presupuestos para que la Iglesia devolviera los dineros cobrados "en exceso", ha dejado de hacerlo este año. La enmienda servía mientras el PSOE estaba en la oposición pero, una vez en el Gobierno, ya no vale.

La Iglesia Católica en realidad está mantenida por el Estado

Pero en realidad, esos 140 millones que cobró la Iglesia vía IRPF sólo representan el 4% del total del dinero público que recibió, calculado en 3500 millones de euros (600.000 millones de las antiguas pesetas). Ahí se incluye el pago de los más de 33.000 profesores de religión (600 millones); las subvenciones a los centros católicos concertados (más de 2500 millones) y los fondos para la conservación del patrimonio de la Iglesia y para pagar a los capellanes del Ejército, cárceles y hospitales. A lo que hay que sumar la exención general de impuestos.

La Iglesia Católica en verdad es una institución mantenida por el Estado. No en vano la Constitución de 1978, que comienza su artículo 16.3 afirmando que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", declara inmediatamente después que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica". En verdad nos encontramos con un estado paraconfesional.

No habrá democracia en el Estado español sin acabar de raíz con estos privilegios. En la Constitución del 78 volvieron a aparecer unidos, como en el pasado, el Altar y el Trono. No se puede acabar con los privilegios del uno sin acabar con los del otro. La lucha por la separación radical entre Iglesia y Estado es inseparable de la lucha por una República laica, por acabar con las herencias del franquismo que nos dejó la Transición.

(*) A Luchar por el Socialismo es una publicación mensual del PRT-Izquierda Revolucionaria.