El Confidencial

La Duma o cámara baja del Parlamento ruso aprobó el pasado lunes la ratificación de Protocolo de Kioto para la reducción de gases contaminantes, un hecho que garantiza su aplicación y, a su vez, incrementa el nerviosismo insistente en el sector eléctrico español.

A falta de un mes para la elaboración definitiva del Plan Nacional de Asignación (PNA) a instalaciones de generación de electricidad, todo es confusión e incertidumbre en el sector: Industria no sabe cómo repartir de forma equitativa los derechos de emisión, algunas eléctricas amenazan con impugnar el PNA y, para más inri, empiezan a aparecer problemas en el suministro energético.

El departamento que dirige José Montilla está sumido en la incertidumbre y en la confusión. Las entrevistas que han mantenido con las distintas compañías durante este mes de octubre no han servido apenas para nada y, a pesar de que quieren ser justos en la asignación de los derechos, no saben cómo hacerlo. La explicación es muy sencilla: cada eléctrica utiliza criterios de medición distintos en su cuenta de resultados, lo que hace imposible elaborar un balance de producción térmica de aceptación general. Es decir, cada grupo habla un lenguaje distinto y el Ministerio no sabe cómo entenderse con todos ellos.

La situación es delicada, ya que algunas eléctricas no descartan impugnar el Plan Nacional de Asignación. "Iberdrola ya le está diciendo al Gobierno que, si no le da las horas que quiere, va a la quiebra industrial", dicen fuentes de toda solvencia. Por su parte, Endesa y Unión Fenosa, cuya actividad depende del carbón y con intereses contrapuestos a la eléctrica que dirige Ignacio Sánchez Galán, hacen hincapié en el agravio comparativo que están sufriendo en España con respecto a otros mercados como el francés.

El PNA francés establece que las centrales de carbón podrán aumentar sus emisiones un 8% respecto de las realizadas según su funcionamiento histórico reciente. Esto quiere decir que no sólo no necesitarán comprar derechos de emisión sino que podrán acudir al mercado a ofertar sus derechos excedentes y ganar así dinero. Por el contrario, el PNA español reducirá las emisiones a las centrales de carbón (se estima que el recorte será superior al 6% respecto de la media de emisiones históricas recientes), a pesar de que, según las eléctricas afectadas, la eficiencia medioambiental de las centrales españolas es superior a la francesa.

El dilema carbón sí, carbón no llega en un momento crítico. A pesar de ser uno de los medios de producción más contaminantes, buena parte del sector eléctrico piensa que, a día de hoy, con una crisis del petróleo galopante y un barril de crudo brent que ronda los 50 dólares, es imposible prescindir de él. Argumentos similares son esgrimidos para defender la utilización de la energía nuclear que, aunque apenas contamina y es barata, no goza de buena prensa.

"Antes de plantearse lo de Kioto, lo primero y más importante es garantizar el suministro energético. Esto que parece una obviedad no lo es tanto. La Asociación Internacional de la Energía ya ha advertido de que hay problemas de suministro. ¿Y qué está sucediendo? Que los Gobiernos se están dando cuenta de que el tan alabado proceso de liberalización que emprendieron en su día no es tan bueno y que, a lo mejor, es necesario intervenir este mercado", explican en el sector.

Al principio, eran muchos los que creían -incluso dentro del propio Ejecutivo español- que el Protocolo de Kioto iba a quedar en papel mojado, ya que, sin la rúbrica de EEUU y Rusia, este proceso para limitar la generación de gases contaminantes no tenía sentido. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin consiguió el pasado viernes que la Duma diera luz verde al citado protocolo. Su adhesión era requisito imprescindible. Kioto sólo se puede poner en marcha si ha sido ratificado por las naciones industrializadas responsables de, al menos, el 55% de las emisiones contaminantes. Sin Rusia, con una cuota del 17,4% de las emisiones, apenas se superaba el 40%.

Ahora, Kioto ya sí es una realidad. De esta forma, se pone en marcha un nuevo mercado global que tiene visos de crecer de forma exponencial en los próximos meses: el de la compra y venta de derechos de emisión. Así es como se puede entender, por ejemplo, el acuerdo al que llegaron el pasado verano las eléctricas Transalta (Canadá) y Tokyo Electric Power (Japón) con Agrosuper, una compañía líder en la producción de productos de cerdo. A Agrosuper, que tiene su sede en Chile -Kioto es más flexible con los países que están en vías de desarrollo- y que utiliza una nueva tecnología que elimina el metano generado por sus 100.000 cerdos, le sobran los derechos que les faltan a Transalta y a Tokyo Electric Power. Es la hora de ir de compras a Latinoamérica y los antiguos países del Este.