La educación es un derecho básico, pero la vigente Ley de Extranjería y la Ley de Calidad de la Educación cercenan este derecho al limitarlo a los niveles obligatorios a la población que no tiene tarjeta de residencia.

Esto supone, en la práctica, una penalización a los hijos a causa de la situación administrativa de sus padres, penalización que les excluye de la Educación Infantil, con probado efecto compensador, del Bachillerato y de los Ciclos Formativos profesionales. Esta situación favorece y acentúa la marginalidad de estas personas, no solo en cuanto a su derecho a la educación permanente, sino también en el acceso al trabajo y, en consecuencia, a una vivienda digna y a una mínima calidad de vida.

No podemos olvidar, que entre los fines de la educación, además de capacitar para el desarrollo de una profesión, están el pleno desarrollo de la personalidad, la formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, la adquisición de hábitos intelectuales, la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, la formación en el respeto a la pluralidad de culturas, la preparación para participar activamente en la vida social y cultural, y la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos, como nos recuerda el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En la Comunidad de Madrid viven actualmente alrededor de 150.000 inmigrantes no regularizados que se encuentran trabajando en el sector doméstico y en otros sectores de la economía sumergida, y a los que se les niega la posibilidad de regularizar su situación administrativa. Trabajan por tanto en situación de precariedad, marginación y explotación, sin ningún tipo de garantías laborales, ya que el gobierno del PP les niega los permisos de trabajo y residencia. Y al tiempo, impide a sus hijos continuar sus estudios y capacitarse para una profesión.

Si precisamente, a los jóvenes que se encuentran en situación familiar precaria, se les cortan todas las posibilidades de desarrollarse intelectual y profesionalmente, ¿cómo se les va a poder exigir después que busquen y encuentren un empleo para el que no se les deja capacitarse?

Es obvio que el propio gobierno del PP, con su política de extranjería excluyente, les empuja a la marginación y la frustración, y como en muchos otros temas, hace oídos sordos también a las recomendaciones europeas que nos hablan de educación permanente para todos. Pero no es de extrañar. No hay más que hacer una ligera lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para verificar su sistemático incumplimiento, empezando por el artículo 13: "Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado".

La Ley de Extranjería niega ese derecho universal, y la política que actualmente está poniendo en práctica el gobierno del PP, con expulsiones de menores inmigrantes no acompañados va aún más lejos, pues no solo vulnera los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, sino que contraviene el artículo 35 de la propia Ley de Extranjería y el artículo 62 del Reglamento, que otorga permiso de residencia a los menores no acompañados cuando lleven en España más de nueve meses. Hemos de exigir, por tanto, que se respeten los derechos de los menores no acompañados y que se respete el derecho a la educación de todos los menores, más allá de las etapas obligatorias. La Educación es un derecho. La Educación permanente para todos, también.