Negociar la pobreza
A partir de un préstamo del Banco Mundial de 425 millones de dólares, el Ministerio de Salud de la Nación impulsa un seguro de salud materno-infantil. Sin embargo, las pruebas piloto que comenzaron en las provincias de Jujuy y Misiones tuvieron como resultado una conocida experiencia: las prestaciones terminaron en clínicas y sanatorios. Y demostraron, una vez más, cómo el Estado termina subsidiando al sector privado.

por Silvia García

En el marco de la Emergencia Sanitaria decretada en marzo de 2002, el gobierno nacional, en manos en ese entonces de Eduardo Duhalde, dispuso entre otros puntos la creación del Seguro de Salud Materno-Infantil, con el que se pretendía dar "cobertura médico-asistencial y de prestaciones sociales en forma integral y universal para la mujer embarazada y los niños de hasta cinco años". Desde ese entonces, el ministro de Salud, Ginés González García, intenta dar forma a ese mandato.
Cuando el 25 de mayo del año pasado el presidente Néstor Kirchner formulaba su discurso de asunción, el tema no pasó inadvertido, y anunció con énfasis como una de las medidas más importantes de su flamante gobierno la creación de un "seguro para dar cobertura de salud a cinco millones de madres de bajos recursos". La promesa parecía cumplida cuando en octubre del año pasado el Banco Mundial aprobó el otorgamiento de un crédito por 750 millones de dólares, de los cuales la primera partida era de 425 millones de dólares, condicionada al cumplimiento de metas de planes sanitarios que ya se estaban ejecutando. En ese momento, el ministro de Salud aseguró que con este acuerdo "los programas obtienen un status que hace que sus fondos estén asegurados". El desembolso del préstamo, denominado de "reforma del sector de salud materno-infantil provincial", será en tres tramos y la devolución, en un plazo de 15 años con tres de gracia.
"La implementación eficaz de este proyecto reducirá la mortalidad infantil en casi un 35 por ciento en nueve de las provincias más pobres de la Argentina y hasta un 29 por ciento en el nivel nacional para 2011", sostuvo ni bien cerraron el acuerdo Axel van Trotsenburg, director del Banco Mundial para la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. El comunicado de prensa intentó enmarcar los "fines benéficos" del préstamo. Por el contrario, desató la polvareda en el Sector Salud.
Salud sectorizada
El nuevo objetivo en la mira de la cartera sanitaria tiene su base en la población más humilde. La idea es dar cobertura de salud a cinco millones de chicos de hasta los 6 años de edad y mujeres embarazadas. Se conformarán grupos de médicos generalistas, obstetras, pediatras, enfermeros, etcétera. Los profesionales deberán inscribirse y cada médico atenderá a 800 personas. Se les pagará por cápita y por resultado.
Aunque a primera vista el planteo resulta loable, su trasfondo indica lo opuesto. El famoso "Seguro" es considerado por muchos profesionales como un simple parche que pretende paliar la crítica situación del sector más vulnerable. No está pensado como una política de salud integral donde el destino de los fondos sea puesto claramente en los efectores públicos. Además, quiebra la premisa de acceso universal al sistema de salud, estableciendo diferencias entre los "asegurados" y los "no asegurados", por lo cual se garantiza la salud sólo para un grupo determinado de la población.
Hugo Godoy, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la provincia de Buenos Aires, remarcó que "es una política focalizada que desestructura aún más el sistema sanitario en nuestro país. Lo que no se tiene en cuenta es que aquí no alcanza con abordar programas dirigidos a determinados segmentos de la población, sino que tenemos una crisis del sistema socio-sanitario que abarca al conjunto".
Por su parte Jorge Yabkowski, de la CICOP, agregó: "Es focalizada porque todas las madres desnutridas posteriormente al embarazo o los chicos que cumplieron seis años están fuera del esquema".
El viejo truco
En el ámbito de la salud pública se vio con preocupación la posibilidad de que en realidad se esté ocultando un gran negocio, donde los fondos públicos se transfieren al sector privado. Primero, porque existe una resistencia a destinar los fondos a fortalecer los centros de salud y unidades sanitarias de los barrios y a los hospitales públicos en vez de crear un seguro sectorial. Segundo, porque más allá de que el ministro haga hincapié en la "Asistencia Primaria de la Salud" y en que "el eje asistencial será puesto en el Hospital Público", los anuncios indican que los prestadores del servicio serán tanto del sector público como del privado.
Ante esta premisa, Godoy subrayó que "se está metiendo al sector privado en un territorio donde antes no estaba, ya que los pobres no tienen capacidad de ir a una clínica. De esta manera se desplaza al sistema de salud público. Con el beneficio de que además tienen una población cautiva".
Yabkowski remarcó que este seguro "es un típico formato de política focal del Banco Mundial. Da créditos para instrumentar políticas de salud que tiendan a disminuir en parte los índices de salud más escandalosos. En general se orientan a determinados grupos de la población afectada y a partir de esto diseñan planes donde lo central en general es la intervención del sector privado o la instalación de asociaciones entre el sector público y el privado para su implementación. Por lo tanto, ese dinero tiene como condición que no vaya al sector público".
La deuda interna
El financiamiento no será sólo de los fondos del Banco Mundial, sino también de aportes federales. Además, resulta esencial para su funcionamiento la articulación con la cantidad de programas asistenciales de las provincias y municipios, muchos de los cuales serán unificados en este nuevo proyecto.
En la provincia de Buenos Aires, el ministerio de Salud ya afirmó que el personal que trabaja en becas y otro tipo de programas "precarizados" del Ministerio será transferido al seguro, es decir, pasará a ser contratado por el seguro. De esta manera perderían la condición de personal contratado del Estado y pasarían a ser trabajadores con contratos de locación de obra.
Si tenemos en cuenta que el 70 por ciento de los trabajadores que trabajan sobre todo en salas sanitarias y/o centros de salud están precarizados de alguna manera (a través de becas, Plan Jefes y Jefas, etc.), lejos de solucionar la situación laboral de los profesionales, la empeora. Paradójicamente, el 80 por ciento de los problemas de salud se resuelven en el primer nivel de atención.
De esta manera, se estaría incrementando el endeudamiento externo por programas parche que en definitiva no solucionan el problema de fondo. "El crédito externo se va a transferir a las provincias y las provincias van a reducir su propio presupuesto para pagarlo. Por otro lado, los créditos que vienen del Banco Mundial no solamente incrementan la deuda externa, sino que condicionan las políticas públicas, porque su asignación viene con pautas claramente establecidas. El Estado termina siendo el cajero: la plata que entra la pasa en el pago a los prestadores del seguro", remarcó el dirigente de ATE.
La obstinación en coordinar programas en vez de definir políticas integrales está visto con preocupación en el ámbito hospitalario. En este sentido, Yabcowski expresó que "con este seguro vamos a tener que pagar una deuda con sus correspondientes intereses, cuando tenemos dinero de sobra en el erario público que podría ir para planes universales. Como es un programa que depende pura y exclusivamente del financiamiento externo, toma a los chicos y a las mujeres embarazadas como rehenes de la deuda externa, lo cual atenta contra la independencia sanitaria".
"Derive, que igual paga el Estado"
Desde un principio, la implementación del proyecto tuvo como objetivo comenzar "en las provincias más castigadas por la desigualdad social, es decir, las nueve provincias que componen el norte argentino, en donde cuatro de cada cinco chicos son pobres", para luego extenderse a todo el territorio nacional. La prueba piloto tuvo como protagonistas primero a la provincia de Jujuy y después a Misiones. En ambos casos, las derivaciones hacia el sector privado preocupan.
En una entrevista publicada en este medio en noviembre de 2003, González García remarcaba que la base del programa "estará en la Atención Primaria de la Salud y el eje asistencial será el Hospital Público".
Sin embargo, nada de eso se cumplió.
El diseño del plan contempla la derivación al sector privado, con la agravante de que los que derivan trabajan en el sector público y privado en forma simultánea.
María Reina Ramírez, secretaria general de ATE-Misiones, ejemplificó: "El paciente llega al hospital, después te anotan y te derivan. Y en el privado es donde te llenan el formulario y son los que facturan. Nuestra preocupación es que se hace tanta mala propaganda del hospital público que la gente que no conoce va a optar por ir a una clínica o sanatorio privado. Lo peor es que el mismo personal que trabaja para el hospital, médicos, enfermeras, kinesiólogos, bioquímicos, está en el privado. Entonces ellos mismos hacen que se expulse del hospital público a la gente". Como conclusión, la dirigente misionera aseguró que "apuntan a destruir la salud pública. En nuestra provincia hay mil personas trabajando en negro, ad honorem, becarios, de todo. Hasta médicos. Y no es casual esta incapacidad para buscar una política pública integradora".
Recuadro 1
>>El dolor más profundo
Las tasas de mortalidad materna e infantil descendieron entre 1990 y 2001; la mortalidad materna se estabilizó desde 1994 en torno a las 4 muertes por cada 10.000 nacidos vivos. Los niños argentinos siguen muriendo por trastornos relacionados con la duración del embarazo, desnutrición, diarrea, dificultades respiratorias del recién nacido y malformaciones congénitas del corazón. En el año 2000, seis de cada 10 muertes de recién nacidos podrían haberse evitado con un buen control del embarazo, una atención adecuada del parto y diagnóstico y tratamiento precoz.
Por otro lado, se manifiestan importantes diferencias entre jurisdicciones y entre estratos de éstas. Así, la tasa en la Ciudad de Buenos Aires en el 2001 fue de 9,6 mientras que en Tucumán llegó a 24,5 y en Formosa a 28,9 defunciones por cada mil nacidos vivos.
En todas las provincias argentinas, por lo menos una de cada dos muertes de niños podría evitarse.