Buenos Aires. La crisis energética que vive la región, pone en debate la esencia de las políticas privatizadoras que fueron fundamento del modelo neoliberal, que prometían inversiones, crecimiento, y seriedad en el manejo de los recursos naturales. No se trata ahora sólo de buscar apresuradas salidas coyunturales, sino de plantear una audaz estrategia de recuperación de recursos, inversión, exploración de nuevas posibilidades, y nacionalización de los sectores estratégicos de la economía.

Los "parches" intentados desde el gobierno argentino -como la compra de gas a Bolivia, de electricidad a Brasil y de petróleo a Venezuela-, no resuelven los problemas estratégicos que supone el agotamiento de las reservas de hidrocarburos, que alcanzan como máximo para abastecer al país por diez años, y el hecho que una gran parte de la población argentina no está abastecida. (Vale señalar que tampoco se conoce el dato exacto de las reservas, ya que la información existente surge de una declaración jurada firmada por auditores amigos de las empresas productoras).

En este contexto, se activaron las contradicciones con Chile, a partir del anuncio del gobierno de Argentina de que se reducirán sus exportaciones de gas a ese país (pero también a Brasil y a Uruguay), y han surgido conflictos en la relación con Bolivia. La Central Obrera de Bolivia (COB) decidió realizar una serie de protestas y convocó a una huelga indefinida a partir del 2 de mayo en oposición a la venta de gas natural a Argentina que reportará, según los sindicalistas, 500 millones de dólares para Repsol/YPF y Petrobrás y menos de 25 millones de dólares al Estado boliviano. Esta movilización pone el debate en un punto neurálgico: el rol de las trasnacionales que controlan el petróleo, el gas, y los recursos naturales en la región.

En Argentina, la parte fundamental en la privatización del petróleo, se la llevaron Repsol y Techint. En 1999, Repsol amplió el 98% de su dominio accionario de la ex compañía estatal YPF. La empresa obtiene el 61% de su producción de pozos argentinos, de donde extrae cada día 460 mil barriles de petróleo y 49 millones de metros cúbicos de gas natural. Los dueños de Repsol son los bancos españoles La Caixa y el Bilbao Viscaya, y el 9.36% de las acciones pertenecen al fondo estadounidense Brandes. Señala el investigador Fabián Amico que "la captura de YPF por parte de Repsol, el último gran negocio de la era menemista, implicó una operación de más de 15 mil millones de dólares. El control abarca desde la producción y disponibilidad de petróleo, hasta la refinación y comercialización de combustibles. En todas esas áreas participa con más del 50 por ciento del mercado y hoy es el primer exportador del país con un monto superior a los 1.400 millones de dólares. También ocupa una posición dominante en la producción y distribución de gas natural, en la comercialización de gas licuado, en distribución eléctrica (Edenor y la distribuidora entrerriana) y en la generación a través de la Central Térmica Dock Sud. Las vinculaciones societarias de Repsol en España con Endesa (Edesur, Central Costanera) e Iberdrola (Gas Natural BAN) conforman un núcleo de empresas vinculadas que, en los hechos, controlan todo el negocio energético nacional". Refiriéndose al sistema de precios adoptado, continúa el análisis, el grupo "traslada al mercado doméstico y sin referencia alguna a los costos locales todas las alzas que se registran en el mercado externo, pero nunca las disminuciones. Esto es factible merced a una conformación oligopólica del mercado de hidrocarburos, donde 7 empresas acaparan el 86 por ciento de la producción".

El discurso de las trasnacionales insiste en señalar como causa de la crisis energética, la falta de un aumento mayor en las tarifas de gas, electricidad, transporte, y del precio del gas en boca de pozo, después de la devaluación. Sin embargo, hay que decir que el ingreso petrolero total en el escenario post-convertibilidad las ha favorecido. Los precios para la porción más importante del negocio hidrocarburífero siguen dolarizados. El valor del crudo en el mercado internacional está en sus niveles históricos mas elevados y ellos rigen también las transacciones en el mercado interno. Esto compensa las supuestas 'pérdidas' ocasionadas por la pesificación del precio del gas en el mercado interno. Las empresas de gas obtuvieron entre el año 1993 y 2001 alrededor de 3800 millones de dólares de los cuales el 81% se repartió en forma de dividendos. En realidad, la rentabilidad de las empresas privatizadas no sólo no contribuyó a la expansión del sistema sino que agravó el endeudamiento, ya que las empresas sólo reinvirtieron una pequeña parte de sus utilidades, al tiempo que generaron nuevas deudas. Lo cierto es que hoy más de la mitad de la población está fuera del consumo, o compra garrafas que están a precio internacional. El gas de garrafa representa un costo mensual tres veces superior al del gas natural por redes (aumentó un 125 % desde el fin de la convertibilidad). En el país hay 4,5 millones de hogares en esta situación.

Las trasnacionales han venido presionando sin embargo, por el aumento de tarifas. El Fondo Monetario Internacional reforzó estas demandas, colocándolo como condición para la renegociación de US $ 21.500 millones de la deuda externa en los próximos tres años. En el contexto de estas presiones, el gobierno nacional llegó a un acuerdo el pasado 2 de abril, mediante el cual se compromete a aumentar progresivamente el precio del gas. En una reunión con la comisión de energía de la Cámara de Diputados realizada el 15 de abril, el secretario de Energía, Daniel Cameron, admitió que existe una "crisis energética, pero no una emergencia" y confirmó que habrá una recomposición del precio del gas sobre los consumos industriales y de las usinas térmicas. Reveló que el proceso de incremento de las tarifas para el resto de los usuarios se extenderá hasta diciembre del 2006, y la intención del Gobierno de aumentar el precio del gas en boca de pozo, llevándolo desde el promedio actual de 0,45 dólares por millón de BTU (unidad de medida calórica del gas) a 1 dólar.

Los aumentos de tarifas se volverán un duro golpe contra la población más carenciada, y no resolverán el problema de las inversiones a mediano y largo plazo. Se plantea entonces la necesidad de una política que apunte a desandar el proceso privatizador, a detener el saqueo sistemático de las riquezas, recuperando el control sobre los recursos naturales, invirtiendo en obras de infraestructura, en la exploración y ampliación de las fuentes de los mismos. En esta dirección, se podrá pensar en una política de integración regional, que enfrente las imposiciones de las trasnacionales y del gobierno de EE.UU. en relación al ALCA, y diseñe un camino de defensa de la soberanía y de las necesidades de la población, a partir de la unión de fuerzas latinoamericanas en esta y otras batallas.

Claudia Korol es secretaria de redacción de la revista América Libre, y corresponsal en Argentina de Adital