La iniciativa que fuera planteada por el ministro de Defensa, José Pampuro, despertó inmediatamente la polémica sobre sus eventuales alcances e implicancias, aunque no es nueva en absoluto: los proyectos e intenciones de que las Fuerzas Armadas colaboren en la lucha contra el delito vienen de mucho tiempo atrás, y fueron muy conversados en el 2001, durante la gestión de Horacio Jaunarena en Defensa.
Como recuerda Marcelo Sain, ex subsecretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, durante los años '60 y '70 la defensa nacional estuvo circunscripta a lograr la 'seguridad nacional', la que abarcaba tanto la protección frente a agresiones militares convencionales de estados como la conjuración de riesgos surgidos en la esfera de la seguridad interior. Bajo la mira de este último supuesto estuvieron los conflictos resultantes del enfrentamiento contra grupos políticos internos de carácter insurgente, o apenas opositores, en el marco de la denominada 'lucha contra la subversión'.
El fin de la Guerra Fría y de los conflictos regionales derivados de ésta, el proceso de distensión, cooperación e integración desarrollado en el plano subregional, la debacle provocada en la guerra de Malvinas y la democratización del sistema político local iniciada a fines de 1983, convirtieron en anacrónico aquel modelo de organización del sistema defensivo-militar. Y más tarde, el 13 de abril de 1988, el Congreso de la Nación sancionó la ley de Defensa Nacional, que el Ejecutivo promulgó 13 días después. Su artículo dos, que nunca fue modificado, dice lo siguiente: 'La defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación, para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo'. Del que se desprende la imposibilidad de remitir a las Fuerzas Armadas a cuestiones de seguridad interior.
En el Brasil, simultáneamente, se ensaya la vía contraria y se involucra a las fuerzas armadas en conflictos entre bandas de narcotraficantes en la ciudad de Río de Janeiro. Allí han sido desplegados los 4.000 soldados del ejército que fueron solicitados por la gobernadora del citado Estado al gobierno federal. Tropas que según el secretario de seguridad, Anthony Garotinho, serán utilizadas para cumplir labores policiales en zonas adyacentes a las favelas.
No se trata de un hecho nuevo. El ejército brasileño fue convocado por primera vez en Río de Janeiro en ocasión de la Cumbre de la Tierra de 1992, que congregó a más de 100 jefes de Estado. En el 2003, las fuerzas armadas también fueron movilizadas cuando los traficantes del Comando Vermelho -que controlaba la mayoría de las favelas cariocas- atacaron edificios públicos y hoteles para exigir que fueran suavizadas las condiciones de detención de su líder recién encarcelado, Fernandinho Beira Mar.
Los resultados de esa política de intervención militar en asuntos internos de naturaleza policial son a todas luces frustrantes, debido a que no ha contribuido sino a agudizar los conflictos entre las bandas y a exacerbar una carrera armamentística sin precedentes en la historia del Brasil.
Es necesario recordar una vez más que las iniciativas de utilizar personas o aparatos logísticos de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior implican un avance innecesario e imprudente hacia la militarización de las políticas de seguridad. Opción que a la vez de fortalecer la vía represiva omite considerar que la seguridad ciudadana es un eslabón más entre otros logros sociales, respecto de los cuales el Estado tiene un rol protagónico, aunque no excluyente. Esos otros logros tienen que ver con la vigencia efectiva de los derechos sociales: acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo. Y subrayarlo ahora no es un ejercicio de mera banalidad intelectual, puesto que entre el delito y aquellas manifestaciones de la inseguridad en las áreas sociales mencionadas hay tan sólo un paso: ambas se potencian recíprocamente y se encuentran indisimulablemente vinculadas entre sí.
En función de esta realidad, mucho más conveniente que militarizar la seguridad resulta ser su socialización horizontal. Y ello se logra, al menos desde una perspectiva analítica, poniendo en un plano de igualdad a la inseguridad proveniente del delito con aquellas otras manifestaciones que emergen de las omisiones estatales en la referida área de los derechos sociales.
Luego, fortaleciendo la red de servicios públicos básicos, entre los cuales se encuentra la seguridad ciudadana, a fin de extender su acceso y goce a cada uno de los habitantes de nuestro país. De otro modo, seguiremos abonando un concepto de seguridad de raigambre exclusivamente policial, que pierde día a día su sentido social, fomenta la disgregación y aumenta sin percibirlo la tensión en las relaciones intersubjetivas.
La experiencia indica que conviene desechar el llamado a las soluciones mágicas. Aquellas que operan en el universo simbólico con apenas alguna incidencia en la vida cotidiana de los argentinos.