Correo Argentino: El 19 de mayo se reprivatizará o será estatal

La situación del Correo Argentino entra en su etapa de definición política. Tras la desastrosa gestión del Grupo Macri, fue reestatizado por decreto del Presidente Kirchner. Pero sólo volvió a la órbita pública por 180 días, que vencen el próximo 19 de mayo.
Quedando menos de un mes resulta llamativo el silencio generalizado; especialmente el mutismo de la dirigencia gremial de FOECYT, tanto a nivel nacional y local. Nada hacen saber al pueblo sobre la necesidad de que este servicio público esencial quede en manos del Estado. Sabido es que bajo el manto de este debate esquivado y olvido interesado se esconden historias de entregas, negociados, despidos y tarifazos.
Y si a esa historia ocultada nos remitimos, vemos que el ficticio proceso de endeudamiento de empresas públicas durante la dictadura militar (76/83), no fue otra cosa que un plan premeditado para liquidarlas en el futuro.
Luego, con la democracia, se desarrolló una intensa campaña para convencernos que las Empresas públicas eran las principales culpables del déficit fiscal y que había que privatizarlas si queríamos tener crecimiento económico.
Fue entonces cuando conocidos periodistas, junto a economistas de salón y gerentes políticos, en sinfonía monocorde, planteaban la conveniencia de que debíamos entregar las empresas públicas a expertos privados nacionales y extranjeros, ya que nosotros éramos pésimos administradores y no menos corruptos. ¿Cuánta mentira interesada?
Son los mismos habladores que hoy enmudecen frente a la corrupción, el chantaje y la asquerosa acumulación que vienen realizando los grupos económicos, nacionales y extranjeros, con las empresas de servicios públicos y recursos naturales privatizadas.
Hace años que el neoliberalismo nos viene vendiendo buzones, empecemos por impedir que nos vendan nuestro correo.
Paraná, 28 de abril de 2004.
Foro Argentino de la Deuda Externa / Regional Paraná
RS / AG / SC / HG / NC
ALGO DE HISTORIA.
EL DESASTRE
(Nota sobre los datos aportados por Elio Marín –Agencia ALAI-)
La empresa postal fue rematada en setiembre de 1997 a favor del grupo Macri (Socma), asociado al Banco de Galicia y con el servicio técnico del correo británico. De la torta accionaria se apartó una porción del 14 por ciento para comprar el silencio de la dirigencia de Foecyt liderada por Ramón Baldassini.
Franco Macri puso como titular del Correo a Jorge R. Aguado, ex gobernador bonaerense de la dictadura, quien estuvo en ese puesto hasta 2002. Luego se lo dejó a Raúl Casa y se dedicó a organizar los coloquios de IDEA, el numen ideológico de las privatizaciones.
El saldo de la gestión privatizadora no pudo ser peor. De movida despidió a 3 mil empleados y pagó las indemnizaciones con el "plan de inversiones". Hubo aumentos generalizados de tarifas (en 2003 la casilla de correo subió 750 por ciento) para los sufridos usuarios. Se pagaron altísimos sueldos para los directores, al punto que dos de ellos se llevaban 400 mil pesos mensuales. El colmo de esta historia es que Macri violaba el contrato de concesión, pues desde agosto de 1999 no pagaba el canon anual al Estado, de 103 millones de pesos (dólares de ese tiempo).
JUSTA INTERVENCIÓN
¿Alguien puede defender ese desastre, que llevó al concurso y finalmente la quiebra de Correo Argentino SA en diciembre de 2003?.
Sí, hubo quienes defendieron hasta el final las bondades del contrato menemista. Además de los Macri (padre e hijo), los directores y gerentes, se escuchó la voz del sindicalista Baldassini. Cuando aquella gestión llegaba a su fin aseguró que era "excelente", tratando de desalentar los inminentes decretos de reestatización del Poder Ejecutivo.
La opinión del público era muy diferente: un rosario de quejas por la constante suba del precio de las cartas. Entre enero de 2002 y mayo de 2003 los envíos nacionales aumentaron entre el 70 y el 400 por ciento. También se empinaron los precios de las cartas internacionales y se etiquetaron de ese modo las dirigidas a las islas Malvinas, que desde siempre habían sido consideradas como franqueo dentro del país.
En los últimos dos años fueron cayendo como mazazos sobre Macri los dictámenes del defensor de la Nación, Eduardo Mondino; la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Auditoría General de la Nación, etc. El canon impago, que se dejó de pagar absolutamente desde marzo de 2000, había llevado a una deuda con el Estado de 700 millones de pesos.
Los Macri habían puesto a la empresa en concurso de acreedores y la justicia estaba a punto de decretar su quiebra, cuando en noviembre de 2003 el PEN cesó la concesión y dispuso la reestatización temporal del Correo. Los decretos 1074 y 1075 de ese año rechazaron los reclamos contra el Estado efectuados por el macrismo y procedieron a la rescisión del contrato por culpa del concesionario, respectivamente.
Una Unidad Administrativa de tres miembros, encabezada por el diputado Eduardo Di Cola (PJ, Córdoba), tomó la posta y se dispuso a administrar los buzones durante seis meses, preservando la fuente laboral para 12 mil empleados.
La decisión adoptada por el presidente Kirchner es correcta, siempre y cuando se inscriba en la firme voluntad de recuperación de servicios públicos o recursos naturales importantes del país. Vale recordar que el petróleo y el gas, por nombrar algunos rubros, siguen en poder de empresas multinacionales pese a la falta de inversiones de éstas y el cuello de botella energético que eso supone.
¿Y AHORA QUÉ?
A los pocos meses de asumir, Di Cola brindó un balance con números muy auspiciosos. En enero de este año afirmó que su proyección para los seis meses de gestión indicaban una reducción de gastos de 9,31 millones de pesos y un aumento de los ingresos de más de 2,6 millones.
Una de las razones de la mejoría radicaba en la poda de los haberes millonarios de la plana superior. Según ese reporte, el nuevo correo se había ahorrado 692.860 pesos mensuales tras el despido de nueve directores, gerentes y asesores. Como quedó dicho, dos de los directores cobraban 200 mil pesos cada uno. Otros 56 gerentes se llevaban un total de 200.700 pesos mensuales, que fueron reducidos.
Los números pudieron haber sido más positivos aún si la intervención hubiera contado con los instrumentos del PEN para obligar a todas las empresas públicas a enviar su correspondencia por el Correo Argentino. Esta fue una gran preocupación de Oca, Seprit y otras empresas privadas, que por medio de "La Nación" apremiaron al funcionario a que no siguiera por ese camino "estatista". En la edición del 30/11/2003, el vacilante diputado kirchnerista confesó que "las herramientas están en estudio".
La mejoría, según la óptica oficialista, serviría solamente para que reprivatizar a mejor precio, pues "la empresa tendrá un valor superior al que tenía". Al fisco le ingresarían unos millones de pesos más y entregaría un negocio saneado a manos privadas.
Si el correo hoy factura 500 millones de pesos anuales y está en vías de mejoría, superado el trance liquidador de 1997-2003, ¿por qué privatizarlo otra vez?. Es lo que se preguntan muchos argentinos.
Es que por encima de su giro anual y la importancia de una fuente de trabajo para 12 mil personas, hay un argumento básico: es un servicio público esencial y encima que está demostrando su rentabilidad.
Di Cola declaró a principios de año que "en mayo nos estaremos yendo para que el Correo Argentino quede en manos de un nuevo concesionario". De la opinión pública depende en gran parte que se consume otra privatización o que estos seis meses hayan sido el prólogo de un correo argentino, estatal, eficiente e integrador del país. Que no nos vendan otro buzón.