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Argentina: La lucha continúa

CORREPI - BOLETIN INFORMATIVO

Número 261 - Marzo 7/14 de 2004

SUMARIO

1- Otra vez, se matan entre ellos

2- Advertencia al Gobierno de la Ciudad

3- Escrache en Lugano

4- El intendente "justiciero"

5- Haiti bajo ocupación

6- Libertad a los Cinco

7- Próximas Actividades

OTRA VEZ, SE MATAN ENTRE ELLOS

Que el gatillo fácil es una más entre las herramientas de control social a disposición de la policía ya lo sabemos. Pero muchas veces, además, funciona como mafioso recurso de ajuste de cuentas entre ellos. No es la primera vez que canas matan a otro cana, y utilizan para cubrirse los mismos "clásicos" que cuando quieren disfrazar una ejecución de un pibe como "enfrentamiento".

Esta vez fue en Quilmes. El sargento Pedro Rotela, de la división Custodias y Traslados Interprovincial de la Policía Bonaerense, iba a su casa en un auto que tenía pedido de secuestro, es decir, había sido denunciado como robado. Todo indica que no era de él, aunque la versión oficial señala de manera confusa que "el auto había sido recuperado, y por un error no se había levantado el pedido de secuestro".

La lista de "errores" sigue, porque en la misma versión oficial se afirma que tres policías de civil del servicio de calle de la comisaría 5ª de Quilmes que iban en un móvil policial no identificable le habrían dado la voz de alto, que no fue acatada por Rotela, por lo que le dispararon y lo mataron. Tampoco está claro si hubo disparos desde el auto de Rotela hacia el de sus colegas, hipótesis sostenida por algún testigo, lo que oscurece más la historia: si hubo voz de alto, ¿porqué el sargento hubiera disparado en lugar de identificarse?; si lo hizo, ¿porqué le dispararon?. Tal fue la confusión que la primera información oficial, publicada en su edición del viernes por el diario El Sol de Quilmes, mencionó que había muerto "un hombre que llevaba una credencial de la Policía Bonaerense y se movilizaba en un auto robado".

El hecho ocurrió en la noche del jueves 4 de marzo en el cruce del Camino General Belgrano y la calle 812, en el barrio La Cañada, apenas a tres cuadras de la casa de Rotela, por lo que también llama la atención que no lo hayan identificado de inmediato, cuando tenía la credencial en el bolsillo, y vive en jurisdicción de la comisaría a la que pertenecen los asesinos.

"Lo más probable es que haya sido un lamentable error", insistieron las fuentes policiales, según informara el sábado el diario Página/12.

ADVERTENCIA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD

Como anunciamos en el Boletín nº 260, tres compañeros de CORREPI asistieron el pasado 3 de marzo a la entrevista convocada por el Secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para conocer la posición de diversos organismos de DDHH frente a la inminente reforma del Código Contravencional.

Participaron de la reunión representantes del CELS, la APDH y el SERPAJ. Por el lado de los funcionarios, estaban presentes el Secretario de Justicia Juan Carlos López, el Subsecretario Marcelo Antuña, Director Gral. de Políticas de Seguridad Claudio Suárez, la Subsecretaria de DDHH G. Alegre y un par de colaboradoras.

El Dr. López introdujo el tema exponiendo la posición ya conocida del gobierno de Ibarra frente al tema, manifestando su oposición a los proyectos de reforma del macrismo y el bullrichismo pero defendiendo la necesidad de existencia del código, reconociendo que es necesario "actualizarlo y mejorar el funcionamiento del sistema contravencional".

A nuestro turno, planteamos, resumidamente, que el llamado "derecho contravencional" es una construcción ideológica para ejercer el control social porque su existencia, imposible de explicar desde los principios generales del derecho, sólo se entiende desde la necesidad del sistema de sancionar penalmente a quienes no son alcanzados por el derecho penal formal, y de manera muy particular a quienes, individual u organizadamente, ejerzan el derecho a la protesta.

Señalamos también que no podemos discutir los proyectos de reforma sin poner en crisis la propia existencia del código contravencional cuya derogación exigimos, junto a las facultades para detener personas por averiguación de antecedentes y a los códigos de falta provinciales, todas normas que habilitan constantes detenciones arbitrarias que nada tienen que ver con la "seguridad ciudadana" ni la cacareada "lucha contra el delito", sino que sirven exclusivamente para que la policía cumpla con tres objetivos: disciplinar socialmente, mostrar "estadísticas" de una eficiencia inexistente, y recaudar para su "caja", no tan chica.

Reiteramos que es innecesaria la existencia de un Código Contravencional paralelamente a un sistema penal excesivamente represivo, sin perjuicio de la conveniencia de legislar sobre las faltas municipales de tipo administrativo, con sanciones no privativas de la libertad, orientando las normas hacia valores como la solidaridad y la responsabilidad ciudadana.

Finalmente, hicimos una fuerte advertencia al Gobierno de la Ciudad, recordándoles que la Corte Interamericana de DDHH, en el fallo de la causa Bulacio, ha ordenado al Estado Argentino adecuar sus normas internas en materia de detenciones de personas a los principios de la Convención Interamericana. El estado Argentino debe, si quiere cumplir sus obligaciones internacionales, derogar toda disposición que permita privar de la libertad a una persona fuera de los dos supuestos previstos en la Convención (y en las constituciones nacional y de la ciudad, dicho sea de paso): la flagrancia y la orden de autoridad judicial competente.

El mantenimiento de la normativa contravencional en la ciudad, y la vigencia de la ley 23.950 que habilita a la federal a detener "sospechosos" a puro olfato, ya implican una violación a la orden de la Corte. Cualquier reforma que empeore aún más la situación de precaria libertad de los argentinos es lisa y llana desobediencia a la sentencia obligatoria para el estado argentino.

Quienes deseen recibir el texto completo del documento entregado al gobierno d ela ciudad pueden solicitarlo a correpi@fibertel.com.ar

ESCRACHE EN LUGANO

A las 11 de la mañana del sábado 6 de marzo, poco a poco la placita frente a la estación de Villa Lugano se fue llenando de gente. Vecinos del barrio, familiares de víctimas de la represión policial, compañeros de movimientos piqueteros de la zona (Movimiento Teresa Rodríguez, Movimiento Territorial Liberación, Movimiento Teresa Vive, Barrios de Pie), compañeros de la OSL, de CORREPI y hasta cuatro curas hinchas de Chicago con su virgencita en andas nos fuimos juntando para marchar hacia las dos comisarías emblemáticas del sur-sur de la ciudad: la 48ª y la 52ª.

Una colorida columna de casi 200 manifestantes encaró primero hacia la 48ª, probablemente la única comisaría rosada de la ciudad. Un importante cordón policial la protegía, con vallado y todo. Allí las consignas y las puteadas se dirigieron en especial al suboficial Justo José Luquet, asesino de Marcelo Báez, el pibe de 16 años que era el goleador zurdo del equipo del Club Dorrego. A pesar de que Luquet está procesado (y va a juicio oral este año) por su participación en una de las tantas "causas fraguadas" de la federal, sigue trabajando como jefe de calle de la 48ª, comisaría a la que llegó después de matar a Marcelo cuando revistaba enla 42ª.

Al rato ya estábamos frente a la 52ª, la comisaría que todo el mundo conoce como "la de Percha", porque allí el jefe de calle es el sargento Solanes, conocido como "Percha", asesino entre otros de los pibes Marcelo Acosta, Daniel Barboza, Lucas Roldán y Alejandro Gramajo. Confundidos por los cables de los noticieros, que sólo mencionaban la otra taquería, en esta no había vallado, así que en la vereda y paredes quedaron prolijamente estampadas las leyendas "Percha Asesino", "Policía Asesina", "Cárcel a los represores de ayer y de hoy".

Durante todo el recorrido se notó la solidaridad de los vecinos, que aplaudían el paso de la columna, recibían y guardaban los volantes contando la historia de cada uno de los pibes muertos. Todos ellos sabían que el día anterior el barrio estuvo saturado de policías en el marco de un sorpresivo operativo de "seguridad", en un claro intento de intimidarlos para que no bancaran la manifestación. No les salió bien la jugada.

EL INTENDENTE JUSTICIERO

El intendente del partido bonaerense de Villarino, Jorge Simoni, dijo esta semana después de un robo en una estancia que "los ganaderos van a tener mi aval y voy a salir a defenderlos si empiezan a matar a estos delincuentes".

Las declaraciones del jefe comunal fueron de tal grado de explicitud que se rasgaron las vestiduras todos los comunicadores "políticamente correctos", como Magdalena Ruiz Guiñazú, que hasta le cortó la comunicación al aire porque "no puede dar espacio a una persona que dice semejantes cosas".

Claro, hay cosas que se hacen, pero no se dicen...

HAITI BAJO OCUPACION (Agradecemos el aporte del compañero Henry Boisrolin, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina)

La partida de Haití de Jean-Bertrand Aristide dejando su cargo de presidente, se efectuó bajo presión de los EE.UU. Diga lo que diga el gobierno de Bush, su intervención ha sido una acción imperialista. Una intervención que consagró inmediatamente después la ocupación del país por tropas norteamericanas, asistidas por las de Francia y de Canadá. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que existió una perfecta coordinación entre los gobiernos de dichos países para llevar a cabo ese nuevo atropello en contra de un pueblo latinoamericano.

Las razones de esa nueva acción imperialista van más allá de la propia crisis haitiana, ya que apuntan fundamentalmente a sentar un precedente sumamente peligroso para otros países: en primer término para Venezuela. Es menester también reconocer la responsabilidad de Aristide, quien desde el principio había llamado a los norteamericanos a intervenir militarmente en el país, por supuesto para protegerlo. Ahora intervenieron, pero para sacarlo. Lo mismo ocurre con la mayor parte de las organizaciones opositoras aglutinadas en la llamada Plataforma Democrática, y considerada como la oposición pacífica. Una oposición que está colaborando - al igual que muchos miembros del gobierno de Aristide - abiertamente con los ocupantes. Por ende, estamos ante una situación donde casi todas las organizaciones aceptan como hecho positivo la ocupación. En cuanto a la oposición armada, después de dos o tres gritos de los yanquis se esfumó aceptando rápidamente las directivas de Washington.

La única diferencia abierta surgió de los estudiantes universitarios. Allí, quizás, radica el núcleo para empezar a organizar la resitencia y echar a los imperialsitas y sus lacayos del país. Lo vemos así, porque entendemos que la oposición que ofrecen los partidarios de Aristide es únicamente para reclamar a esos mismos norteamericanos de restaurar a su líder en el Palacio presidencial. Inclusive, ya están maniobrando para lograr el apoyo de los demócratas para llegar a una situación similar a la de 1994 cuando Bill Clinton aceptó intervenir en Haití para reinstalar a Aristide luego del golpe militar fabricado por el gobierno de Bush padre. Tal oposición no puede ser calificada entonces de antiinperialista, sino más bien de oportunista, peligrosa y tan vergonzosa como la actitud adoptada por la Plataforma Democrática.

Frente a la gravedad de esa crisis, los sufrimientos del pueblo que continuarán porque la intervención no pretende resolver los problemas acuciantes de las masas. Llamamos a una rápida acción solidaria para con la lucha del pueblo haitiano, y nos sumamos a todas las iniciativas que apuntan a exigir el fin inmediato de la ocupación.

LIBERTAD A LOS CINCO

Antonio Guerrero, René González, Ramón Labañino, Gerardo Hernandez y Fernando González son cinco cubanos que hace años están presos en Estados Unidos...por ser antiterroristas. Así es, el gobierno norteamericano los ha condenado a penas que van desde los 18 años de prisión hasta dos cadenas perpetuas. Estos luchadores infiltraron en células terroristas de la mafia cubano-americana con el propósito de prevenir ataques al pueblo cubano. Presentaron a la seguridad de Estado cubano pruebas evidentes de los ataques, que fueron enviadas al FBI.

Tres meses después, ni lerdos ni perezosos, los agentes del genocida Bush, incansable perseguidor, vampiro de la sangre de los pueblos, los detienen y son llevados a cárceles de máxima seguridad y sometidos a increíbles tratos inhumanos, depositados en el "hueco", celdas de castigo donde la luz no se apaga en las 24 horas, violando la VIII Enmienda de la Constitución de los EEUU, despojados de todos sus objetos personales, sin la posibilidad de asearse, mal alimentados, con la prohibición de recibir las visitas consulares reglamentarias y privando a algunos de sus familiares de visas para visitarlos.

El juicio llevado a cabo estuvo viciado de errores y acusaciones falsas: conspiración y fraude contra el gobierno, espionaje y violación de la ley que obliga al registro de agentes de un país extranjero. Nunca hubieron pruebas de estos delitos. El próximo 10 de marzo se llevará a cabo la apelación en la Corte de Apelaciones de Atlanta. La defensa de los Cinco pide un nuevo juicio. Asi estamos, consternados, rabiosos....esperando y exigiendo la inmediata libertad de estos cinco luchadores que optan antes que por la sumisión, por la dignidad.

Haikus a los Cinco

Hueco asesino

encarcela los días

nunca los sueños.

Al sol dan vida

cinco revoluciones

puños liberan.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 8 de marzo, 20:00: En Sarmiento 1720, esquina Tucumán, Lanús Este, Charla debate: La rebelión popular en Bolivia y los movimientos sociales en America Latina.

28 de marzo, 14:00: Festival antirrepresivo en el anfiteatro de la Plaza Martín Coronado, frente de la estacion, BASTA DE POLICIAS ASESINOS - BASTA DE IMPUNIDAD. Convocan Familiares de Víctimas del Sistema

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