Matías Ayastuy
El Eslabón

El 27 de enero pasado asesinaron de un tiro en la nuca a Sandra Cabrera, titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), miembro de la CTA y fogonera incansable de la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales de Rosario. Las hipótesis más fuertes que se manejan respecto de las causas del homicidio se vinculan a la serie de denuncias contra integrantes de la policía santafesina que Cabrera y sus compañeras de Ammar sostuvieron desde que comenzaron su actividad en la ciudad.
Se trata de uno de los crímenes políticos más importante de los últimos años en la ciudad, ya que a raíz de este asesinato se reabrieron los interrogantes sobre el sistema de recaudación ilegal de la policía santafesina, obviamente amparada por la complicidad o la falta de decisión para erradicarlo por parte de funcionarios políticos y judiciales.
El crimen de Sandra conmovió y movió: el gobierno provincial anunció reformas en el código de faltas y disolvió la División de Moralidad Pública una vez demostrado su rol de "recaudador por izquierda" de la Unidad Regional II, a cargo de José Manuel Maldonado; las trabajadoras sexuales, por su parte, parecen decididas a superar el dolor y sostener la pelea entonadas con la marcha de más de tres mil manifestantes por el esclarecimiento del crimen de su compañera; desde Tribunales, el juez Carlos Carbone, a cargo de la investigación, desplegó medidas e hipótesis, convocó a un equipo de peritos y dispuso la conformación de una comisión que suma a efectivos de Gendarmería y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE); y la Policía, además de ser la principal –o la única– sospechosa, está en medio de disputas internas intensificadas al calor del asesinato.
Terminal al rojo vivo. De todas las zonas donde existe oferta sexual en Rosario, la que se encuentra próxima a la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, en los márgenes de Pichincha –jurisdicción de la comisaría 7ª–, es la más conflictiva, por una suerte de competencia entre las meretrices que trabajan en esas calles y los dueños de los locales de oferta sexual del mismo barrio. Según las denuncias de Ammar, estos últimos corren con ventaja debido a que realizan sus aportes económicos a la policía para poder "trabajar" sin presiones.
Durante septiembre del año pasado las autoridades de Moralidad Pública intensificaron la persecución de trabajadoras sexuales que ofrecían sus servicios en zonas cercanas a la terminal y, según denunciaron fuentes que solicitaron reserva de su identidad, esto se debe a que el propio comisario Javier Pinatti, ex jefe de Moralidad Pública, tendría beneficios económicos de uno de los locales, "si no es el dueño".
Ante la profundización del hostigamiento policial, las integrantes de Ammar Rosario comenzaron a denunciar "amenazas de muerte, una denuncia anónima en el Juzgado de Menores, golpes a cuatro integrantes de la agrupación –una sufrió una fractura–, persecución en la zona de trabajo".
Sandra Cabrera tomaba las agresiones como una causa propia, por lo que se ocupaba personalmente de denunciar las extorsiones o de acompañar a sus compañeras –no sólo de la zona de la terminal– para que no las presionen. Casi todas las denuncias realizadas en septiembre y octubre del año pasado se refieren a persecuciones sufridas por meretrices que ocurrieron en esa zona, dato para nada desdeñable en la investigación judicial.
Las denuncias. De las numerosas denuncias realizadas por las militantes de Ammar Rosario, la del 10 de septiembre de 2003 y la del 24 de enero de este año son las que metieron el dedo en la llaga, por afectar intereses del personal policial implicado en el sistema ilegal de recaudación, entre ellos los únicos imputados por cohecho que hay hasta el momento: el jefe Pinatti, el subjefe Walter Miranda y el sargento Sergio Bermejo. En cuanto a los dueños de los volteaderos, también fueron tres los detenidos a partir de una denuncia realizada por una ciudadana dominicana, por la cual el magistrado Jorge Eldo Juaréz detuvo a un propietario, su pareja y una prima de ella. Ahora la causa está en manos de la jueza María Luisa Pérez Vara, desde el 3 de diciembre pasado.
El 10 de setiembre del año pasado dos trabajadoras sexuales, acompañadas por Sandra Cabrera, realizaron ante el fiscal Esteban Franichevich la denuncia que derivó en el relevo de los entonces jefe y subjefe de la recientemente disuelta división interna de Moralidad Pública. "Hace aproximadamente 3 ó 4 meses se presenta en la zona que trabajo el jefe de Moralidad Pública, Javier Pinati (sic), quien me dice que al día siguiente abría en el lugar, concretamente en calle Castellanos entre Santa Fe y San Lorenzo, un local de los llamados ‘volteaderos’, que a diferencia de las ‘whiskerías’ son lugares donde tienen habitaciones y las chicas pasan ahí con sus clientes".
El viernes 23 de enero, Stella Maris Longoni denunció en la Fiscalía número 1, también acompañada por Sandra, que el miércoles anterior a la noche fue detenida por agentes de la ex división Moralidad Pública junto con dos compañeras en la esquina de San Lorenzo y Alsina. Las llevaron a la Jefatura de Policía, en Ovidio Lagos al 5200, y allí Longoni se quejó porque ella había pagado, el viernes 16, cincuenta pesos al policía Bermejo. En Moralidad le dijeron que Bermejo ya no tenía nada que ver con ellos, pero de todos modos le advirtieron que no la iban a dejar trabajar en paz. Además, la amenazaron con represalias si realizaba alguna denuncia. A las dos horas de recuperar su libertad, el mismo que la detuvo la volvió a amenazar.
El 27 de enero encontraron muerta a Sandra Cabrera de un tiro en la cabeza. Ese día Elena Reynaga, presidenta de Ammar nacional, expresó que "entre los denunciados por Cabrera se encuentra un prostíbulo de la zona de la terminal de ómnibus que es propiedad de un ex comisario de Rosario. Desde ese lugar la habían amenazado de muerte".
La recaudación. Desde hace décadas existe dentro de la policía una red ilegal de recaudación que por lo menos desde 1995, tal como lo consigna una investigación del periodista Carlos Del Frade, funciona a sabiendas del Poder Judicial y del poder político de la provincia. Esto se denunció a partir de "un documento que llegó a manos de un camarista penal de la Justicia provincial, Otto Crippa, firmado por ‘Oficiales de la Unidad Regional II’, fechado el 3 de abril de 1995, y se encuentra en varios despachos de jueces provinciales rosarinos desde entonces. Tiene el logotipo de la policía y se presenta como ‘Comunicado Nº 5’. El ‘comunicado’ terminaba con un informe del ‘cuadro demostrativo de ingresos extralegales’, en el que primeramente se detallan los códigos de los ‘impuestos policiales’: 1, correspondiente a Leyes Especiales (quiniela clandestina, apuestas de caballos, timbas, bingos clandestinos, maquinitas); 2, Moralidad Pública (narcotraficantes, drogadictos, prostitución, explotadores, proxenetas, whiskerías, discotecas, moteles); 3, Robos y Hurtos (piratas del asfalto, asaltantes de bancos, ladrones de autos, punguistas, contrabandistas, desarmaderos); 4, Seguridad Pública (médicos, parteras, clínicas, aborteras, curanderismo); 5, Guardia Rural (generalidades, sin especialidad); 6, Guardia de Infantería (generalidades, sin especialidad); 7, Policía de Menores (whiskerías, discotecas, bailables, moteles). Desde 1992 a 1995, el informe aseguraba que se recaudaron, ‘por izquierda’, 12.300.000 pesos, a razón de 300 mil pesos mensuales en la Unidad Regional II", detalla el documento.
Con semejante trasfondo, las disoluciones de Robos y Hurtos antes y de Moralidad Pública ahora, se perfilan más como cambios de formas que de contenidos: de acuerdo con las denuncias, no son las únicas que recaudan; y los policías que pertenecían a sus filas se reparten en otros ámbitos de la misma institución.
Hecha la ley. Entusiasmada por los avances en ese sentido de sus pares de Ammar en Entre Ríos, Sandra Cabrera exigía la derogación de los artículos 83, 87 y 91 del Código de Faltas, que refieren a la ofensa, al pudor, la prostitución escandalosa y el travestismo, términos más afines con leyes medievales que con la particular realidad del Pichincha actual. Se trata de la lucha por la anulación de las normas que penalizan la oferta sexual callejera en la provincia de Santa Fe y son precisamente los que brindan el paraguas legal al impune accionar policial. Algo similar ocurre con la droga, pero ese, aunque no lo es tanto, parece ser otro tema. El 19 de septiembre de 2003 el bloque socialista en la Legislatura provincial presentó los artículos 83 y 87 que, inmediatamente después del asesinato de la dirigente de Ammar, las autoridades provinciales se mostraron dispuestas a "analizar". De todos modos, habrá que ver qué sucede en la Legislatura, desde donde surgen voces disonantes con el reclamo de derogación