Adolfo Pérez Esquivel

Desde hace 50 años domina la provincia de Santiago del Estero el matrimonio de Carlos Juárez y su mujer; actual gobernadora, Nina Aragonés, quienes con complicidad de la justicia, la policía y del poder económico, fueron construyendo su feudo adueñándose de personas, haciendas y tierras, con total y absoluta impunidad, acusados de cometer gravísimas violaciones de los derechos humanos.

La muerte de las dos jóvenes en la Dársena, fueron el detonante que movilizó a la población, Y el coraje de las madres y familiares, que iniciaron marchas y reclamos a nivel provincial y nacional, por el derecho a la Verdad y Justicia, se constituyeron en el pivote de la resistencia social. Las movilizaciones y reclamos, recuerdan la situación vivida en la provincia de Catamarca con el asesinato de la joven Soledad Morales, que llevó a terminar con el feudo de los Saadi.

Si bien el gobierno nacional tomó algunas medidas a través del Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, quienes efectuaron diversas diligencias para determinar la gravedad de la situación, entre otras, abriendo causas judiciales, existía la decisión política y estratégica de no intervenir la provincia. Se esperaba que el gobierno de Santiago del Estero se derrumbara solo. Otras de la razones para no intervenir, era que, siendo el gobierno de Juárez, peronista, significaba generar dificultades dentro del partido justicialista y sus alianzas con el poder de otros caudillos provinciales.

Pero los acontecimientos se precipitan y la creciente movilización del pueblo, reclama a las autoridades nacionales poner fin al feudo de los Juárez.

El deterioro y desgobierno provincial aumentan, así como la violencia contra los campesinos del Mocase a quienes con topadoras les destruyen las casas. Bandas armadas los amenazan destruyendo su cultivos, quemando los montes y apropiándose de las tierras para plantar soja transgénica. Esta violencia está amparada por la policía y por el propio gobierno Juarista.

El día 26 de marzo participamos de la marcha desde La Banda a la Plaza Libertad, en el centro de la Capital, sumándose en el camino grupos de manifestantes llegando a juntarse alrededor de 15 mil personas, reclamando la intervención de los tres poderes del Estado y el fin del gobierno corrupto.

Los testimonios de las familias de las víctimas, de las madres de las jóvenes asesinadas en la Dársena, de los campesinos del Mocase, fueron impactantes y pusieron en evidencia la complicidad de los jueces, sometidos a los intereses del gobierno santiagueño, que dificultan el avance de las causas penales. La policía actúa como fuerza de choque contra la población y el poder económico determina la política provincial.

El gobierno Nacional del Presidente Kirchner, superando las dificultades dentro del Partido Justicialista, ha decidido intervenir la Provincia de Santiago del Estero, a pesar de la oposición de mandatarios provinciales de su propio partido. Es una decisión correcta para terminar con quienes manejaron la provincia a su antojo con total y absoluta impunidad, dictando leyes y ajustando la Constitución a gusto y antojo de sus intereses.

Es necesaria la reforma Constitucional de la Provincia, recomponer las instituciones del Estado y desterrar leyes inmorales, teniendo en cuenta que no siempre lo legal es justo y no siempre lo justo es legal. La Argentina es hoy una República fracturada, que viene sufriendo del despojo y las desigualdades en aumento. Hay otras provincias con las mismas características de feudos medievales, enquistados en el poder por décadas que se han ido apropiando de todos los recursos, los medios de comunicación, y que mediante el poder político y económico han condicionado los otros poderes . Han logrado la permanencia en el poder a través de mecanismos políticos perversos como la implantación de la Ley de Lemas, para que nada cambie y continuar saqueando las provincias y el país.

En el año 1993 el pueblo de Santiago se levantó y provocó hechos de violencia, en las trágicas jornadas del llamado 'Santiagazo', 'para que se vayan todos'. Sin embargo 'esos todos' volvieron con las mismas mañas y más voracidad. Es necesario hacer memoria y no caer en los mismos errores.

La intervención a la Provincia de Santiago del Estero debe ser a todos los poderes del Estado.

Se deben investigar las implicancias del poder económico, restituir las tierras a los campesinos y proteger sus derechos, regularizando la titularidad de las tierras a sus verdaderos dueños que son los campesinos. Investigar las graves violaciones de los derechos humanos y sancionar a los responsables. Reestructurar las fuerzas de Seguridad, una policía corrupta y con prácticas deleznables de torturas y persecuciones que alcanzan hasta la propia Iglesia Católica, en la persona del Obispo Maccarone y otros prelados, todas propias de una dictadura militar, y no de una democracia.

El fin del gobierno está cerca, pero no así del poder enquistado en la provincia, que es como el camaleón, y se mimetiza con el poder de turno. Uno de esos camaleones, que la gente de Santiago cuestiona y pone en evidencia y que comparan con Yabran, es ICK. Sería necesario saber cómo se sostuvo Juárez en el poder durante tantos años y quienes son y fueron sus cómplices.

Otro de los hechos preocupantes en la provincia es que no existe otra fuerza política con sustento propio, como alternativa al Juarismo. Si bien hay una resistencia social importante reclamando el derecho de Verdad y Justicia, no se ha construido una alternativa política para evitar repetir los males vividos. El desafío es grande para el gobierno nacional y la provincia Es el desafío para construir una democracia participativa y recomponer la función de las Instituciones del Estado y la independencia de los poderes.

Lo que sucede en Santiago del Estero es un llamado de atención a otros feudos medievales provinciales, que tienen iguales prácticas aberrantes.

El protagonismo del pueblo, es el camino para trabajar y fortalecer un país unido y solidario, libre de dominaciones. Es necesario encontrar nuevas formas en el hacer político para la construcción de una nueva sociedad.

* Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nóbel de la Paz, 1980 y director del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) en Argentina.