Por Víctor Ego Ducrot
Buenos Aires, (APM).

No se trata de proponer que otros gobiernos latinoamericanos sigan el ejemplo del presidente argentino Néstor Kirchner al convertir a la ahora ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -el campo de concentración emblemático de la última dictadura militar- en un predio dedicado a la Memoria y a los Derechos Humanos. Simplemente se trata de reflexionar sobre el proceso que desembocó en el hecho histórico del pasado 24 de marzo y demostrar que del mismo surge un dinámica de construcción política aplicable al desarrollo de los mecanismos de integración latinoamericana.
Sin desmerecer el compromiso con su propio discurso y el consiguiente coraje demostrado por Kirchner en el reciente aniversario del golpe de Estado de 1976, lo cierto es que su pedido de perdón en nombre de la república por las vacilaciones y silencios de los anteriores gobiernos democráticos en torno a los crímenes cometidos por la dictadura y la "demolición" de la ESMA sólo fueron posibles porque las organizaciones de derechos humanos y una parte cada vez más numerosa de la sociedad argentina no olvidó ni perdonó, sino que hace casi tres décadas que se moviliza para lograr verdad, juicio, castigo y reparación histórica. Se trata de un "empecinamiento" popular tan saludable como pocas veces registrado en la historia de América Latina.
Este poder de la movilización consecuente de la sociedad argentina, que posibilitó el gesto reparador del pasado 24, es el mismo que hace poco menos de un año llevó a Kirchner a la Casa de Gobierno. No nos referimos al caudal de votos logrado en su momento por el actual jefe de Estado sino al hecho de que su aparición misma en el tablero nacional y muchas de las decisiones tomadas en su casi primer año de mandato, son hijos de las explosiones populares de diciembre del 2001, cuando a pesar de los 33 asesinatos cometidos por el gobierno de Fernando de la Rúa, el pueblo argentino hizo estallar por los aires buena parte del modelo neoliberal fundamentalista impuesto durante la década del ´90.
Recordemos que el partido de Kirchner -el Justicialista (peronismo)- no fue protagonista de aquellas luchas del 2001. Todo lo contrario, buena parte de sus dirigentes que aun perduran luego de modificar su discurso, habían sido cuestionados por las movilizaciones populares al punto tal de que Argentina vivió entonces una de las crisis de representatividad política mas profundas de su historia. Recordemos que fue ese mismo peronismo el que impuso en el país el modelo fundamentalista neoliberal de los ´90 y el mismo que durante más de 30 años relativizó e incluso le hizo oídos sordos a la lucha concreta por los derechos humanos, siendo que los militantes del peronismo revolucionario de la década del ´70 estuvieron entre las principales víctimas del terrorismo de Estado.
Como la idea de este artículo no es desmenuzar el proceso político registrado desde aquellos 19 y 20 de diciembre del 2001 hasta la fecha sólo diremos aquí que el peronismo está hoy en el gobierno porque fue la única estructura política del sistema de poder que tuvo la prudencia y la flexibilidad necesarias para asimilar los efectos de la movilización popular y recomponer y adecuar los discursos y ciertas prácticas de cara a los nuevos vientos que recorren al país y a la región.
El punto es, y lo que sigue se refiere a la reflexión propuesta en torno a como la "demolición" de la ESMA puede ayudar a la construcción de una América Latina unida, que si las organizaciones sociales participan en el proceso de integración regional del que tanto se habla, desde una perspectiva democrática en profundidad y recuperadora de las independencias nacionales respecto del bloque hegemónico encabezado por Estados Unidos, las Madres de Plazo de Mayo y el conjunto de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad argentina demostraron que los caminos hacia los objetivos más difíciles pueden ir achicándose.
El concepto de derechos humanos establecido por Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, estipula que los derechos económicos y sociales de los pueblos forman parte de ese conjunto de atributos inalienables de toda la humanidad. Los Estados democráticos y el derecho internacional convalidan a los sindicatos y a otras organizaciones no gubernamentales como interlocutores válidos y reconocidos en la defensa de esos derechos.
Que los Estados latinoamericanos que manifiestan su compromiso con el proceso de integración como forma de ocupar un lugar soberano en este mundo que se encuentra a merced del bloque hegemóncio integren a esas expresiones organizadas de la llamada sociedad civil a la hora de construir políticas de integración, de debatir los verdaderos alcances "desintegracionistas" del Tratado de Libre Comercio para la América (ALCA), en todas sus variantes, perseguido por Estados Unidos, y de fijar estrategias para que no sólo el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y otras formas de integración, sino América Latina misma sean posibles, a través de políticas que terminen realmente con el desempleo, la marginación y el hambre que afectan a la enorme mayoría de nuestras poblaciones.
APM.-