Declaración de Alerta Argentina
Derechos humanos ayer, hoy y siempre

Estamos aquí, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, para exigir la libertad de las presas y presos políticos y la amnistía de las procesadas y procesados durante manifestaciones de protesta social. Estamos aquí porque creemos que la defensa y el respeto de los derechos humanos constituyen un verdadero programa de lucha, que abarca no sólo el pasado, sino el presente y el futuro de los argentinos.

Valoramos que el gobierno de N. Kirchner haya asumido como política de Estado la condena de la violación de los derechos humanos realizadas durante la última dictadura militar, lo cual contribuyó a echar por tierra la "teoría de los dos demonios" que habían avalado los gobiernos anteriores, así como a impulsar una política de la memoria; dos inflexiones mayores intrínsecamente ligadas a la larga lucha desarrollada por las numerosas organizaciones de derechos humanos que actúan en nuestro país.

Pero este importante salto cualitativo no puede ni debe conducirnos a ignorar el contraste existente entre la política de condena de la violación de los derechos humanos en relación con el terrorismo de Estado de los años ´70, y la actual política de derechos humanos respecto del presente y el pasado reciente, la que en términos de "política de Estado" muestra no sólo una peligrosa continuidad respecto de las administraciones anteriores, sino un endurecimiento del contexto represivo y una profundización de la criminalización de la protesta.

En los últimos meses, la política del Estado argentino ha registrado una escalada represiva y una marcada judicialización del conflicto social, con respecto a los sectores más movilizados y postergados de la sociedad. Las autoridades han cruzado un umbral a partir del cual se burlan garantías jurídicas y se ignoran derechos constitucionales, para disciplinar y amenazar con la cárcel a una sociedad que sigue sumergida en su más profunda crisis histórica y en el momento en el cual se registra la peor distribución de la riqueza de los últimos 30 años.

El instrumento privilegiado de esta política es el Poder Judicial, quien a través de diferentes fallos, limita las garantías ciudadanas protegidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Esta justicia, que no tiene vendas sobre los ojos, ni balanzas, es un instrumento eficaz y coherente, que:

· Encarcela a quienes hacen uso de su derecho a manifestar libremente, utilizando policía disfrazada de civil o provocadores pertenecientes a los servicios de inteligencia estatales.

· Acusa a los manifestantes sin más prueba que el testimonio de los propios agentes policiales encargados de su detención.

· Fuerza figuras jurídicas para adjudicarle a las detenidas y detenidos delitos no excarcelables.

· Obliga a las personas así castigadas a sufrir otra condena cotidiana, al permanecer encarceladas en condiciones deplorables.

· Utiliza el poder estatal para perseguir a referentes de los grupos que reclaman, con el evidente propósito de descabezar esos conflictos, y no de solucionarlos.

· Busca dificultar y entorpecer la tarea de los abogados, a quienes los jueces engañan y eluden para generar situaciones de hecho que dificultan todo ejercicio razonable de la defensa.

· Amenaza con el desalojo a trabajadores que han recuperado fábricas que fueron vaciadas por empresarios fraudulentos, que casi siempre quedan sin castigo.

· Sostiene una política de "gatillo fácil" como una forma más de criminalización de la pobreza y de la juventud.

Los resultados de esta política represiva están a la vista: en la Argentina actual existen más de 4.000 procesamientos y más de 20 mujeres y hombres encarcelados por defender sus derechos, a quienes se le desconoce el estatus de presas y presos políticos. Que quede bien claro: ésta es la cifra más alta alcanzada bajo un gobierno democrático.

Por eso, venimos a denunciar públicamente y a exigir :

1. Que se reconozca el estatus de presas y presos políticos a todos aquellos que fueron privados de su libertad en manifestaciones públicas de reclamo social.

2. Que cese el forzamiento de la interpretación de los hechos que hacen los jueces en sus fallos para encuadrarlos en conductas o tipos penales a todas luces inexistentes y que están sentando precedentes jurídicos inaceptables, con el fin de procesar y encarcelar a quienes participan en manifestaciones públicas.

3. Que cese la persecución de las organizaciones sociales y sus referentes, ordenada a los Servicios de Inteligencia.

4. Que cese la participación de personal policial en manifestaciones públicas sin uniforme ni identificación.

5. Que se investigue las denuncias sobre torturas, abusos y malos tratos infligidos por el personal policial a las detenidas y detenidos durante las manifestaciones públicas.

6. Exigimos la investigación de todos los casos de "gatillo fácil" y el castigo de los responsables.

Por la libertad de quienes luchan contra el hambre, contra la desocupación y por la justicia social

Por una Argentina sin presas ni presos políticos

Por la amnistía y desprocesamiento de las luchadoras y luchadores sociales

Por el respeto de los derechos humanos, ayer, hoy y siempre

ALERTA ARGENTINA

www.alerta-salta.org.ar