Luego la toma de la empresa petrolera Oil que mantuvo en vilo a la localidad de
Las Heras y concluyó con un policía herido de bala y la detención de 25
desocupados que reclamaban trabajo, la magistrada que entiende en la causa
dispuso ayer una orden de captura contra 40 manifestantes que permanecían
"profugos" a última hora de anoche, informaron las autoridades.
Fuentes de la Municipalidad de Las Heras señalaron ayer que Ruatta de Leone dejó
la causa en manos de la titular del Juzgado Criminal y Correccional de Pico
Truncado, Cristina Lembeye, quien continuó con la toma de declaraciones
indagatorias a los detenidos.
Fuentes judiciales manifestaron a Clarín que las diez personas todavía
detenidas continuarán en dependencias policiales "hasta el juicio oral que se
les iniciará" dado que la magistrada "negó las eximiciones de prisión y el
otorgamiento de la libertad condicional".
En Las Heras, algunos pobladores se quejan de que se ha desatado una "caza de
brujas" en el pueblo -con la policía buscando casa por casa-, aunque voceros de
la fuerza lo negaron.
La noche del miércoles, alrededor de 65 personas tomaron la playa de tanques de
la firma Oil en la localidad de Las Heras (700 kilómetros al norte de Río
Gallegos) y fueron desalojados por fuerzas policiales después de que la jueza
Graciela Ruata de Leone ordenara el desalojo de la empresa subsidiaria de Repsol
YPF.
Se produjeron incidentes, varios manifestantes fueron detenidos -más tarde
liberados- y un efectivo policial se disparó accidentalmente un balazo de
goma de su Itaka en un pie. Los disturbios se produjeron tras la negativa de
la empresa de incorporar a los desocupados a la planta.
El oficial del Comando Radioeléctrico de Caleta Olivia, Manuel Robles, fue
derivado de urgencia al Sanatorio Bazterrica de Buenos Aires en donde se le
practicó la madrugada del jueves una compleja cirugía de reconstrucción de
tejidos y músculos del pie, informaron a Clarín desde la Unidad Regional
Norte de la Policía de Santa Cruz.
En la fuerza de seguridad no descartaron que a Robles se le fuera a practicar
una segunda operación debido a que el tiro salió a menos de diez centímetros del
miembro.
Desde el gobierno de Santa Cruz volvieron a denunciar la presencia de "infiltrados"
en el conflicto. "Los manifestantes no respondían a necesidades de trabajo sino
que violentaron un convenio que se había firmado para incorporar a desocupados",
consideró el ministro de Gobierno provincial, Juan Bontempo.
