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Argentina: La lucha continúa
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Juicio al escuadrón
Se desarrolló hoy en el Tribunal Criminal n° 1 de San Isidro la segunda jornada del juicio al escuadrón de la muerte de Don Torcuato, con la recepción de prueba en dos causas conexas que implican al Sgto. Hugo Alberto Cáceres por los delitos de tenencia de arma de guerra y amenazas. Por la tarde, las partes plantearon sus lineamientos para el debate sobre el homicidio de José Guillermo Ríos (16), y a esta hora están declarando dos testigos de identidad reservada en presencia sólo de las partes y el tribunal.
En la causa por tenencia de arma de guerra, declaró en primer lugar el fiscal de San Martín Dr. Scebba, quien relató que el 28 de diciembre de 2001 concurrió con dos funcionarios de la fiscalía y dos policías a un frigorífico abandonado a realizar una inspección en el marco de la causa que investigaba el doble homicidio de los menores "Monito" Galván y "Piti" Burgos, atribuida al Escuadrón. En esa oportunidad fue atendido por un vigilador privado de apellido Pereyra, vestido con camisa celeste, pantalón azul, zapatos acordonados negros y con una pistola Ballester Molina 11,25 en la cintura. En el lugar había un sofisticado equipo de radio VHF.
Sorprendido por el porte del arma, el fiscal requirió a Pereyra que la exhibiera, notando que tenía el número de serie limado, por lo que procedió a aprehender al individuo. Este se defendió afirmando que el arma le había sido entregada por Hugo Alberto Cáceres, para quien trabajaba. Curiosamente el propio Cáceres se hizo presente en el lugar, para decir al funcionario, textualmente, "esta vigilancia es mía, este hombre trabaja para mí", al tiempo que afirmó ser el dueño del arma y del equipo de radio, cuya base se encontraba en su domicilio. Cáceres, según el fiscal Scebba, le guiñó un ojo cuando le aclaró que "blanqueaba a través de la Agencia Tres Ases" la labor de vigilancia de su subordinado. Ambos terminaron aprehendidos y fueron indagados al día siguiente. Pereyra -que declaró ayer- ya fue condenado por la tenencia ilegal de arma de guerra en un juicio abreviado.
Terminado el testimonio del fiscal, el ex sargento Cáceres pidió la palabra, y en alrededor de tres cuartos de hora intentó demostrar que fue una víctima del fiscal Scebba, a quien acusó de haberle exigido que firmara su indagatoria -en la que se hace cargo del arma- con el argumento "firmás y te vas en libertad", frase que los pibes de los barrios están acostumbrados a escuchar de policías, pero que no es verosímil que sea acatada por un sargento experimentado, que no puede ignorar que está admitiendo un grave delito, máxime cuando estaba asistido por un defensor particular.
La estrategia de Cáceres quedó en la nada cuando ingresó a la sala el hoy fiscal de San Martín Germán Martínez, que como instructor intervino en el procedimiento de 2001. Martínez, para quien Cáceres no tuvo crítica alguna, reafirmó totalmente el testimonio incriminador del Dr. Scebba.
Respecto de la causa por amenazas, declararon Oscar Ríos, padre de "Nuni", y su hija Karina, quienes relataron que el 5 de enero de 2001, mientras pegaban carteles en el barrio denunciando el fusilamiento, fueron interceptados por los policías Puyó y Cáceres, profiriendo este último gruesas amenazas que los obligaron a abandonar el lugar. Los dos "vecinos" aportados por la defensa del "Hugo Beto" salieron de la sala con el pedido de la fiscalía de ser investigados por falso testimonio.
Finalmente comenzó la esperada etapa del homicidio, con la exposición de las partes de sus lineamientos para el debate. La Fiscal, Dra. Prada, anunció que intentará probar que el 11 de mayo de 2000 Cáceres y Puyó fusilaron a José G. Ríos cuando el menor se encontraba indefenso, escondido entre dos autos, modificando luego el escenario para simular un enfrentamiento; y que Cáceres poseía armas y proyectiles de tenencia prohibida. El abogado de CORREPI que representa a la familia Ríos, Martín Alderete, planteó, además, que reclamará condena por el homicidio calificándolo como agravado por alevosía, y que se probará que este fusilamiento es parte del accionar cotidiano del Escuadrón del que Cáceres era jefe.
Párrafo aparte merecen los lineamientos expresados por el Dr. Iglesias, defensor de Marcelo Puyó. Afirmó que esta causa fue inventada por la prensa amarilla y por el ministerio público, y se quejó de que la Procuración de la Corte "escuchó a los familiares de las presuntas víctimas, que eran todos delincuentes y drogadictos, de lo que sus padres son responsables". Evidentemente se refería el letrado a la Acordada de la Corte Provincial y al Informe de la Procuración que denunciaron 60 fusilamientos de menores de edad por la policía en el año 2001.
La audiencia se reanudará mañana a las 9:00, en Ituzaingó 340, San Isidro. Más información en unas horas en
