"Hasta que vinieron por mí...". Presos políticos en Argentina
¿Qué esperamos...?
Nora Ciapponi
Cimientos
La Asamblea de Parque Avellaneda ("La Alameda") en Capital Federal recibió la visita en la madrugada del sábado de un grupo de fascistas que intentaron penetrar en el edificio que se utiliza para dar de comer a más de un centenar de pobres y organizar los emprendimientos productivos. Rompieron los vidrios e incendiaron una bandera boliviana que junto a la argentina flameaba en el lugar, dando cuenta de que las necesidades no tienen fronteras. Los agresores estuvieron un tiempo prudencial, el suficiente para que pudiera llegar la policía, la que nunca se hizo presente.
En Caleta Olivia, luego de una violenta represión, fueron desalojados por la fuerza cerca de 80 trabajadores que protestaban en la playa de tanques del Consorcio Petrolero "Termap" y los que cortaban la Ruta 3. ¿Qué reclamaban? La libertad de los detenidos en el mes de Septiembre y el cumplimiento de los puestos de trabajo a los que las autoridades provinciales se habían comprometido y que no otorgaron. La represión y el desalojo terminaron con 40 detenidos (entre ellos dos mujeres embarazadas). Llama poderosamente la atención que una parte de los detenidos haya sido trasladado a dependencias del Ejército en Comodoro Rivadavia (?), otros a la Comisaría de Cañadón Seco (ambos lugares muy distantes de Caleta Olivia) y el resto a las mismas Comisarías de Caleta. Así se intenta dar un castigo ejemplar ya que los familiares tendrán todo tipo de problemas para trasladarse a visitar a los detenidos, como se los aisla para el reclamo por sus libertades. El operativo fue realizado por la Policía de la Provincia de Santa Cruz junto con la Brigada especial antidisturbios de la Gendarmería Nacional de General Acha, La Pampa, que está instalada en Caleta Olivia luego de la represión del 3 y 4 de Septiembre. Desde esa fecha hay 60 trabajadores procesados (a los que habrá que sumar los nuevos de este fin de semana) y la escandalosa cifra de 51 detenidos.
De los 15 detenidos por los incidentes del 16 de julio en la Legislatura (varios de ellos sin responsabilidad en los hechos), 11 están en Devoto. Según el informe de la comitiva de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que los visitó, se alojan en un pabellón con 400 presos, 68 camas y tres baños. Duermen en el piso y tienen que hacer tres horas de cola si quieren conseguir ¡agua para el mate!. De los baños, ni qué hablar...
Raúl Castells, con prisión preventiva por el supuesto delito de "extorsión" (5 a 10 años de prisión), sigue detenido en el Chaco a pesar de que nunca hubo denuncia del Casino que otorgó a su movimiento $ 11.000, y del pronunciamiento del fiscal Gustavo Muller que determinó que no hubo delito. Castells, en huelga de hambre, denuncia su evidente carácter de preso político, las penosas condiciones de reclusión que vive, como exige inmediata libertad. Sin embargo, la Jueza Susana Gutiérez rechazó un nuevo planteo de los abogados defensores en contra de la prisión preventiva.
Y podríamos continuar con una lista interminable de nuevos hechos, como son las detenciones de militantes del Partido Comunista en Neuquén por recoger firmas en la vía pública para la legalización de su Partido; el intento de detención de asambleístas en Capital Federal que pintaban paredones reclamando el Correo Estatal; el amenazante despliegue policial en la Estación de Constitución para impedir el bloqueo de las boleterías; el desalojo de los trabajadores de la Planta Gatic de Pigue; la represión a los remiseros cordobeses que reclamaban contra la diferenciación tarifaria con los taxis (los remises serán más caros), y un largo etcétera. Así, volvieron a ganar las calles policías de civil sin identificación preparados para detener fuera del escenario de los hechos a quien se les ocurra, las balas de goma, los gases lacrimógenos, la pintura
verde para identificación, las golpizas o los allanamientos, y especialmente el corolario que significó la aprobación de la ley de con vivencia votada por mayoría en el gobierno de la Ciudad que impide la venta ambulante, el ejercicio de la prostitución y las manifestaciones y/o actos de protesta sin permiso, entre otras reaccionarias medidas.
En la otra vereda y estos mismos días, el Juez Rubén Spessote cerró la causa judicial por el ataque policial a la comunidad Nam Qom, ocurrido el 16 de Agosto de 2002, cuando más de cien efectivos policiales (acompañados por autoridades judiciales) irrumpieron en la comunidad (ubicada a 10 kilómetros de la Capital de Formosa) buscando a presuntos autores del homicidio de un cabo y registrado el mismo día en un campo lejano. Llegaron provistos de armas de fuego, de noche, ingresando a las casas de numerosas familias y deteniendo a decenas de personas. El operativo duró ¡12 horas!, tiempo en el cual los indígenas recibieron golpes, insultos, amenazas y luego torturas en las comisarías, donde se denuncia, también se violó a una menor... ¡Todos quedaron libres de culpa y cargo!
Kirchner-Duhalde-Ibarra-Anibal Fernandez-Poder Judicial-Fuerzas de Seguridad
Es un hecho que se ha establecido una nueva coordinación a partir de la decisión del gobierno de reprimir la protesta social. Aquel insistente y repetido consejo que llamaba a Kirchner a reprimir cuando todavía goza de popularidad, ha triunfado en toda su expresión. Más, cuando se vive encuestando a la clase media –principal destinatario de las políticas de este gobierno- las que exigían un corte de la protesta, amenazando con socavar la popularidad del gobierno K.
Y si bien Aníbal Fernandez es el principal ejecutor de esta nueva política que acaba con los plañideros discursos de policías sin garrotes y sin balas, lo relevante es que ha sido articulada –como ejecutada- de manera conjunta y bajo el auspicio del mismo Presidente. No es casual que el Poder Judicial, mostrando una vez más su mentirosa independencia, está llenando de presos sociales las cárceles, ejecutando allanamientos, y montando causas que dejan en vilo a millares de trabajadores que reclaman por sus elementales derechos. Pero la coordinación es más amplia, e incluye a gobernadores, intendentes, y fuerzas de seguridad de todo pelaje. La colaboración de Duhalde para la implementación de esta coordinación ha sido inestimable, dada su influencia sobre un importante sector de gobernadores como intendentes del Gran Buenos Aires. Todo se ha hecho silenciosamente, sin estridencias, olvidando rencillas menores, pero indudablemente, con mucha efectividad.
Aquella que estuvo siempre instalada. Con Duhalde primero y con Kirchner después: la de hacer retroceder y/o eliminar todo vestigio de la rebelión que sacudió a la Argentina en Diciembre del 2001.
Y la respuesta que necesitamos no aparece
Aún cuando existan numerosos reclamos y luchas, debemos reconocer que la fuerza de las movilizaciones viene decayendo, y lo que es peor, ello se acrecienta porque no existe una respuesta organizada, unitaria y efectiva para responder a la nueva situación. Cada organización levanta a sus presos, denuncia los ataques, moviliza sus debilitadas fuerzas una y otra vez, sin articular una respuesta que convoque ampliamente para reflexionar colectivamente, rediscutir y rediseñar los métodos de lucha, especialmente para llegar a las fábricas, a los barrios pobres, a las numerosas organizaciones sociales y culturales existentes, a los colegios y facultades, donde se ignora ampliamente la mayoría de los preocupantes hechos que se vienen sucediendo. Así, ocupados sectorialmente por ir una y otra vez a manifestar, no somos capaces de articular una contraofensiva defensiva y unitaria que saque a luz lo que los medios ocultan, lo que permitiría motivar las reservas existentes en millones de argentinos que se niegan a naturalizar la miseria, como rechazan la vía represiva para quebrar la resistencia.
Nuestro país tiene una larga y rica historia de defensa de los perseguidos. Los familiares siempre cumplieron un fundamental papel para denunciar frente a toda la sociedad, como para unificar y ampliar las fuerzas, quebrando muchas veces la atomización y sectarismo de las propias organizaciones. Ellos supieron en muchas oportunidades –apoyándose en la inestimable fuerza del conjunto de las organizaciones- poner en vilo a las autoridades y lograr triunfos, no perdiendo ninguna oportunidad de reclamar y pedir solidaridad ante quien sea y más allá de cualquier ideología, acompañados por las organizaciones de derechos humanos o los abogados defensores, haciendo mil y una actividades que permiten desplegar la iniciativa de muchos otros que en sus lugares de trabajo, en sus barrios, en las plazas, en las paredes, se convierten en voceros de una poderosa campaña nacional que necesitamos imperiosamente organizar ya mismo por la libertad de los presos sociales y políticos, contra la represión a la protesta, y por el desprocesamiento de miles de luchadores.
