"Circuito petrolero" se lee en el local de la agencia de turismo que está en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, ubicado a unos 80 kilómetros de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Y el viaje -en auto o en micro- hasta esa localidad, al borde del mar, sobre la ruta 3, es la constatación empírica de lo que alguna vez forjó la cultura nacida alrededor de la explotación del crudo. A la derecha, el barrio General Mosconi y el Museo del Petróleo; a la izquierda, el Centro de jubilados y pensionados de YPF. Al frente, a la derecha, lo que fue la primera panadería de YPF; a la izquierda la proveeduría y el club social. Más adelante, las casas que pertenecieron a los administradores de la empresa estatal y a la izquierda... En el medio de lo que eran las construcciones de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales hay ahora un cartel de la Gendarmería. No debe ser casualidad.
"Marcha en Buenos Aires por los detenidos en Caleta Olivia -anunciaba una radio prendida a casi 1800 kilómetros de la Capital- Las detenciones fueron la semana pasada pero recién se conocieron hoy". Es decir: los periodistas de esa radio conocieron la noticia recién hoy.
La otra prueba palpable de la presencia petrolera en la zona es la desocupación.
Al frente, a la entrada de Caleta Olivia, están los tanques del consorcio petrolero Terminales Marítimas Patagónicas (TERMAP) que fueron ocupados por los manifestantes que en agosto pedían trabajo. Comenzaron los reclamos en la Municipalidad y luego de unos días se trasladaron a la planta petrolera. A la semana, el conflicto terminó con un acta de acuerdo con las autoridades de la ciudad que los gobernantes no cumplieron.
A los pocos días hubo una segunda ocupación que incluyó un desalojo violento, alrededor de cuarenta detenidos, tres nuevas personas presas (Luis Rojas, Miguel Ferreryra y Eliana Nuñez), dos denuncias por torturas y todo el perímetro de la playa de tanques rodeado por un segundo enrejado. Adelante, a derecha y a izquierda, un alambre enrulado que no es el de púa habitual sino uno que se usa en las trincheras, en la guerra, porque desgarra la piel.
Las denuncias por torturas se presentaron en la Fiscalía Nº1, a cargo del doctor Orlando Cadario. En un caso, la víctima fue Gabriela Chelme, una de las detenidas durante la represión del fin de semana, quien reconoció incluso a uno de los oficiales que la encapuchó, golpeó y amenazó con violarla. El policía denunciado es el oficial ayudante Pablo Méndez. La otra denuncia la presentó un hombre, al que en las dependencias policiales lo sometieron a un "submarino seco".
"En esta provincia hubo muchos paros y tomas contra las petroleras, que incluso las autoridades apoyaron. Las ocupaciones anteriores tuvieron resultados exitosos porque lograron trabajo y capacitaciones. Esta vez, en cambio, hubo un cambio de política que optó por la represión. Hasta ahora nunca había habido uso de la fuerza pública", explica el abogado Ramón Amaya. Es quien lleva las causas de Elsa Orozco, Selva Sánchez, Marcela Constancio, Mauricio Perancho, Federico Mansilla y Hugo Iglesias las seis personas que, desde hace un mes, están con prisión preventiva en tres comisarías distintas de Caleta. Dos de ellas fueron inauguradas en 2001 y tienen una placa con el nombre del entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner y otros funcionarios.
Mientras hablaba, el abogado miraba a través del espejito retrovisor a la camioneta blanca de seguridad privada que seguía a su auto, desde los alrededores de Termap.
En Caleta Olivia casi todos se conocen y eso hace burda cualquier maniobra. No hay simbolismos ni metáforas de cartón pintado. La justicia, por ejemplo, es lo que se ve: una construcción pequeña, endeble y oscura en cuya recepción están amontonados un colchón mal doblado, la puerta desvencijada de un auto, una silla con carpetita bordada en el asiento, dos marcos de ventanas, varias cajas y una botella aplastada de Pepsi. "Son los elementos del delito de la causa de la Municipalidad", aclara Amaya.
Y la justicia es también un juez -Marcelo Bailaque- que no contesta preguntas sino que repite, de manera circular, nervioso y en voz baja, la misma letanía: que él aceptó la entrevista como aceptó hablar con las Madres de Plaza de Mayo y con la diputada Patricia Walsh; que todos los casos parecen similares pero no son iguales; que hay que leer el expediente o preguntarle al abogado defensor; que él habla a través de sus resoluciones.
Enfrente, unos metros adelante, está la comisaría primera donde está detenido Federico Mansilla
Es que todo está cerca en Caleta: las comisarías entre las casas, el juzgado frente a la seccional, la municipalidad en la plaza, la playa de tanques alrededor de un barrio humilde. Y sin embargo la realidad de los detenidos es parte de otra dimensión, tan absurdamente lejos de la justicia, de las autoridades y de la cotidianidad de esa ciudad que duerme la siesta mientras en sus calles los gendarmes empiezan a ser parte del paisaje natural. Presencia fuerte y disuasoria en esta localidad que comienza a militarizarse bajo la mirada del enorme obrero de piedra -el Gorosito-, monumento emblemático de la ciudad.
Adelante, a la izquierda, unas mujeres limpian los restos de un afiche pegado en un poste de luz. "Este es el trabajo para las mujeres acá -señala Amaya- y no les pueden dar otro porque en esta ciudad no hay desarrollo industrial de ningún tipo"
Caleta Olivia, con una población de 40 mil habitantes, en su mayoría jóvenes y de familias numerosas, tenía 700 pobladores hasta que se produjo el boom petrolero de los años 40. Duró con fuerza hasta la década del 80 cuando se produjo un pico de crecimiento de la actividad pesquera. Hay caladeros de merluza y de langostino, pero tal como ocurre con el petróleo, son productos que van directo a la exportación. Las semejanzas no son casuales, tanto las petroleras como las pesqueras resultaron las mayores fuentes de precarización laboral de la zona: trabajo en negro, contratos temporarios, y la creación compulsiva de cooperativas, con las que las empresas evaden la relación de dependencia, las leyes y los derechos laborales.
En esta localidad santacruceña no se realiza ningún proceso industrial, de modo que la materia prima se elabora en el exterior o en otras provincias y vuelve a la ciudad encarecida y en escasa cantidad. De hecho la vida en esta zona del sur es un 40 por ciento más elevada que en Capital. Además, el mercado absorbe a muy pocos técnicos o personas especializadas. La mayoría de los habitantes de Caleta sobrevive con planes sociales o empleos precarios financiados por las autoridades provinciales y municipales.
Al volver por la ruta 3, la que estuvo cortada por los piquetes que acompañaron la última ocupación de Termap, los camiones de la pesquera Barillari -otra empresa que sufrió fuertes paros y protestas de sus trabajadores durante el 2003- avanzan también en dirección al aeropuerto de Comodoro Rivadavia. "Más adelante, a la derecha", indica amablemente la azafata, parada en la puerta del avión, mientras reparte ejemplares de La Razón que en una de sus páginas malinforma: "Quedan libres los piqueteros de Caleta". Ojalá.