Claudia Korol* para Adital

Mientras en los hogares se levantaban las copas del brindis, y el festejo del año nuevo buscaba el saludo familiar, el abrazo del amigo, la palabra compañera; en el noroeste argentino, en la provincia de Salta, ocho presos se hacinaban en la cárcel de Tartagal. Son los presos del petróleo. Son los condenados por el capital.
Otros tantos hombres y mujeres de Mosconi escapan de la injusticia ordenada por las multinacionales, por el gobierno despótico del menemista Juan Romero, y ejecutada por el Juez de Tartagal Nelso Aramayo (el mismo que se declaró incompetente en la causa por el asesinato del piquetero salteño Aníbal Verón).
El 20 de noviembre se inició la persecución judicial a los ex trabajadores de YPF que se habían movilizado a las petroleras para demandar que se les pague lo que se les adeuda en concepto de las acciones del Programa de Propiedad Participada (Ley 23696) y por jubilaciones.
La detención de los dirigentes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) desató la furia de la población, que ingresó a los edificios de las petroleras, Refinor y Tecpetrol, produciéndose choques y enfrentamientos con la gendarmería. En el marco de ese levantamiento, hubo destrozos en la sede de la multinacional Tecpetrol (perteneciente al grupo Techint), que la UTD denuncia que fueron realizados por provocadores policiales.
Días después, varios militantes de la UTD fueron detenidos por orden del juez Aramayo. Como en los tiempos de la dictadura, las fuerzas represivas ingresaron a los domicilios de los piqueteros, en operativos comando, golpeando a los detenidos y maltratando a sus familiares, entre ellos mayores y niños. Según denunció la abogada de derechos humanos Mara Puntano en declaraciones realizadas a la agencia COPENOA, "como es práctica en la Policía provincial desde que asumiera la Secretaría de Seguridad el Comandante Sergio Nazario, denunciado en el informe de la CONADEP como torturador en el campo de concentración El Vesubio, los detenidos por razones políticas o gremiales son llevados a dependencias policiales alejadas de los lugares de origen, a efectos de evitar la movilización de los sectores de protesta en reclamo de su liberación, y perseguir la desmovilización de los mismos por amedrentamiento."
Mientras tanto, la lucha no se ha detenido. En distintas actividades que son parte de un plan de lucha nacional, realizado el 13 de diciembre, los ex trabajadores de YPF han reclamado la reestatización de la petrolera (privatizada durante el gobierno de Carlos Menem), y la expulsión de las multinacionales saqueadoras del patrimonio nacional. "El petróleo es del pueblo", "Recuperar YPF para volver a tener trabajo", "13 de diciembre, jornada nacional de lucha en defensa del petróleo y los recursos naturales" fueron algunas de las consignas levantadas en aquella oportunidad. Mientras tanto, las promesas realizadas por el gobierno nacional de pagar lo adeudado, no se han concretado hasta la fecha.
La realidad es que los presos de Tartagal pasaron este fin de año aislados de sus familias, pagando de esta manera el precio que se cobran los gerentes del libre comercio de las multinacionales petroleras, las dueñas de la vida y de la muerte, las responsables de la pérdida de la libertad y del trabajo de millones de hombres y mujeres en el mundo.
Por esta sencilla razón, la batalla por la libertad de los presos del petróleo, es también una manera de decir No al Alca, no al saqueo de nuestros pueblos, no a las privatizaciones ordenadas por el gran capital.
Al levantar las copas del brindis, junto a los compañeros que hoy resisten en la prisión de Tartagal, afirmamos la convicción de que el nuevo año será un tiempo en el que deberemos conjugar simultáneamente, las palabras soberanía, dignidad, trabajo y libertad.

* Claudia Korol es corresponsal de Adital en Argentina.