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La "guerra del agua", que provocó sangre, violencia y luto en abril del 2000 en Cochabamba, Bolivia, se trasladó este 29 de agosto a las oficinas del Banco Mundial en Washington.
Allí, representantes de más de 300 grupos de la sociedad civil de 41 países de todos los continentes solicitaron, a una corte dependiente del Banco Mundial, que la transnacional Bechtel Corporation no esquilme impunemente a Bolivia 25 millones de dólares.
Bechtel pretende que el país más pobre de Sudamérica le pague esa millonaria suma por las ganancias que no logró cosechar, luego de que un levantamiento popular impidiera la elevación de las tarifas de agua para la población y la obligara a salir de Bolivia.
La acción legal de Bechtel está siendo procesado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, o ICSID en ingles), un tribunal internacional dependiente del Banco Mundial que celebra sus reuniones de manera secreta.
"Bechtel está demandando 25 millones de dólares de algunas de las familias más pobres del mundo", comentó Oscar Olivera, dirigente de la coalición ciudadana que se opuso a Bechtel.
"El hecho que una corte secreta del Banco Mundial esté preparándose para atender este caso, sin ninguna transparencia o participación de los afectados, es un ejemplo claro de las reglas económicas globales, amarradas para beneficiar a las corporaciones transnacionales a expensas de todos los demás", dijo.
Frente a esta acción de la transnacional, instituciones y organizaciones de la sociedad civil internacional se han organizado para respaldar a Bolivia. Entre ellas se incluyen organizaciones sindicales (por ejemplo, el Congreso Canadiense del Trabajadores, con mas de 2,5 millones de miembros, y la Internacional de Servicios Públicos, con mas de 14 millones de miembros afiliados); organizaciones medioambientales (por ejemplo Friends of the Earth); organizaciones de defensa de consumidores de Japón, Zambia y Public Citizen - la organización del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Ralph Nader; institutos de investigación (por ejemplo el Institute for Policy Studies en Washington, el Transnational Institute en Amsterdam, y el Integrated Social Development Centre en Accra, Ghana); y muchas organizaciones religiosas (como los Maryknoll de Perú, y el American Friends Service Committee de EEUU). También participan reconocidos personajes como la autora Naomi Klein, dirigente cívica y política canadiense Maude Barlow, y la científica y dirigente cívica india Vandana Shiva.
Estas organizaciones demandan que el panel de arbitraje haga público todos los documentos y reuniones del caso; que visite Bolivia para recibir testimonio publico; y permita a dirigentes y representantes bolivianos participar como partes afectadas en el caso.
La demanda de las organizaciones de la sociedad civil está acompañada de una petición formal de participación por parte de Oscar Olivera de la Coordinadora de Agua; Omar Fernández de la Federación de Regantes; Padre Luis Sánchez, miembro elegido del directorio de SEMAPA; y el diputado del MAS Jorge Alvarado, presidente de la brigada parlamentaria de Cochabamba.
Lo que fue la guerra del agua
A finales de los años 1990, el Banco Mundial exigió la privatización del sistema de agua de Cochabamba, tercera ciudad de Bolivia, con la amenaza de retener alivio a la deuda y otros fondos para el desarrollo.
En 1999, luego de un proceso de negociación directa, la Bechtel Corporation de San Francisco, EEUU, consiguió una concesión de 40 años para manejar el sistema de agua, pOR medio de un subsidiario formado para este propósito (llamado "Aguas del Tunari").
Para la operación de la concesión, se aprobó de manera oscura una ley que creaba un área de concesión, amenazando directamente los usos y costumbres en el manejo de agua de las comunidades campesinas en el Valle de Cochabamba.
A las pocas semanas, después da apoderarse del sistema de agua, Bechtel impuso un "tarifazo". Familias que subsistían con salarios mínimos de menos de 100 dólares al mes se enfrentaban con facturas de agua por más del 20 por ciento de sus ingresos mensuales.
El "tarifazo" provocó protestas masivas, que el gobierno boliviano reprimió con la declaración de un estado de sitio y el despliegue de miles de tropas especiales. Más de 100 personas resultaron heridas, y un joven de 17 años fue muerto. En abril de 2000, los gerentes de Bechtel en Bolivia abandonaron el proyecto.
Bechtel inició acciones legales contra Bolivia en noviembre de 2001, demandando 25 millones de dólares, suma muy por encima de lo que invirtió en los pocos meses de presencia en el país. La acción de Bechtel busca recuperar una porción de las ganancias futuras que esperaba la empresa.
Bechtel presentó su demanda contra Bolivia al CIADI bajo un tratado bilateral sobre inversiones entre Holanda y Bolivia. Aunque Bechtel es una empresa de EEUU, luego de hincar operaciones en Bolivia estableció residencia legal por medio de una casilla postal en Holanda, para aprovecharse del tratado de dicho país con Bolivia.
Las reglas del tratado entre Holanda y Bolivia son similares a aquellos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA), a la vez modelo para el tratado Área de Libre Comercio de las Américas, o ALCA.
Según comentó Sarah Anderson, Directora del Proyecto de Economía Global de la Institute for Policy Studies de Washington, DC, EEUU, "se ha dado una avalancha de apoyo a los bolivianos que demandan transparencia y participación en este caso. Muchas personas ya conocen este tipo de casos "inversionista-Estado" de la experiencia del TLCAN, y ven en estos casos uno de los ejemplos más extremos de los poderes otorgados a las empresas transnacionales".
"El caso de Bechtel contra Bolivia es un preámbulo de lo que podemos esperar si se aprueba el ALCA. El ALCA daría a los inversionistas extranjeros en todo el hemisferio el derecho de enjuiciar a gobiernos directamente sobre leyes o reglamentos que puedan reducir sus ganancias", advirtió Anderson.