5 de agosto del 2002
Medicina tradicional, patentes y biopiratería
Silvia Ribeiro
Se calcula que 80 por ciento de la población rural del Tercer
Mundo hace uso de plantas medicinales y recursos de la medicina tradicional
para la atención de su salud. Esto tiene sus raíces en el conocimiento
indígena y tradicional a través de siglos, y en la diversidad
de culturas que han cobijado y promovido su desarrollo. Siempre ha sido un conocimiento
colectivo y para el bien común, aun cuando se puede diferenciar conocimientos
generales - los que manejan la mayoría de los integrantes de una cultura-,
conocimientos especializados -los que tienen las personas que han desarrollado
particularmente este conocimiento, como parteras, yerberos, hueseros y otros-
y conocimientos sagrados -por ejemplo los de los chamanes-. Pero aun los conocimientos
de circulación culturalmente restringida, como el considerado sagrado,
son bienes colectivos y públicos en el marco de sus culturas, ya que
tienen funciones sociales.
Las plantas medicinales y los conocimientos sobre ellas no solamente son componentes
importantes de las culturas tradicionales, las comunidades rurales y una gran
parte de las poblaciones urbanas, sino que además han sido asiduamente
utilizados para el desarrollo industrial de medicinas. Entre 1950 y 1980, el
25 por ciento de las medicinas de receta vendidas en Estados Unidos se basaban
en fármacos derivados de plantas. Actualmente, 40 por ciento de las medicinas
que se encuentran en pruebas clínicas son también derivadas de
plantas. De éstas, tres cuartas partes están basadas en plantas
que eran utilizadas por indígenas, lo que permitió su posterior
"descubrimiento" por parte de empresas farmacéuticas. Se estima que el
valor económico total de los fármacos derivados de plantas en
Estados Unidos es mayor de 68 mil millones de dólares anuales.
Para las multinacionales farmacéuticas estos recursos y el conocimiento
asociado a ellos son una mina de oro, ya que los ven como la fuente potencial
de nuevos medicamentos para aumentar sus ya jugosas ganancias. El conocimiento
tradicional les significa un enorme ahorro de investigación, ya que les
indica qué recursos son más útiles y qué caminos
pueden tomar. En las últimas dos décadas, varios factores han
llevado a las empresas a intensificar la biopiratería de recursos y conocimientos
tradicionales. Uno de ellos son los cambios tecnológicos. Las nuevas
biotecnologías, la genómica, la bioinformática, la nanotecnología
y otras, han multiplicado las posibilidades de encontrar nuevos componentes
y/o nuevas aplicaciones de éstos. Otro factor es la universalización
del sistema de patentes, impuesto por medio de los acuerdos de propiedad intelectual
de la Organización Mundial de Comercio, que les permite privatizar mediante
el patentamiento recursos que eran públicos y colectivos, con sólo
alegar una transformación o adecuación de éstos en sus
laboratorios. Un tercero es el alto nivel de fusiones empresariales, que está
uniendo las multinacionales de semillas, agroquímicos, químicos
y farmacéuticos en un puñado de "gigantes genéticos" que
controlan cada vez más porciones de mercado.
Complementariamente, el Convenio de Diversidad Biológica, la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
recomiendan a los países "proteger" en sus normativas nacionales el conocimiento
tradicional, no por medio de lo que sería lógico, que es afirmar
la existencia de las culturas tradicionales y sus derechos integrales a la cultura,
la tierra, el territorio y los recursos, para que éstos sigan siendo
comunales y no puedan ser privatizados, sino mediante normar la firma de acuerdos
que permitan "compartir los beneficios" derivados del uso de estos recursos
y conocimientos por parte de las multinacionales u otras instituciones. Es decir,
legislando la privatización de los recursos, para obtener algún
mínimo porcentaje de regalías por las patentes sobre los recursos
que les roban. Yendo más lejos, estas instituciones internacionales también
proponen que los países propicien que las propias comunidades indígenas
y tradicionales patenten sus conocimientos y recursos, para poder comerciarlos,
o como "defensa" antes de que las multinacionales lo hagan.
Esta última es una recomendación particularmente perversa, porque
ha llevado a algunos grupos indígenas a creer que podría ser un
mecanismo útil. Esto nunca será así, porque los sistemas
de propiedad intelectual están diseñados para que solamente los
más grandes y poderosos puedan utilizarlos a su favor. El costo de registro
y mantenimiento de una sola patente en su vida útil es de varias decenas
de miles de dólares, o de cientos de miles si se registra para que sea
válida en Estados Unidos, Japón y Europa. Esto no garantiza de
todos modos que la patente no sea violada -¿como podría controlarlo una
comunidad?-, o que no se registren otras muy similares, con apenas algunos cambios,
o que otros levanten juicios contra la validez de esa patente y que para defenderla
haya que entrar en litigios costosísimos. Además, aunque lo hagan
personas indígenas (no puede ser una comunidad), seguiría siendo
una privatización, que incluso puede llevar a más conflictos entre
comunidades, ya que en general un remedio tradicional o un conocimiento o un
recurso no existe sólo en una comunidad o en una sola área, y
muchas veces ni en una sola cultura.
No se puede luchar contra la biopiratería negociando con los ladrones
un reparto de beneficios de lo que robaron, o usando sus mismos sistemas. Es
necesario combatir las causas que la sostienen, por ejemplo los sistemas de
propiedad intelectual y el avance y dominio de las multinacionales en la medicina
y la alimentación. Y afirmando al mismo tiempo los derechos integrales
de las culturas indígenas, campesinas y tradicionales, que son las que
verdaderamente pueden proteger esos recursos y seguir cuidando y produciendo
conocimientos para el bien común.