La Jornada Refiriéndose a la contaminación del maíz campesino en México, Michael Phillips, director ejecutivo de la Organización de la Industria Biotecnológica de Estados Unidos (BIO), recomendó el 10 de octubre pasado, en una entrevista a Mark Schapiro en The Nation, rendirse ante las evidencias y abrirse alegremente a la contaminación: "Si usted fuera el gobierno de México, espero que haya aprendido la lección: es muy difícil contener una nueva tecnología para que no pase sus fronteras, especialmente en un sistema biológico... Realmente al gobierno de México le incumbe subirse al proceso y ajustar su sistema regulatorio para que puedan empezar a aceptar estos productos y dar a sus agricultores la oportunidad de elegir".
BIO agrupa a las multinacionales productoras de semillas transgénicas y le parece adecuado decirle al gobierno mexicano lo que debería hacer y hablar sobre el bienestar de los agricultores.
La contaminación en México parece ser el mascarón de proa de la campaña que la industria biotecnológica reveló en enero de 2001, cuando su asesor Don Westfall declaró al Toronto Star, el mayor diario de Canadá, que "la esperanza de la industria es que con el tiempo el mercado esté tan inundado [de transgénicos] que no se pueda hacer nada. Lo único que podrán hacer será rendirse".
BIO presenta ahora la contaminación en México como una "oportunidad de elegir". Cuando la revista Nature publicó en noviembre de 2001 el artículo de los investigadores Chapela y Quist, mostró tal contaminación que científicos pagados directa o indirectamente por esta industria lanzaron una campaña para desacreditar los resultados y a los autores afirmando que no estaba probada la contaminación. Poco después, al ver el cortoplacismo de esta falacia, agregaron que "si" hubiera contaminación, aumentaría la diversidad de maíz y estaría brindado tecnología gratis a los campesinos mexicanos. Tecnología que los campesinos e indígenas mexicanos rechazan, que nunca pidieron y no sólo no tuvieron oportunidad de elegir, sino que fueron contaminados sin su conocimiento, por lo que corren riesgo de ser llevados a juicio por "uso ilegal" de los genes patentados y falta de pago de regalías -tal como ya es el caso de más de 460 agricultores en Estados Unidos y Canadá.
En una medida totalmente inusual, Nature se retractó meses después por haber publicado el artículo de Chapela y Quist, alegando fundamentos insuficientes de los autores. Un año después, aún no se ha hecho nada significativo para parar o revertir la contaminación, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Una extraordinaria y concertada proeza de la industria biotecnológica y sus amigos en los medios científicos y políticos para disfrazar lo sucedido y distraer a la opinión pública de la gravedad de los hechos. Han sido tan exitosos que han cambiado de táctica y van por el próximo paso: ahora la contaminación es tan obvia que sólo resta legalizarla, posición que casualmente coincide con el hecho de que Nature se negó a publicar un nuevo artículo científico confirmando altos grados de contaminación en Oaxaca y Puebla, resultado de estudios académicos independientes encomendados por el Instituto de Ecología de la Semarnat y la Conabio. Según la revista, los resultados eran demasiado obvios para merecer publicación (La Jornada, 22/10/02). En la misma lógica, la industria presiona para terminar la moratoria al cultivo de maíz transgénico en México y así poder continuar contaminando legalmente.
Sin embargo, BIO fuera de México impulsa lo contrario: el pasado 22 de octubre propuso normas voluntarias, más estrictas que las oficiales, para prevenir la contaminación genética en Estados Unidos y Canadá. Teme el escándalo y las compensaciones que debería pagar si la nueva generación de productos modificados genéticamente para producir fármacos, espermicidas y abortivos, químicos y plásticos contaminan los cultivos y la cadena alimentaria de esos países, tal como sucedió con la variedad de maíz transgénico Starlink, prohibida para el consumo humano, pero filtrada desde el campo hasta los supermercados y restaurantes.
El 2 de septiembre pasado la Universidad de Purdue publicó un informe diciendo que no existe regulación adecuada para garantizar que "una vez comercializados los transgénicos modificados para producir farmacéuticos o productos industriales no contaminarán los granos de uso alimentario en el mercado... No se puede asumir que tal contaminación se evitaría y tampoco se puede ignorar la posibilidad de que el ingrediente activo se exprese en forma tan concentrada que un solo grano podría sobrepasar los límites de exposición permitidos en alimentos".
BIO reconoce el riesgo -tener que indemnizar- y propone normas voluntarias para minimizar la contaminación en los principales cinturones de producción agroalimentaria en Estados Unidos y Canadá. El 22 de octubre un representante de la industria biotecnológica declaró al Washington Post: "Creo que todos estamos de acuerdo en que la industria no puede permitirse un Starlink II". Salvo en América Latina y Africa, donde han seguido enviando sus transgénicos, incluyendo Starlink, tanto en importaciones como en "ayuda" alimentaria. Allí no esperan demandas y la salud y el medioambiente no les importan. Por lo tanto, allí se llaman "oportunidades".
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