Martín Lozada
Al Sur del Sur

La Asociación Americana de Juristas estuvo presente en dos recientes oportunidades en los territorios palestinos ocupados por el Estado de Israel. Lo hizo en el mes de octubre de 2001 invitada por el Centro Palestino de Derechos Humanos y durante este mes de agosto, convocada por la Asociación Internacional de Juristas Democraticos. Dichas visitas se efectuaron en el marco de la segunda Intifada Al Aqsa, originada en la actitud desafiante asumida por el primer ministro Ariel Sharon, cuando el 28 de septiembre de 2000 ocupó junto a dos mil soldados israelíes el Monte del Templo, en la plaza de las mezquitas de Jerusalén. Su presencia en ese lugar sagrado para el mundo árabe constituyó una bofetada y un acto de manifiesta provocación.
A partir de entonces los palestinos se implicaron más decididamente que nunca en una rebelión anticolonial contra la ocupación. Por su parte, equipado con los más avanzados bombarderos de combate, helicópteros, tanques y misiles, Israel ha respondido atacando a un pueblo prácticamente desarmado, que no tiene fuerza aérea, ni artillería, ni ejército. Tal suma de violencia ha creado las condiciones idóneas para la propagación de los atentados suicidas contra personas o instalaciones israelíes, cuyo carácter criminal deriva del hecho de tener a la población civil como principal destinatario. Sin embargo, no es menos cierto que son la exacta contracara de la política gubernamental discriminadora y racista llevada adelante por Sharon, quien no desea la paz y realiza todo lo que le resulta posible para radicalizar a las facciones más extremas de la política palestina (1).
El interés de la Asociación Americana de Juristas en esta última visita a los territorios ocupados se centró, muy especialmente, en la situación de los actuales 8000 detenidos sujetos a la jurisdicción de los tribunales militares israelíes. Preocupa que los jueces militares puedan ejercer una gran discrecionalidad para retener personas sin imputarles ningún delito, ni juzgarlos por largo tiempo, y luego también sentenciarlos sin las garantías del debido proceso.
Según cifras oficiales, a partir del 27 de febrero de este año, en ocasión de las primeras incursiones realizadas por la Fuerza de Defensa Israelí (FDI), se detuvieron a unos 2.500 palestinos. El 17 de marzo, todos ellos, excepto 135, habían quedado ya en libertad. En el curso de una segunda serie de incursiones en gran escala efectuadas por la FDI en poblaciones palestinas durante la denominada «Operación Muro Defensivo», que comenzó el 29 de marzo de 2002, fueron detenidos más de 6.000 palestinos. Todos ellos sufrieron, en general, malos tratos, y muchos estuvieron recluidos durante semanas sin acceso a un abogado.
La mayoría de los palestinos que continúan detenidos se encuentran confinados sin cargos ni juicio, a menudo en aplicación de órdenes de detención administrativa que pueden ser renovadas indefinidamente. Hay convincentes indicios de que la mayoría han sido privados de su libertad en forma arbitraria y de que millares de ellos han sido humillados, maltratados y recluidos en malas condiciones, a modo de castigo colectivo por los ataques de grupos armados palestinos contra israelíes (2).
Los palestinos pueden ser detenidos hasta 18 días sin ser llevados ante un juez, e incluso ser privados de su libertad sin serle atribuído hecho delictivo alguno por un periodo inicial de 30 días. Término que puede ser extendido por un plazo máximo de 6 meses, y que contrasta con la suerte que puede correr, en cambio, un israelí en la misma situación. Este último sólo puede ser detenido sin imputación por un periodo inicial de 15 días, el que puede extenderse por un máximo de 15 días más.
Los prisioneros pueden también verse impedidos de tener contacto con sus abogados, debido a "razones de seguridad", por un máximo de 90 días a contar desde la fecha de su detención. Ese plazo es de 15 días tratándose de personas de nacionalidad israelí. Los palestinos son, además, usualmente encerrados en completo aislamiento durante este periodo inicial de detención.
Otro de los aspectos preocupantes consiste en el mantenimiento de los presos bajo un estricto régimen de incomunicación e indefensión. En ese sentido la Corte Suprema de Israel ha sostenido que los detenidos no tienen que ser informados sobre sus derechos durante los interrogatorios. El resultado es que la mayoría de aquellos desconoce que les asiste el derecho a permanecer en silencio y a no auto incriminarse.
El Caso de Ahmad Sa'adat
La Asociación Americana de Juristas mantuvo una extensa entrevista con el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), Ahmad Sa'adat, quien fue detenido el 15 de enero de 2002 por los servicios generales de información palestinos, tras imputarle la participación en el homicidio del ministro israelí de Turismo, Rehavam Ze'evi, en de octubre del año pasado. Su caso resulta paradigmático respecto del estrangulamiento legal que sufre el pueblo palestino en la actualidad.
A raíz de una petición elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Autoridad Palestina, que tiene su sede en Gaza, para que se dejara en libertad a Ahmad Sa'adat, se ordenó a los servicios generales de información palestinos que presentaran pruebas contra el detenido, pero no lo hicieron. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia ordenó que lo dejaran inmediatamente en libertad ya que no se habían presentado cargos en su contra, ni había sido llevado ante un juez. Sin embargo, al día siguiente, el gobierno palestino declaró que, aunque respetaba la decisión del Tribunal, Ahmad Sa'adat no debía ser puesto en libertad ya que los israelíes habían amenazado con asesinarlo.
Dicha amenaza había tenido origen, aparentemente, en unas declaraciones de Ra'anan Gissin, portavoz del gobierno israelí, que había advertido: "Si no es puesto en manos de la justicia, seremos nosotros quienes hagamos justicia con él. No se puede dejar libres a los asesinos". En este sentido vále destacar que la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) ha ejecutado extrajudicialmente a palestinos sospechosos de atacar a israelíes, y el 27 de agostó de 2001 mató en Ramallah a Mustafa Zabri (Abu 'Ali Mustafa), el anterior secretario general del FPLP, lanzando un misil contra él desde un helicóptero Apache.
Las presiones que en el ámbito legal ejerce el gobierno de Israel sobre la Autoridad Palestina resultan también ilustradas por la situación sufrida por Basel al-Asmar, 'Ahed Abu Ghalma, Majdi al-Rimawi y Hamdi Qar'an, acusados también del homicidio de Rehavam Ze'evi, y Fuad Shubaki, detenido sin cargos ni juicio en relación con la presunta utilización del barco Karine A para transportar armas a Gaza.
El 29 de marzo pasado se encontraban ellos en el interior de las oficinas del presidente Arafat cuando fueron atacadas por la FDI, permaneciéndo sitiadas durante un mes. Durante dicho período los cuatro individuos acusados del asesinato de Rehavam Ze'evi fueron allí juzgados por un tribunal especial que, tras un procedimiento manifiestamente arbitrario e injusto, les impuso penas de hasta 18 años de prisión. Una de las condiciones impuestas por Israel para levantar el sitio era que le fueran entregados los seis condenados. Y así se hizo el 1 de mayo en virtud de un trato por el que se dispuso que fueran trasladados a Jericó, donde continúan recluidos bajo la vigilancia de observadores británicos y estadounidenses.
El Juicio contra Marwan Barghouti
A mediados del mes de agosto pasado comenzó el juicio al más prominente activista palestino, el miembro de la Fatah, Marwan Barghouti, por parte de un tribunal civil israelí (3) . Pocos habían oído hablar de él antes de que diera comienzo la Intifada de Al Aqsa, hace ya 22 meses y medio. Pero desde entonces, Marwan Barghuti se convirtió en uno de los principales líderes de la revuelta contra la ocupación israelí.
A pesar de que el Shabak, el servicio de seguridad y espionaje interior israelí, haya presentado una larga lista de atentados presuntamente organizados o financiados por él, Barghouti sigue insistiendo en que nunca ha apoyado los ataques contra civiles en territorio israelí y que sus "acciones de resistencia" se circunscriben exclusivamente a los territorios palestinos, reservándose el derecho a oponerse a la ocupación ilegal. Lo cierto es que este profesor de literatura árabe de 43 años logró ganarse el aprecio de dos colectivos importantes: el de los trabajadores y el de los jóvenes.
El proceso judicial en su contra corre el riesgo de revertirse contra Israel si los abogados de Barghouthi logran utilizar los medios de prensa a su disposición para dejar expuestas ante el mundo las arbitrariedades procesales que debe enfrentar un acusado a la hora de defenderse. Entre otras, por ejemplo, que durante los juicios militares que se sustancian dentro de los territorios ocupados en Cisjordania y la Franja de Gaza, los jueces no están obligados a presentar a la defensa evidencias que la seguridad militar israelí considera como información clasificada.
Además de señalar que las cortes israelíes no tienen autoridad para juzgar a su cliente, miembro de la legislatura palestina, el equipo de abogados del imputado -entre quienes se encuentran juristas palestinos, árabes y europeos-, destaca el carácter "político" de su detención en el marco de un gran espectáculo montado por Israel para juzgar, en realidad, a la insurrección y al movimiento palestino contra la ocupación.
La defensa apunta así a subrayar la legalidad de quien lucha contra una nueva forma de dominación neocolonial, y a destacar que Barghouti fue ilegítimamente secuestrado por el poder de ocupación en áreas sometidas a la jurisdicción de la Autoridad Palestina. Se trata, por lo tanto, de un caso judicial que puede adquirir resultados inesperados, tal como terminar exhibiendo al mundo cuán reñida se haya con el derecho internacional la ocupación de los territorios palestinos (4).
Conclusiones
Entre las conclusiones a las que arribó la Asociación Americana de Juristas se destaca la violación de una serie plural de pactos y tratados internacionales oportunamente firmados y ratificados por el Estado de Israel. Entre ellos, la Cuarta Convención de Ginebra, que prohibe los arrestos masivos que sufre actualmente la población palestina, toda vez que los castigos no pueden recaer en forma genérica contra un pueblo o colectivo de personas por cuestiones tan sólo de pertenencia.
En ese sentido resulta elocuente la decisión de la Corte Suprema de Israel de autorizar la demolición, sin posibilidad de apelación o revisión, de todo domicilio o construcción propiedad de familiares de quienes se sospecha han llevado adelante atentados contra la población o el ejército israelí. La Corte se basa para ello en lo dispuesto por el artículo 119 de la Emergency Regulations de 1945, es decir, vigente en tiempos en los que el territorio se encontraba sujeto al mandato británico (5).
Pero también se viola, entre otros muchos -ver recuadro-, el artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también ratificado oportunamente por Israel. El mismo obliga a no realizar arrestos o detenciones arbitrarias, y en caso de que efectivamente se prive a una persona de su libertad, pues entonces impone la obligación de comunicarle los motivos legales que fundan la misma.
El pueblo palestino, sin embargo, inscribe su resistencia en la afirmación del derecho a la libre determinación de los pueblos generado en el mundo de posguerra y de sistemática aplicación en el proceso de descolonización que tuvo su auge en la década de los años sesenta del siglo pasado.
Resulta dificil entrever una salida pacífica a este conflicto sin que Israel se atenga, como requisito indispensable, al fiel cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas y al respeto de los pactos de derecho internacional humanitario. Es igualmente imprescindible el cese de la ocupación militar sobre Palestina y la retirada de los colonos israelíes que actualmente se encuentran estrategicamente radicados en su territorio.
Pero aún más. Será necesario el retorno de los refugiados y el reintegro de las propiedades confiscadas, así como el pago de una compensación justa y razonable a las víctimas de los numerosos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por el invasor. La paz en esta conflictiva región del mundo, como en tantos otros sitios, tan sólo puede resultar fruto de la justicia.
Notas
1.- Sobre las coincidencias entre la política aplicada en los territorios ocupados y los principios rectores del apartheid, ver "Informe de la Misión de la Asociación Internacional de Juristas Democraticos (AIJD) a los territorios Ocupados", octubre de 2001.
2.- Como consecuencia de ello Amnistía Internacional solicitó al gobierno israelí que estableciera una comisión independiente de investigación para examinar la detención arbitraria, el trato cruel, inhumano o degradante y las condiciones de reclusión que han sufrido muchos palestinos desde que comenzaron las incursiones del ejército israelí el 27 de febrero de 2002. En ese sentido ver: "Israel y los Territorios Ocupados:
Reclusión masiva de detenidos en condiciones crueles, inhumanas y degradantes", (Indice AI: MDE 15/074/2002/s), Amnistía Internacional, mayo de 2002.
3.- "Bitter Circus Erupts as Israel indicts a Top Fatah Figure", The New York Times, august 14, 2002.
4.- "Arab League to keep track of Barghouti case", The Jerusalem Times, august 9, 2002.
5.- "Israel/OT: High Court decision gives green light for collective punishment", Amnesty International Press Release, 6 august, 2002.

LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS
El Estado de Israel incumple actualmente una pluralidad de obligaciones emergentes de pactos y tratados de los cuales resulta signatario. Entre aquellas se destacan:
1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. (Artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
2.- Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (Artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
3.- Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación (Artículo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
4.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
5.- Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. (Artículo 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
6.- Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal (Artículo 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
7.- No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo (Artículo 33 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV), de 1949).
8.- Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial (Artículo 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes)
* Representante de la Asociación Americana de Juristas en la misión a los territorios palestinos ocupados por el Estado de Israel en Agosto de 2002