25 de septiembre del 2002

MediaLens
Traducido para Rebelión por Miguel Matilla

La siguiente carta fue puesta en circulación por Edward S. Herman, Anthony Arnove, Rahul Mahajan y David Peterson. También ha sido firmada y difundida por los editores de MediaLens.
Carta abierta al Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan y a los representantes de los Estados miembros, sobre la declarada intención de Estados Unidos de cometer agresión contra Irak
Estimados señores y señoras:
Aunque el gobierno de EEUU planea abiertamente una guerra contra Irak, los funcionarios y representantes de la ONU ni se han manifestado en contra ni han tomado ninguna medida que pudiera impedir a Estados Unidos embarcarse en este curso violento. Naciones Unidas fue explícitamente creada para "salvar a las generaciones sucesivas del azote de la guerra" (Preámbulo, Carta de la ONU) y "para tomar medidas colectivas efectivas para la prevención y eliminación de las amenazas a la paz..." (Artículo 1, 1). La Carta de la ONU condena los ataques unilaterales a través de las fronteras cuando no están justificados por la autodefensa, refiriéndose a la necesidad de rechazar un ataque en curso o claramente inminente. De lo contrario es obligatorio obtener un permiso del Consejo de Seguridad para cualquier acción militar de ese tipo. Cuando un país la emprende por sí mismo simplemente para reemplazar un régimen que desaprueba mediante la fuerza de las armas, esto es agresión, descrita por el representante de EEUU en los procesos de Nuremberg, Robert Jackson, como "el crimen internacional supremo que difiere solo de otros crímenes de guerra en que contiene dentro de sí el mal acumulado de la totalidad". La reciente afirmación de EEUU de un derecho a tomar parte en ataques "preventivos" sobre Estados, incluyendo a Irak, no obvia estas consideraciones – es otra expresión de un intento de violar la ley internacional.
Afirmaciones en relación con la persecución o actual posesión por parte de Irak de "armas de destrucción masiva" (ADM) no pueden justificar un ataque de EEUU, no más que un ataque iraquí sobre los Estados Unidos podría ser similarmente justificado basándose en la posesión por parte de EEUU de tales armas (y mucha mayor amenaza de su uso). Resoluciones existentes que abordan esta cuestión, tal como la Resolución 687 del Consejo de Seguridad de la ONU, no dan a Estados Unidos el derecho de lanzar un ataque sin la autorización expresa del Consejo de Seguridad. La idea de que Estados Unidos está amenazado por la presunta posesión por parte de Irak de ADM es insostenible. No hay evidencia de que Irak posea algún sistema de entrega de gran alcance, o de que su dirección sea tan irracional como para estar planeando acciones que desatarían toda la fuerza del poder militar de EEUU sobre su país.
Estados Unidos también carece de manos limpias en esta cuestión, ya que él y el Reino Unido facilitaron la adquisición y uso de ADM por parte de Irak en los años ochenta – incluyendo el abastecimiento por parte de EEUU de germen de semilla de alta calidad para el ántrax y otras enfermedades mortales – cuando Irak estaba librando una guerra contra Irán y servía a los intereses de EEUU. Estados Unidos también comprometió el trabajo de la Comisión Especial de la ONU para la inspección de armas (Unscom), usándola para el espionaje y retirándose de ella con antelación al bombardeo por parte de EEUU de Irak en diciembre de 1998. Más recientemente, como busca preservar su razón fundamental para ir a la guerra, Estados Unidos ha rechazado ofertas de Irak para negociar sobre la readmisión de los inspectores.
Bajo una fuerte presión de EEUU y del Reino Unido, la ONU impuso y ha mantenido sanciones a Irak durante la última docena de años, con el presunto interés de evitar la adquisición de ADM por parte de Irak. Pero el precio de esas sanciones ha sido pagado por millones de civiles inocentes, no por el régimen o sus líderes. El embargo ha puesto difícil para Irak recuperarse de la Guerra del Golfo de 1991, socavando su capacidad para reconstruir los sistemas de saneamiento y de tratamiento de aguas, fijados como objetivo y destruidos por el bombardeo de EEUU. Ese bombardeo deliberado violó el Artículo 54 del Protocolo Adicional de 1977 a la Convención de Ginebra.
Aunque el entonces presidente George Bush declaró en 1991 que "nosotros no buscamos... castigar al pueblo iraquí por las decisiones y políticas de sus líderes...(y) estamos haciendo todo lo posible, y con gran éxito, para minimizar los daños colaterales" (New York Times, febrero 6, 1991), los necesariamente devastadores efectos de tal bombardeo sobre los civiles fueron comprendidos al momento y, de hecho, deseados por los planificadores de EEUU. The Washington Post informó brevemente después de la guerra que "los planificadores dicen ahora que su propósito fue destruir o dañar instalaciones valiosas que Bagdad no pudiera reparar sin ayuda extranjera" (junio 23, 1991). Se sabe ahora que éstas incluyeron las instalaciones de tratamiento de aguas, cuya ausencia se entendió que "conduce a un aumento de incidentes, si no epidémicos, de enfermedad" (Defense Intelligence Agency, "Vulnerabilidades del tratamiento de aguas en Irak", enero 21, 1991, citado en Thomas Nagy, "El secreto detrás de las sanciones: cómo EEUU destruyó intencionadamente las reservas de agua de Irak", The Progressive, septiembre 2001. [1]). Arruinar estas instalaciones e impedir su reparación o reemplazamiento daría mayor influencia para la negociación, al intensificar los efectos adversos de las sanciones sobre el bienestar civil.
Como se señala en el informe recientemente confeccionado por más de una docena de grupos eclesiásticos y de derechos humanos, "Las sanciones de Irak: implicaciones humanitarias y opciones para el futuro" (agosto 6, 2002), "Los Protocolos de 1977 a las Convenciones de Ginebra sobre las leyes de la guerra incluyen una prohibición de los asedios económicos contra los civiles como método de guerra." En sus acciones concernientes a Irak, Estados Unidos, el Reino Unido y Naciones Unidas han violado esas leyes de la guerra de una manera sin precedentes históricamente. En un artículo en Foreign Affairs ("Sanciones de destrucción masiva", 78: 3 (mayo/junio 1999)), John y Karl Mueller sostienen que "las sanciones económicas bien pueden haber sido una causa necesaria de la muerte de más personas en Irak que las que han sido matadas por todas las así llamadas armas de destrucción masiva durante toda la historia." El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha documentado un incremento de la tasa de mortalidad infantil por debajo de los cinco años en Irak, de 56 a 131 por mil en los años de las sanciones (1990-1998), con un número estimado de víctimas infantiles de varios cientos de miles.
Habiendo contribuido a estas muertes masivas por medio de la guerra económica, Naciones Unidas permanece ahora silenciosa frente a una guerra de agresión contra Irak planeada abiertamente. La guerra será sangrienta y tendrá mucho más amplias, potencialmente catastróficas, repercusiones. Si el Secretario General y los miembros de Naciones Unidas no denuncian, se oponen e intentan detener lo que sería una agresión flagrante, ¿no estará claro que Naciones Unidas no es una institución que sirve para prevenir la guerra sino más bien un instrumento político de Estados Unidos y sus selectos aliados?
Animamos al Secretario General de la ONU y a los miembros de la ONU a actuar ahora o a encontrarse condenados como cómplices de agresión, en desafío de ambos, el claro lenguaje de la Carta de la ONU y los deseos de la inmensa mayoría de las personas del mundo.
Nota del traductor:
El artículo de Thomas J.Nagy fue traducido al español y reproducido en Rebelión [Veualternativa], en octubre de 2001:
http://www.rebelion.org/internacional2.htm