La Jornada, México

Representantes de comunidades y organizaciones de médicos tradicionales pertenecientes a 31 pueblos indígenas de 20 estados del país, participantes en el Foro nacional en defensa de la medicina tradicional, decretaron hoy "moratoria unilateral a toda actividad de investigación, exploración o prospección de los recursos naturales" que se hallan en sus territorios.
El plazo se extendería "en tanto no se generen condiciones globales pactadas con los propios pueblos indígenas que permitan el aprovechamiento libre y universal de dichos recursos y saberes".
Exigieron además al gobierno federal, moratoria indefinida para la introducción de maíz transgénico, "con independencia del uso al que se destine", y que se canalicen fondos federales al rescate de las semillas nativas de maíz que están siendo contaminadas por las transgénicas.
Asimismo llamaron a todas las comunidades indígenas y al pueblo de México a desacatar las leyes y políticas del Estado mexicano, actuales o que quisiera imponer en lo futuro, que buscan restringir el ejercicio libre de la medicina tradicional, "pues no fueron consultadas a nuestros pueblos como es obligación del Estado mexicano por mandato del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo".
Dichas leyes y políticas "únicamente favorecen a las grandes empresas farma-ceúticas mundiales", se afirma en la Declaración final de M'enhuani, aprobada al término de la plenaria, en la que estuvieron presentes unas 700 personas, tanto de organizaciones sociales y de médicos tradicionales indígenas, como de organizaciones no gubernamentales no indígenas.
Esterilizaciones forzadas
Durante el foro, cuyos trabajos duraron tres días, parteras tradicionales de Chiapas, Michoacán y Oaxaca denunciaron prácticas de esterilización forzada por médicos del sector salud, y que la prueba de Papanicolau que exige a las indígenas el programa Progresa-Oportunidades, se ha convertido "en una tortura física y sicológica a cambio de unos pesos", con la amenaza de retirarlas del Progresa si no permiten que se les practique.
En la citada declaración final se rechaza también "cualquier sistema de propiedad intelectual que permita la apropiación privada para la explotación o aprovechamiento exclusivos de la biodiversidad y del conocimiento, tradicional o no, ligado a ella, con independencia de quienes pudieran favorecerse con dicho sistema, ya sean empresas privadas, países megadiversos o aun comunidades indígenas".
Hacen un llamado a todos los pueblos indígenas de México a fortalecer su autonomía, a establecer formas de constrol territorial surgidas desde las comunidades, a la consolidación y desarrollo de la cultura y medicina propias, y al intercambio de saberes y conocimientos tradicionales entre pueblos hermanos indígenas.
Se subraya además que "la actual propuesta de la Organización Mundial de la Salud, y del propio gobierno mexicano, para obligar al registro oficial de médicos y de fármacos tradicionales, no tiene otro fin que la coptación, cuando no la destrucción de la medicina tradicional y la expropiación de la biodiversidad y conocimientos tradicionales actualmente existentes en nuestros pueblos".
En la relatoría de la mesa uno se consigna que actualmente parteras de 16 comunidades de Chiapas "tienen una campaña para rechazar la realización del Papanicolau, ya que cada vez hay más casos de mujeres que se infectan, sangran y llegan a fallecer por el examen mal aplicado. Pero además es una tortura sicológica que refuerza la dependencia de las migajas del gobierno. El cáncer se ha convertido en una amenaza para las mujeres indígenas, pues además podría serles retirado el Progresa, ahora Oportunidades".
Igualmente se denunció como "genocidio" la práctica de esterilizaciones forzadas, colocación de dispositivos intrauterinos (DIU) sin consentimiento de las afectadas, y la aplicación de ampolletas anticonceptivas en el marco del mismo programa, además del reparto de alimentos como "dulces de amaranto del DIF con sal nitro" y "pollos llenos de hormonas que hacen que las niñas empiecen a menstruar cada vez más pronto".
Se califica además de "pornografía" la exhibición de videos "supuestamente para ilustrar los procesos de reproducción sexual humana, fuera de contexto, carentes de toda explicación", que se muestran a adolescentes indígenas en el contexto del Progresa.