VOLVER A LA PAGINA  PRINCIPAL
Medio Oriente

11 de septiembre del 2002

Los derechos palestinos en la trituradora:
El acuerdo Nusseibeh-Ayalon

Ali Abunimah
The Electronic Intifada
Traducido para Rebelión por Germán Leyens

Que los detalles del propuesto acuerdo final de paz israelí-palestino alcanzado por el representante de la OLP en Jerusalén, Sari Nusseibeh, y Ami Ayalon, antiguo jefe de la policía secreta israelí "Shin Bet" hayan sido publicados en Ha'aretz sin la firma de un reportero, sugiere que el documento es realmente la obra de los dos autores ("El Acuerdo Nusseibeh-Ayalon: Borrador Final de la Carta Adjunta," 3 de septiembre de 2002).
El contenido del 'acuerdo' revela una vez más la vergonzosa presteza con la que algunos palestinos están dispuestos a abandonar los derechos palestinos más fundamentales, tragándose por completo los argumentos israelíes de que la realización de esos derechos no es práctica, mientras se logran al mismo tiempo virtualmente todos los objetivos de Israel.
Muchas de las ideas del documento Nusseibeh-Ayalon son las mismas vagas nociones de Camp David del mantenimiento de los asentamientos israelíes, y su anexión a Israel, de un estado palestino desmilitarizado "basado en" las fronteras de 1967, y de Jerusalén como una 'ciudad abierta'.
Escondidas tras el lenguaje conciliatorio hay generosas recompensas para Israel, todas a costa de los derechos básicos, inalienables, del pueblo palestino. Según el borrador de acuerdo:
"El pueblo palestino y el pueblo judío reconocen los derechos del otro respecto a la misma tierra. El pueblo judío ha deseado durante generaciones establecer un estado judío en todas partes de la Tierra de Israel, y el pueblo palestino igualmente ha deseado establecer un estado en todas partes de Palestina."
Por lo tanto, se pasa a ignorar simplemente que los palestinos formaban una abrumadora mayoría de la población de Palestina, y que habían vivido en su tierra nativa durante siglos antes del establecimiento de Israel por un movimiento colonial extranjero, y que tres quintos de los palestinos fueron obligados a abandonar más de cuatrocientas ciudades y aldeas que fueron destruidas y despobladas por las fuerzas sionistas en 1947-1948. En cambio, este lenguaje sorprendentemente engañoso trata a israelíes y palestinos como si fueran igualmente extranjeros, y como si unos y otros hubieran llegado a Palestina de alguna otra parte con aspiraciones igualmente legítimas de establecerse en un país que no era poseído por ninguno de los dos.
Aunque trata de dar la impresión de que coloca a palestinos y judíos al mismo nivel, este lenguaje hace en realidad todo lo contrario. Su aceptación obliga a los palestinos a olvidar todo sobre su historia y sobre lo que les ha sido infligido por el movimiento sionista, que desde sus primeros movimientos habló de 'transferencia,' así como su presente realidad como un pueblo desposeído, exiliado y subyugado. Simultáneamente nos pide que coloquemos la mitología y las aspiraciones sionistas-judías al frente de nuestras conciencias y prioridades. Logra su "equilibrio" sólo mediante una semejante falsificación de la historia.
Para Nusseibeh, también presidente de la Universidad Al-Quds, el que ponga su firma bajo un documento que reivindica que "los vecindarios árabes en Jerusalén estarán bajo soberanía palestina," mientras que "los vecindarios judíos" estarán "bajo soberanía israelí" suena bastante razonable. Pero es simplemente una repetición de la fórmula adoptada por el Presidente Clinton en diciembre de 2000. Lo que significa, en breve, es que simplemente se permite que Israel se quede con todas las colonias que estableció ilegalmente y por la fuerza, sobre tierra palestina expropiada dentro y alrededor de Jerusalén ocupado desde 1967. A los palestinos se les daría sólo un control parcial del resto.
Naturalmente, mientras Jerusalén Este es divisible hasta el infinito y grandes segmentos serán entregados a Israel, a costa de los palestinos, no hay caso de que los palestinos recuperen parte alguna de sus tierras y derechos en Jerusalén Oeste, de donde más de 30.000 fueron expulsados en 1947-1948.
Lo más perturbador es lo que el acuerdo dice sobre el derecho de retorno de los refugiados palestinos a sus hogares:
"Derecho al Retorno: Reconociendo el sufrimiento y la situación difícil de los refugiados palestinos, la comunidad internacional, Israel y el estado palestino establecerán y contribuirán a un fondo internacional para compensar a los refugiados. Los refugiados palestinos retornarán sólo al estado de Palestina; los judíos retornarán sólo al Estado de Israel."
Una vez más, tras la apariencia del equilibrio, está la destrucción de derechos humanos fundamentales. El derecho al retorno está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala que "Todos tienen el derecho a abandonar cualquier país, incluyendo el propio y de retornar a su país." Décadas de jurisprudencia internacional apoyan este principio. Después de su expulsión y fuga en 1947-1948, este principio fue específicamente aplicado a los palestinos en la Resolución 194 de la ONU que declara que:
"se debe permitir a los refugiados que deseen retornar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos que lo hagan lo más pronto posible, y se debe pagar una compensación por la propiedad de aquellos que decidan no retornar... ."
El derecho al retorno está tan bien arraigado en el derecho internacional desde la II Guerra Mundial que recientemente algunos expertos legales israelíes han recurrido a la semántica para tratar de evadirlo. Pretenden que ya que la Resolución 194 no utiliza en realidad la palabra "derecho" y dice sólo que "se debe" permitir el retorno, se trata sólo de una sugerencia amistosa y no de un requerimiento legal.
Si semejante sofistería sin sentido fuera a ganar una amplia aceptación, toda clase de derechos básicos desaparecerían en una bocanada de humo. Por ejemplo, se podría fácilmente afirmar que porque la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos no utiliza en absoluto la palabra "derecho" en conexión con la libertad de expresión, de prensa y religión, mientras utiliza específicamente esa palabra para otros asuntos, la Corte Suprema y el pueblo estadounidense han estado equivocados durante siglos y que se trata sólo de una sugerencia amistosa de que se debiera proteger esos derechos.
No sólo expresa claramente la Resolución 194 de la ONU la intención de sus autores y aprobadores (entre ellos se encontraba Estados Unidos) de reconocer el derecho al retorno de los palestinos, no a un "estado palestino" sino a sus casas, estén donde estén, sino que relaciona ese derecho con el logro de la paz, ya que ese derecho ha de ser ejercido por los refugiados "que deseen vivir en paz con sus vecinos."
A pesar de esto, el movimiento sionista ha logrado poner cabeza abajo esta resolución y convencer a mucha gente, aparentemente algunos en lo que queda de la dirigencia palestina, de que puede haber derecho al retorno o paz, pero no las dos cosas. La aceptación de esta lógica significa, aceptar la premisa sionista de que la exigencia israelí de que debería poder mantener una mayoría judía aunque sea a costa de la justicia más elemental, de los derechos humanos y de la democracia, debiera ser el objetivo primario de todos, incluyendo a los palestinos.
Mientras virtualmente todos los israelíes niegan el derecho de los palestinos de retornar a sus hogares. Israel ahora exige que los palestinos reconozcan que Israel tiene "derecho a existir como estado judío". Esto no tiene base alguna en ninguna ley o principio de justicia. Incluso si los palestinos reconocen a Israel como un estado judío, nadie puede darle derecho a mantener eternamente una composición demográfica específica –una mayoría judía. Esto último significaría que si los procesos naturales de crecimiento de la población, de la inmigración y de la emigración influenciaran la composición demográfica y afectaran el "derecho" de Israel a tener una mayoría judía, se llegaría a permitir a Israel que alterara su propia composición demográfica.
¿Cómo lo lograrían? La 'transferencia' –limpieza étnica- vuelve a ganar en popularidad, pero ya se han discutido otras medidas en Israel que incluyen que se niegue la ciudadanía a niños de no-judíos nacidos en Israel, o que se limite la cantidad de niños permitidos a los no-judíos. Si llegaran a aceptar esas medidas, entonces, lógicamente lo mismo podría ocurrir con la esterilización forzada de no-judíos. Después de todo, si Israel tiene "derecho" a mantener una mayoría judía, entonces este derecho debe ser impuesto, o carece simplemente de sentido.
Es difícil que una exigencia semejante sea tratada con otra cosa que horror en cualquier otro contexto. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si Francia insistiera en que tiene el 'derecho de existir como un estado de un pueblo europeo del Norte, de origen franco'? ¿Y qué sucedería si Francia anunciara que para ejercer este derecho podría "repatriar" a ciudadanos franceses de origen norteafricano, denegar la ciudadanía a sus hijos, y no permitir su reingreso al país si lo abandonan, etc.? En realidad es exactamente lo que defiende Jean-Marie Le Pen, y sabemos lo que el electorado francés, el mundo, e incluso Israel pensaron al respecto. Podría decirse que la exigencia de Israel es aún más extrema porque reivindica el "derecho" a limitar la existencia misma, no de una comunidad cuyos miembros originales llegaron a Israel como inmigrantes, sino de personas indígenas del país.
Bajo el disfraz de la simetría y de la igualdad, el acuerdo Ayalon-Nusseibeh elimina el derecho de un palestino nacido en Palestina a volver a casa, mientras consagra el "derecho" de una persona que nunca ha estado en Palestina/Israel a llegar y establecerse allí sólo porque Israel dice que esa persona es un judío. En realidad no hay concesión israelí alguna cuando el documento indica que los judíos podrán "retornar sólo al Estado de Israel," ya que la vasta mayoría de los nuevos inmigrantes bajo la Ley del Retorno de Israel no van realmente a los asentamientos en los Territorios Ocupados, y los que quieran hacerlo aun podrán hacerlo ya que la mayor parte de los asentamientos serán simplemente anexados por Israel.
De un plumazo se absuelve a Israel de su responsabilidad histórica y primaria por la expulsión y la fuga de personas indígenas de Palestina, y es reducido a ser sólo un donante más a un fondo internacional para "compensar" a los refugiados. Agregar a Palestina a la lista de donantes es otro error garrafal sorprendente que sugiere que palestinos e israelíes son igualmente responsables de la creación del problema de los refugiados palestinos.
Ante semejantes intentos de sus propios dirigentes de liquidar sus derechos, los palestinos deben reafirmar en todos los foros que la paz requiere que el derecho al retorno sea realmente implementado para los refugiados que lo deseen. Los refugiados palestinos no son desechos humanos, ni obstáculos a la paz, sino personas con vidas e historias, personas cuyas vidas han sido puestas en el congelador mientras generaciones de israelíes florecen y prosperan en las ruinas de la sociedad palestina. Si se va a lograr la paz, debe ser hecha entre iguales. Eso significa que el derecho de los israelíes a vivir en paz y seguridad según sus propias tradiciones y costumbres no puede ser asegurado a costa de los derechos de los refugiados palestinos.
Los que creen en la paz con justicia, deben reafirmar el espíritu de la Resolución 194, que además de garantizar el derecho de los refugiados al retorno a sus sitios de origen, no significa ni más ni menos que el que haya dos pueblos que vivan juntos como vecinos en paz, libertad e igualdad. Cómo Israel pueda haber logrado convencer a Sari Nusseibeh, entre otros, de que la implementación de esta visión realizable, justa y deseable, equivale al "suicidio nacional" de los israelíes, para utilizar la expresión común, es un desconcertante misterio.
Más deprimente aún, es que el documento Nusseibeh-Ayalon no es el primero de su clase. , Lo precedieron el plan Beilin-Abu Mazen y el plan Abu Ala-Peres de declarar un estado palestino en un pequeño porcentaje de los Territorios Ocupados que fueron brevemente controlados por la Autoridad Palestina. Los que se empeñan en esos flirteos disfrazan su peligroso juego con los derechos palestinos, y lo hacen sin un mandato de los que pretenden representar, sobre la base de que son simples iniciativas individuales. La realidad es que son auténticos balones de ensayo, aprobados al más alto nivel, sobre todo del lado palestino, destinados a probar hasta dónde los palestinos pueden ir en sus concesiones a Israel. El que los dirigentes palestinos no rechacen enérgicamente estos dudosos métodos, y que no impidan que individuos no autorizados jueguen con los derechos de un pueblo, es una evidencia más de su complicidad.
Este tipo de juegos con las vidas y los derechos fundamentales de la gente durante todo el proceso de Oslo, llevó directamente al estallido de la Intifada. Si se sigue por este camino no sólo se destruirá lo que pueda quedar de fe de los palestinos en sus dirigentes, también se enterrarán las posibilidades que puedan seguir existiendo para una genuina reconciliación y una coexistencia pacífica entre palestinos e israelíes en el futuro.
7 de septiembre de 2002