Amnistía Internacional

"El hecho de que el gobierno de transición de Burundi no condene los homicidios de civiles cometidos cada vez con mayor frecuencia por sus fuerzas armadas equivale a consentirlos, en lo que hoy es ya una práctica consolidada" afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy, titulado Punishing the population - reprisal killings escalate.
En el informe se documenta la muerte deliberada de cientos de civiles hutus desarmados a manos del ejército burundés como represalia por la actividad militar de los grupos políticos armados dominados por hutus. Algunos ejemplos son la matanza de 30 personas perpetrada en la provincia de Bubanza en febrero de 2002, otra de 23 personas en la provincia de Bujumbura Rural en marzo, y otra de 27 personas en Bubanza cometida en abril. Algunos de los niños que había entre las víctimas habían sido atravesados con bayonetas o quemados hasta morir.
No hay noticia de que las autoridades estatales hayan investigado ni condenado públicamente estas masacres.
En el informe se condenan también los numerosos abusos contra los derechos humanos perpetrados por los grupos políticos armados, como la masacre de 18 civiles indefensos —entre los que había seis niños y un recién nacido— cometida en la provincia de Bururi en noviembre de 2001, o los homicidios reiterados de civiles desarmados en el curso de múltiples emboscadas sobre vehículos de transporte civil. Los grupos políticos armados siguen matando de forma ilegítima a personas que se niegan a hacer contribuciones económicas a sus organizaciones, así como a presuntos delatores y soldados capturados.
«Las fuerzas del gobierno y los grupos políticos armados que se enfrentan a ellas siguen mostrando un cínico desprecio por la vida de la población. No se puede utilizar el conflicto armado para justificar, consentir o ignorar abusos generalizados contra los derechos humanos. La población de Burundi ya ha sufrido mucho durante demasiado tiempo, y esto tiene que acabar» afirma Amnistía Internacional.
Las fuerzas gubernamentales y los grupos políticos armados deben tomar medidas inmediatas para poner fin a los homicidios ilegítimos. El gobierno de transición de Burundi debe reforzar las instituciones del Estado para mejorar la rendición de cuentas y acabar con la impunidad de las fuerzas gubernamentales por las gravísimas violaciones de derechos humanos que han cometido. No hacerlo sólo servirá para perpetuar la crisis de derechos humanos y la guerra civil.
Amnistía Internacional ha pedido también a los jefes políticos y militares de los movimientos políticos armados que asuman su parte de responsabilidad en la crisis de derechos humanos de Burundi y tomen medidas inmediatas para condenar los abusos cometidos por sus fuerzas y evitar nuevos ataques contra civiles desarmados.
La publicación del informe coincide con las consultas en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Burundi. Amnistía Internacional ha pedido específicamente al Consejo de Seguridad que tome medidas destinadas a garantizar que las preocupaciones en materia de derechos humanos son parte integrante de las negociaciones en curso, que persiguen la declaración de una tregua y el cese de las hostilidades en Burundi, así como de los restantes esfuerzos para establecer la paz y la seguridad en la región de los Grandes Lagos.
En concreto, la organización considera que el Consejo de Seguridad debería expresar honda preocupación por la escalada de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas armadas burundesas y por los numerosos abusos contra los derechos humanos cometidos por los grupos políticos armados desde principios de año. La organización ha pedido al Consejo de Seguridad que haga un llamamiento al gobierno de Burundi y a los máximos dirigentes de los grupos políticos armados para que respeten las normas del derecho internacional humanitario, y para que condenen y acaben con todas las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas gubernamentales y con los homicidios ilegítimos perpetrados por los grupos armados.
Información general
Tras la toma de posesión del gobierno de transición de Burundi en noviembre de 2001, el conflicto armado se recrudeció en todo el país. En ese contexto se han cometido graves abusos contra los derechos humanos y las matanzas de civiles desarmados han ido en aumento, lo que pone de manifiesto la fragilidad del proceso político y el hecho de que todas las partes enfrentadas siguen menospreciando los derechos humanos.
El gobierno de transición de Burundi y los grupos políticos armados han expresado su compromiso con los derechos humanos. Pero, de momento, la escalada de abusos contra los derechos humanos en el país, así como el hecho de que no se tomen medidas eficaces para resolver la crisis de derechos humanos, restan credibilidad a sus declaraciones