La situación de los derechos humanos siguió siendo grave en buena parte de Oriente Medio y del Norte de África, donde imperó la impunidad y a las víctimas y sus familiares se les continuaba negando justicia. Entre las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en muchos países de la zona figuraban las ejecuciones judiciales y extrajudiciales, el uso generalizado de la tortura y los juicios injustos, la intimidación a los defensores de los derechos humanos y las restricciones a la libertad de expresión y de asociación.
Las fuerzas de seguridad israelíes mataron a más de 460 palestinos, entre ellos 79 niños y al menos 32 personas que fueron el objeto de asesinato selectivo. Los grupos armados palestinos mataron a 187 israelíes, de los que 154 eran civiles y al menos 36 niños.
Miles de palestinos fueron detenidos, recluidos a menudo en régimen de incomunicación, a veces durante varios días, y, según informes, fueron víctimas de tortura y malos tratos.
Las autoridades israelíes mantuvieron clausuras estrictas sobre pueblos y ciudades palestinas y al menos 350 viviendas palestinas fueron destruidas y 29 personas murieron debido a que se retrasó su acceso a los hospitales.
Centenares de presuntos «colaboradores» de Israel y decenas de presuntos miembros de grupos armados de oposición fueron detenidos por la administración de la Autoridad Palestina.
Siguieron siendo frecuentes los informes sobre torturas infligidas por varias fuerzas de seguridad palestinas y tres hombres murieron bajo custodia en circunstancias que sugerían que la tortura pudo haber contribuido a su muerte.
En Argelia, donde se mantenía en vigor el estado de excepción impuesto en 1992, centenares de civiles, entre los que también había mujeres y niños, murieron víctimas de grupos armados que se definen como «grupos islámicos». Por su parte, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a decenas de civiles durante las manifestaciones antigubernamentales. Centenares de miembros de las fuerzas de seguridad, la milicia armada del Estado y de los grupos armados murieron durante los enfrentamientos armados.
La tortura continuó siendo una práctica generalizada y siguieron denunciándose casos de detención en centros secretos. No se tomó ninguna medida concreta para aclarar la suerte corrida por unas 4.000 personas «desaparecidas» desde 1993, mientras que los cambios introducidos en el Código Penal amenazaban la libertad de expresión.
La tortura se practica sistemáticamente en los centros de detención de todo Egipto, y las víctimas de estas prácticas y sus familiares siguieron denunciando ser objeto de acoso por parte de los agentes de seguridad. Los tribunales siguieron dictando frecuentemente sentencias de muerte.
Se mantuvo recluidos sin cargos ni juicio a miles de presuntos simpatizantes de grupos islámicos prohibidos. Se detuvo a varias personas sospechosas de prestar apoyo a grupos islámicos. Además, las instituciones cívicas siguieron padeciendo restricciones legales, mientras que los defensores de los derechos humanos sufrieron intimidación y reclusión.
En Irak, que seguía sometida a las estrictas sanciones económicas impuestas por el Consejo de Seguridad desde 1990, se detuvo a decenas de presuntos opositores al gobierno. La pena de muerte siguió aplicándose ampliamente mientras que la policía seguía torturando sistemáticamente a los detenidos. Decenas de personas fueron ejecutadas, incluidos oficiales de las fuerzas armadas, y en algunos casos los cuerpos mostraban señales evidentes de tortura.
Los informes indican que los ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas estadounidenses y británicas contra objetivos iraquíes se cobraron vidas de civiles. La población civil iraquí siguió padeciendo graves penurias como resultado de las sanciones.
En el Kurdistán iraquí, controlado por dos partidos políticos kurdos, se mantenía recluidas a personas consideradas presos de conciencia por Amnistía Internacional y, según los informes, los grupos armados islámicos llevaron a cabo secuestros y homicidios.
En Túnez, las autoridades incrementaron su represión contra los defensores de los derechos humanos e intentaron reducir sus actividades de índole pacífica. Además, siguieron impidiendo que las organizaciones internacionales de derechos humanos pudieran vigilar la situación de estos derechos en el país.
Tanto los presos políticos como los comunes siguieron siendo objeto de torturas y al menos una persona, según los informes, murió bajo custodia como resultado de tortura. Siguieron utilizándose varias medidas para ejercer presión sobre los familiares de los presos políticos e impedir que los ex presos políticos pudieran reanudar una vida normal.
A pesar de las restricciones impuestas por las autoridades al movimiento democrático, los grupos de derechos humanos y cívicos de Siria incrementaron su campaña contra las violaciones de tales derechos en el país. Aunque se dejó en libertad a decenas de presos políticos, se detuvo a decenas de personas por motivos políticos. La tortura siguió aplicándose de forma habitual contra los presos políticos.
En Arabia Saudí se ejecutó al menos a 79 personas y más de cinco mil refugiados iraquíes siguieron viviendo en el campo de Rafha prácticamente como presos. Continuaron las detenciones de presuntos activistas políticos y religiosos y la situación legal de los detenidos se mantuvo rodeada de un velo de silencio. El gobierno no tomó ninguna medida concreta para abordar la cuestión de la discriminación en la ley y en la práctica.
En Líbano se detuvo y recluyó a centenares de personas por motivos políticos, mientras que centenares de presuntos miembros de la antigua milicia que actuaba como representante de Israel, el Ejército del Sur del Líbano, siguieron siendo juzgados en vistas sumarias ante tribunales militares. Al menos ocho personas fueron condenadas a muerte, aunque no se ejecutó a nadie, y los defensores de los derechos humanos fueron víctimas de acoso.
Al menos cinco hombres fueron condenados a muerte en Kuwait, y dos hombres y una mujer fueron ejecutados. Según los informes, tras los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos, decenas de personas permanecieron recluidas en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. Según los informes, algunas de ellas fueron entregadas a las autoridades estadounidenses para seguir siendo interrogadas.
En Libia, decenas de presos políticos fueron puestos en libertad, si bien centenares de personas, entre ellas algunas consideradas presos de conciencia por Amnistía Internacional, continuaron encarceladas sin cargos ni juicio. La libertad de expresión siguió padeciendo graves restricciones y se recibieron nuevos informes sobre torturas y malos tratos infligidos en años anteriores que no habían sido objeto de investigaciones exhaustivas e imparciales. Siguieron dictándose penas de muerte. Continuó sin esclarecerse la suerte de personas que habían «desaparecido» en años anteriores.
En Marruecos, a pesar del compromiso manifestado por las autoridades de abordar todas las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, el hecho de que no se hubiera puesto en manos de la justicia a los responsables de tales violaciones siguió constituyendo uno de los principales motivos de preocupación. Prosiguió el proceso de indemnización a las víctimas de «desaparición» y detención arbitraria en años anteriores y a sus familiares. No obstante, las autoridades siguieron sin aclarar los casos de varios centenares de personas, la mayoría de ellas saharauis, que habían «desaparecido» entre los años sesenta y principios de los noventa.
En Omán se anunciaron cambios judiciales y legislativos que podrían repercutir favorablemente en la situación de los derechos humanos, y se tomaron medidas importantes para promover y proteger los derechos humanos en Bahréin, entre ellas la excarcelación de presos políticos y el regreso de muchas personas a las que había exiliado a la fuerza.
En Jordania se detuvo a centenares de personas por motivos políticos y se recibieron informes de tortura y malos tratos infligidos a los detenidos por parte de agentes de los servicios de seguridad. Los presos políticos continuaron siendo juzgados ante el Tribunal de Seguridad del Estado. Hubo al menos 19 homicidios familiares o de «honor» y al menos nueve personas fueron ejecutadas en el 2001.
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Violaciones de derechos humanos en Oriente Medio y norte de África detalladas en el Informe Anual 2002 de Amnistía Internacional
Ejecuciones extrajudiciales
En el 2001 hubo ejecuciones extrajudiciales, posibles o confirmadas, en al menos 3 países de la región.

«Desapariciones»
En 6 países se dieron casos de «desaparición» o continuaron sin resolverse otros casos ocurridos en años anteriores.

Tortura y malos tratos
Según los informes, las fuerzas de seguridad, la policía u otras autoridades del Estado infligieron torturas o malos tratos en 15 países de la región.

Presos de conciencia
En 12 países había presos de conciencia o personas que podían serlo.

Detención sin cargos ni juicio
Se dieron casos de detención y reclusión arbitraria o de detención sin cargos ni juicio en 7 países.

Pena de muerte
Se dictaron penas de muerte en 9 países y se llevaron a efecto ejecuciones en al menos 7.

Abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos armados de oposición
Los grupos armados de oposición cometieron graves abusos contra los derechos humanos, como homicidios deliberados y arbitrarios de civiles, torturas y toma de rehenes, en 3 países.