EE.UU., que ha posado en sucesivas coyunturas primero como el principal, después como el único, patrocinador y de vez cuando si fuera un participante pleno en el proceso de paz árabe- israelí, ha socavado unilateralmente toda su idoneidad para actuar en una categoría semejante. La única función que retiene es la del principal asociado de Israel y, en consecuencia, el único patrocinador de las atrocidades que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino.

Se han presentado muchas explicaciones para tratar de comprender, o justificar, las curiosas inconsecuencias que han llevado a esa situación. Lo que es seguro, sin embargo, es que Washington ha perdido su credibilidad como un socio justo e imparcial o como posible mediador en el intrincado proceso de buscar una solución a un conflicto cada vez más complejo.

Afiliaciones culturales comunes, enfoques ideológicos y la existencia de un poderoso lobby judío en EE.UU., pueden ayudar a explicar la parcialidad pro-israelí de Washington. Sin embargo, esos factores no pueden explicar por qué es tan obstinada y exclusivamente pro-israelí hasta el punto de poner en peligro sus propios intereses en la región y su prestigio internacional.

El absoluto apoyo de EE.UU. a la agresión de Israel y a sus crímenes contra la humanidad en Palestina dejará una cicatriz profunda y duradera en su imagen, particularmente en el Tercer Mundo y entre los árabes. El país que trataba de presentarse como el campeón de los derechos humanos, y que inventó el concepto de la intervención humanitaria para defender esos derechos, aparece ciego ante la tragedia humanitaria del pueblo palestino. No ha hecho nada por detener las masacres que están siendo perpetradas contra los palestinos en los campos y ciudades de Cisjordania. El Secretario de Estado de EE.UU. Colin Powell, por ejemplo, ni se preocupó por ir a ver por sí mismo la devastación que las fuerzas israelíes cometieron en Yenín. En lugar de hacerlo, reiteró las acusaciones de Sharon contra Arafat y terminó su visita dando al criminal de guerra en Tel Aviv y a su ejército de ocupación un período de gracia para que ocultara la evidencia de sus crímenes.

El mundo tampoco olvidará que EE.UU. amenazó con utilizar su veto para impedir una resolución del Consejo de Seguridad proponiendo el envío de fuerzas internacionales a proteger al pueblo palestino.

De la misma manera, blandió su veto para impedir una resolución favorable al envío de una comisión internacional de investigación a Yenín, obligando al Consejo de Seguridad a adoptar, en su lugar, la resolución 1405, creando un simple comité "indagador" cuyas atribuciones se limitarán sólo a la preparación de recomendaciones en lugar de instigar acciones ulteriores basadas en sus averiguaciones.

No cabe duda de quién estaba moviendo los hilos. Israel dejó en claro que la resolución fue aprobada sólo después de intensas comunicaciones con Washington. Además rehusó que el enviado de la ONU para el Oriente Próximo, Terji Roed-Larsen, fuera incluido en el comité porque fue suficientemente audaz como para declarar que Yenín se veía como si hubiera sido afectada por un desastre natural. El consternado Roed-Larsen respondió que podía comprender perfectamente que Israel objetara a su inclusión en el equipo indagador, y que presentaría su testimonio al comité.

Hubo por lo menos un funcionario de EE.UU. que no pudo ocultar su horror. Después de ver a los habitantes de Yenín buscando en los escombros de sus hogares demolidos para tratar de extraer los cadáveres enterrados en fosas comunes, el Secretario Adjunto de Estado, William Burns, declaró que "lo que vemos aquí es una espantosa tragedia humana". El mismo día en que Burns hizo esa declaración, el Presidente Bush de EE.UU. declaró que Sharon era un "hombre de la paz".

No es sorprendente que la credibilidad de Washington haya tocado fondo. En vista de su colusión con las atrocidades perpetradas con los palestinos, en violación de todas las convenciones internacionales, ¿cómo puede Washington continuar pretendiendo ser un defensor de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad y de la justicia?

Respondiendo a esta situación, es cada vez más obvio que los árabes deben dejar de apelar a EE.UU. para que tomen un papel más activo en los esfuerzos por lograr la paz, ya que mientras más se involucre EE.UU. más escalará Israel sus crímenes y mayor será el sufrimiento del pueblo palestino. En lugar de hacerlo, los árabes, cuyos ministros de relaciones exteriores se reunirán dentro de poco, deberían llevar el caso palestino en su integridad ante el Consejo de Seguridad y exigir que ese organismo internacional asuma su plena responsabilidad ante una tragedia humana que es el producto de una brutal ocupación extranjera. Que el poder ocupante, además de los crímenes que comete contra inocentes civiles, haya amenazado a los estados vecinos sólo por haber estos expresado sus simpatías hacia las víctimas de su brutalidad, hace que sea cada vez más imperativo. Significará que se invocará el Capítulo 7 de la Carta de la ONU, que provee los mecanismos necesarios para contrarrestar lo que se ha convertido en una amenaza muy real a la paz y a la seguridad internacionales.

El caso que los árabes presentarán ante el Consejo de Seguridad se basa en una serie de resoluciones aprobadas por el propio Consejo de Seguridad. La primera, es la Resolución 181 de 1948, que Israel tuvo que aceptar como condición para ser aceptado en la ONU. Según esta resolución, el territorio de la Palestina histórica fue dividido para crear dos estados soberanos –Israel y Palestina sobre un 56 y un 44 por ciento del territorio, respectivamente. Desde entonces Israel se ha expandido dentro de la mitad del territorio destinado a un Estado palestino y luego pasó a ocupar el 22 por ciento restante en junio de 1967. Lo que los palestinos están pidiendo en la actualidad es sólo el 22 por ciento ocupado, o sea la mitad del territorio que les fue prometido bajo la resolución de partición. Como dijera el Primer Ministro libanés Rafiq Hariri: "Los israelíes piensan que debieran quedarse con lo que tienen y que lo que queda debería ser dividido entre ellos y los palestinos".

Otros documentos que deben ser presentados al Consejo de Seguridad incluyen una serie de resoluciones adoptadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, pidiendo el retiro de Israel de los territorios ocupados, el derecho al retorno de los refugiados palestinos y el establecimiento de un estado palestino independiente con su capital en Jerusalén Este. Específicamente, me refiero a la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU relativa al retorno de los refugiados; a las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobadas después de las guerras de junio de 1967 y de octubre de 1973, respectivamente; y, finalmente, las resoluciones del Consejo de Seguridad 1397, 1402, 1403 y 1405, todas adoptadas durante las últimas cinco semanas, que, en su conjunto, piden el establecimiento de un estado palestino, el retiro de las fuerzas de ocupación y la implementación inmediata de esas resoluciones.

La tarea de los gobiernos árabes, después de recordar al Consejo de Seguridad de la existencia de esas resoluciones, es exhortarlo a que las haga respetar. Para este fin, deberían llamar a la ONU a que considere invocar el Capítulo 7 de la Carta de la ONU, que considera el uso de la fuerza armada para hacer respetar sus resoluciones.

Los gobiernos árabes deben estar determinados a no permitir que la amenaza anticipada de Washington de utilizar su veto les impida presentar la causa palestina ante el Consejo de Seguridad. Se ha hecho esencial que se denuncie a Washington por lo que es: un cómplice a parte entera de los crímenes de Israel y el primer y principal obstáculo a la implementación de las resoluciones de legitimidad internacional. Los árabes deben dejar en claro que EE.UU. e Israel están desafiando a todo el mundo.

El Consejo de Seguridad, por su parte, debe resolver el caso palestino adoptando todas las resoluciones necesarias para lograr el fin de la ocupación israelí de territorios palestinos. A este respecto debe tratar a Israel como a un estado que opera fuera del derecho internacional y en desafío a las resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas para aplicar ese derecho. Debe, por lo tanto, explorar, según el Capítulo 7, los medios para hacer respetar sus resoluciones.

Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad debe emprender la urgente tarea de investigar los crímenes cometidos contra el pueblo palestino en Yenín y en otras ciudades y campos palestinos. Los eventos que han tenido lugar y que siguen ocurriendo en Palestina, suministran condiciones ejemplares para hacer indispensable el envío de una fuerza de protección internacional bajo el Capítulo 7 de la Carta de la ONU.

En breve, las necesidades actuales más inmediatas son proteger al pueblo palestino indefenso y realizar una investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio palestino. Cálculos iniciales indican que más de mil palestinos sucumbieron sólo en Yenín. Si esta espantosa cifra no basta para despertar la conciencia de EE.UU., entonces la comunidad internacional debe actuar para investigar esos crímenes, cuyos horrores serán denunciados a pesar de todos los intentos de encubrir la evidencia y deformar los hechos.