Moshe Gorali
H'aaretz
Traducido para Rebelión por L.B.

Los palestinos buscan bases prácticas para luchar por sus derechos ante la Corte Suprema

El pasado domingo, dos días después de la sangrante batalla de Hebrón, el abogado Shlomo Leker se encontró en una situación casi imposible: solicitando a la Corte Suprema de Justicia que ordenara a la policía proteger a dos palestinos que desean construir dos edificios cerca de la entrada a Beit Hadassah en Hebrón, edificios que habían sido ilegalmente demolidos por colonos judíos. El magistrado Mishael Cheshin comentó que tal vez "no sea el momento más adecuado para resolver esta petición", y Leker se vio obligado a asentir.
El problema es que no está nada claro cuándo habrá un "momento adecuado" en Hebrón, ese violento microcosmos del conflicto israelo-palestino que atrae al núcleo radical y más fundamentalista de la tribal confrontación religiosa. En el centro de este nudo de disputas se halla la cueva que alberga la tumba familiar de los antepasados comunes de estos dos pueblos en liza.
Leker lleva también otro caso basado en una cuestión de principios y referido a la compensación reclamada por alrededor de 100 hombres de negocios y comerciantes de dos mercados --Bab el Han y Hozek el Fuar-- situados en las proximidades del barrio [ocupado por colonos judíos - N del T.] de Avraham Avinu. Todos ellos fueron obligados a cerrar sus establecimientos hace aproximadamente seis meses. Los mercados fueron clausurados para crear una zona de separación entre los colonos judíos de Hebrón y la población palestina después del ataque armado que se saldó con la muerte del niño Shalhevet Pass.
La admisión por parte del Estado de que el motivo del cierre de los mercados es el asesinato del bebé demuestra, según Leker, que nos hallamos ante la aplicación un "castigo colectivo", dado que el asesinato fue cometido por un francotirador situado en una zona de colinas a la sazón bajo total control palestino. Las personas que sufren el castigo son comerciantes palestinos y sus familias que tienen sus negocios en el área H 2 de Hebrón, zona cuya seguridad está enteramente en manos del ejército israelí".
Leker representa a cinco de los demandantes, los cuales a su vez representan a cerca de 200 familias cuyas fuentes de ingresos han sido afectadas por el cierre. El área de los mercados ha sido declarada "zona militar cerrada", es decir, cerrada para los propietarios palestinos, pero no para los colonos judíos que asaltan las tiendas, roban las mercancías y destruyen las instalaciones. La respuesta del Gobierno a la demanda contiene 21 quejas detalladas de propietarios de las tiendas, pero sólo en un puñado de casos las investigaciones han conducido a una acusación.
Cerca de 400 judíos y 42.000 palestinos viven en la olla a presión que es el área H 2, controlada por Israel bajo los términos del acuerdo Hebrón (Wye River). El ejército quiere proteger a los judíos separándolos de sus vecinos palestinos, y el cierre de los mercados es necesario para impedir "ataques por fricción", de ejecución más sencilla a causa de la proximidad y de las condiciones de hacinamiento.
"Las necesidades en materia de seguridad que existían durante la clausura [de los dos mercados palestinos - N. del T.] siguen vigentes y se anteponen a cualquier otra consideración en este tema", escribe el abogado Udit Corinaldi-Sirkis, de la Oficina del Fiscal del Estado, añadiendo que "es probable que se puedan abrir las tiendas del mercado Hozek el Fuar si los residentes judíos son evacuados del mercado generalista".
El factor expansión
Leker señala el vínculo directo que existen entre este patrón de expansión de la población palestina y la ampliación de los límites del área ocupada por los colonos judíos. "El ejército israelí está permitiendo la existencia y expansión de los asentamientos judíos al tiempo que viola de forma flagrante los derechos humanos básicos de los palestinos", escribe Leker.
En este frente es imposible alegar buena fe o legitimidad alguna, puesto que el objetivo declarado del movimiento de los colonos, apoyado por los sucesivos gobiernos israelíes, es transferir a manos de los judíos las tierras de Cisjordania y de la franja de Gaza que previamente hayan sido limpiadas de su población palestina.
"Los oficiales del ejército declaran vastas extensiones de tierra como "zonas militares cerradas", significando con ello que se hallan cerradas para los palestinos y abiertas para el establecimiento acelerado de colonias judías. El sufrimiento de la población civil palestina se explica habitualmente por la necesidad de "obtener seguridad" para los colonos que han decidido establecer puestos avanzados en los núcleos de población palestinos de Cisjordania. En este nivel de fricción (... ) se producen flagrantes violaciones de las cláusulas de la Cuarta Convención de Ginebra, las cuales se supone que protegen a la población civil de un territorio ocupado. Estas violaciones aparecen definidas en la legislación internacional como crímenes de guerra".
La estrategia legal de Leker plantea un serio reto a la Corte Suprema. A diferencia de la mayoría de sus colegas pertenecientes a las diversas organizaciones de derechos humanos y civiles, Leker no trata de cuestionar con su demanda la legalidad de los medios utilizados por el ejército israelí en su guerra contra el terror --asesinatos, expulsiones, demoliciones de casas, el "procedimiento del vecino", etc.
Leker se concentra en los "pleitos civiles" que reclaman compensación para "civiles bajo protección" en la acepción simple del término, es decir, para gente como los propietarios de las tiendas de los mercados de Hebrón, que han sufrido daños como consecuencia de unas necesidades de seguridad --real o política-- que les despojan de sus derechos y, sobre todo, de sus medios de subsistencia.
En una vista que tuvo lugar el mes pasado ante los magistrados Cheshin, Dalia Dorner y Asher Grunis, Leker halló un público receptivo a sus alegatos. Primero oyó a los jueces corregir severamente al representante legal del Estado. "Es inconcebible", dijeron los magistrados, "que el Estado clausure los mercados y no compense a los propietarios de las tiendas". En una sentencia provisional del 23 de octubre pasado, los magistrados recomendaban específicamente que "el Estado considere la posibilidad de contactar con los demandantes fuera de la Corte a fin de alcanzar un acuerdo justo de compensación por los daños que les han sido causados".
Leker ve en esto el comienzo de un movimiento significativo y la expresión de la desazón que siente la Corte Suprema. Ello puede reflejar también la continuación de una tendencia que comenzó con el reconocimiento de las demandas por daños ocasionados durante la primera Intifada como consecuencia de acciones de carácter no militar. Leker tiene la certeza de que siempre que lo que se someta a discusión sea la aprobación de medidas de guerra, la Corte Suprema dará vía libre al ejército israelí; por contra, cuando se trate de daños causados a civiles que no se hallan involucrados en el terror, Leker confía en que los jueces comprenderán que éste es el lugar apropiado para reparar los daños provocados por las enormes violaciones de la legislación internacional inflingidas a la población civil protegida.
En el caso de los mercados de Hebrón, la cuestión se refiere a la compensación debida a propietarios de tiendas que no han sido acusados de ningún cargo. Leker calcula que el monto de los daños a los comerciantes se eleva a 7 millones de shekels (245.000.000 pts./ 1.472.000 € - N. del T.).
Buscando equilibrios
La discusión de estos daños e infracciones no alcanza a movilizar a la opinión pública israelí. Estos temas no despiertan en absoluto el tipo de interés que producen cuestiones como los asesinatos y las expulsiones. Además, el público israelí está dispuesto a admitir que la vidas de los israelíes, así sean soldados o colonos, e incluso la seguridad de sus rutas de oración, tienen preeminencia sobre el derecho de los palestinos a preservar sus medios de subsistencia o su libertad de movimientos en el caso de toques de queda prolongados.
No obstante, los humanistas israelíes sí alzan de vez en cuando su voz. El escritor Amos Oz, por ejemplo, recientemente se expresó en durísimos términos mientras ayudaba a los aceituneros palestinos a cosechar sus olivares, los cuales habían sido cerrados por orden militar para garantizar la seguridad de una colonia judía cercana. Incidentalmente, el ejército dio marcha atrás en la orden de cierre bajo la amenaza de una demanda ante la Corte Suprema por parte del abogado Dan Yakir en representación de la Asociación por los Derechos de los Ciudadanos en Israel. Otro escritor, David Grossman, que se ha unido a la causa de los habitantes de las cuevas de las colinas del sur de Hebrón que han sido expulsados de sus hogares, expresó recientemente la desesperación que le producía la imposibilidad de provocar en la sociedad israelí la más mínima reacción de protesta ante las injusticias flagrantes perpetradas en los territorios ocupados.
En sus demandas ante la Corte Suprema, Leker pidió que se distinguiera entre los aspectos militares y civiles del caso. Esto no es sencillo, pues todo el daño causado a los civiles es consecuencia de las necesidades militares y de seguridad.
Leker entiende también las dificultades de la Corte en vista del carácter político e ideológico del movimiento de los colonos judíos. En su demanda señala este carácter de forma explícita.
"Los demandantes consideran que los demandados 1 y 2 [el comandante del ejército judío en Judea y Samaria y el ministro de Defensa israelí – M.G.] buscan ayudar a los colonos de Hebrón para que puedan realizar sus aspiraciones políticas", escribe Leker, "vaciando el área H 2 de sus residentes palestinos".
Más adelante, en otro punto de su demanda, Leker considera otras opciones. "Los demandantes solicitan, entre otras cosas, agotar sus derechos como demandantes en un foro local y confían en que les sea concedida la ayuda que reclaman, pues de lo contrario procederán en breve a solicitar el auxilio de la Corte Penal Internacional, cuyas deliberaciones comenzarán pronto en La Haya y de la cual es razonable suponer que prestará oído atento al argumento de que las acciones de los demandados tal como aparecen referidos en la demanda constituyen un caso de flagrante violación de las cláusulas de la Cuarta Convención de Ginebra".
La conducta de la Corte Suprema con respecto a los territorios ocupados oscila entre dos tipos de equilibrio. El primero es de orden judicial, y pretende buscar un equilibrio entre las necesidades militares y los derechos humanos en los territorios ocupados. El segundo es de carácter extrajudicial, y busca acomodar ambos aspectos rechazando la mayoría de las demandas y tratando de resolver los problemas de forma individualizada, ya sea a través de una vía retórica orientada a obligar al ejército israelí a rectificar su conducta, ya sea a través de soluciones y compromisos alcanzados fuera de la sala y que signifiquen la aceptación de las demandas.
Ése es el patrón que parece estar conformándose en el caso de la demanda sobre los mercados. La Corte ha instado al Estado a que considere la concesión de compensaciones por medio de un compromiso y diálogo que conduzca al sobreseimiento o a la desestimación de la demanda. De esa forma, la Corte podrá mirar directamente a los ojos de sus críticos. Desde el punto de vista del ejército, de los políticos y del resto de los críticos del activismo judicial, la Corte habrá rechazado la demanda, mientras que a los ojos de las organizaciones de derechos humanos, de la izquierda y de los abogados de la conciencia y del derecho internacional, la Corte habrá reconocido a los demandantes sus derechos y les habrá concedido sus demandas.
Los mercados de Hebrón fueron clausurados durante dos semanas por orden del comandante militar de Hebrón en respuesta al asesinato de Shalhevet Pass. Ese plazo de dos semanas ha sido prorrogado hasta medio año debido a un error burocrático y de seguridad: no se emitió ninguna orden escrita de clausura para prolongar la duración de la orden inicial, incluso aunque oficialmente el comandante militar tenga autoridad para extenderla verbalmente. Ahora bien, después de otro incidente ocurrido el pasado fin de semana, es difícil imaginar al ejército israelí reabriendo los mercados.
La experiencia en los territorios ocupados demuestra que cada ataque sirve a los colonos como palanca y acicate para promover sus intereses, expandir sus colonias, construir sus puestos avanzados y marginar sin descanso a los palestinos.
"El ejército vengará y nosotros construiremos", declaró el portavoz del asentamiento judío de Hebrón a principios de esta semana. No hay duda de que los tiroteos, los ataques terroristas y las tácticas de guerrilla de los palestinos desempeñan un papel importante y central en la dinámica acelerada de implantación de asentamientos judíos en los territorios ocupados.
20 de Noviembre del 2002