'El derecho de propiedad y el derecho al trabajo'

La Verdad Obrera Nº 99

- ¿En que está jurídicamente el conflicto?
La patronal abandonó la fábrica y se encuentra, desde hace tiempo, en concurso de acreedores. Bajo la ley de quiebras de Menem y Cavallo, los trabajadores son una parte más del inventario. Las instituciones reaccionan, cuando se endurece la lucha y ponen a producir la fábrica con el control obrero de la producción. Los medios de comunicación se hacen eco. Página/12 comienza a cubrir el conflicto destacando la composición mayoritariamente femenina. Hasta fuimos entrevistados por CNN en español, bajo el lema de «se contrapone hoy en la Argentina el derecho de propiedad con el derecho al trabajo».
Luego, la juez del concurso, con fundamento en el abandono empresarial, designó un co- administrador judicial, para que se haga cargo de la fábrica conjuntamente con la patronal. Aquí la paradoja que se presenta, es que al no haber plan de reactivación alguno ¿Que es lo que van a «administrar»?
- ¿Hay ahora alguna instancia de negociación?
Técnicamente si, porque se están realizando audiencias en el Ministerio de Trabajo en las que participan, además del Ministerio, la Secretaría de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad, el Sindicato (SOIVA), la Sindicatura, el co- administrador y los Brukman. Pero al ser la propuesta patronal el no pago de lo adeudado, la renuncia de los trabajadores a sus salarios futuros y fabricación de 2.000 ambos, que representa el trabajo para menos de una semana, esto más que una propuesta, como bien dicen las trabajadoras y trabajadores, es el intento de empresarial de retomar la fábrica para terminar de vaciarla y despedir.
- ¿Decís que les proponen que renuncien también a su salario futuro?
Si, expresamente dijeron que le pagarían con lo que sobre de la venta de los trajes que hay al momento o con los trajes mismos, o sea pago en especies, prohibido por la ley. Es por eso que decimos firmemente que ni la juez ni las autoridades ministeriales pueden avalar esta brutalidad casi esclavista. El Ministerio de Trabajo sólo se limitó a agregar a esto, la propuesta de 180 días de 'estabilidad laboral' pero sin salarios. La alternativa que se les da a los trabajadores, aunque suene increíble, es «o aceptan esto o tendremos que desalojar por la fuerza». O sea que es una negociación un tanto coaccionada...
- A propósito de esto ¿Cómo fue lo del desalojo y la causa penal?
La misma patronal que abandonó la planta, como corroboró la justicia, hace dos semanas realizó una denuncia penal contra los obreros, acusándolos de «robo y usurpación», lo que desembocó en un intento de desalojo violento el sábado 16 de marzo. La gran violencia desatada llevó a que se golpeara a las obreras y también a Ivana Dal Bianco y Myriam Bregman, ambas abogadas del organismo y al diputado nacional Roselli. La enorme solidaridad con que cuenta esta lucha, asambleas vecinales, organismos de derechos humanos como la APDH y la Liga, organizaciones sociales y políticas, hicieron que se presenten en forma inmediata y de esta manera se revirtió el atropello que se quería llevar a cabo.
Sintomáticamente, el mismo juez penal que ordenó la represión dictó el sobreseimiento de todos los imputados en la causa y dejó bien claro que no existía ni robo ni usurpación. Dijo expresamente: «debo descartar el delito de usurpación mentado..., puesto que la ocupación del establecimiento en primer término fue pacífica, no hubo ánimo de apropiarse del inmueble en cuestión, sino de asegurar la fuente de trabajo que quedó a la deriva frente a la ausencia de dirección de la empresa». Además agregó, que se trata de un conflicto laboral y no penal.
- ¿Por qué el CeProDH asesora este conflicto y cuál es la relación con los trabajadores?
El Ce.Pro.D.H., viene asesorando a los trabajadores desde el comienzo. Hemos conformado una Comisión de Defensa en forma unitaria junto con otros abogados. Opinamos que así como las patronales cuentan con «gigantes» que asesoran cada una de las maniobras que implementan; es enorme la utilidad de profesionales que, respetando lo que los verdaderos protagonistas deciden democráticamente en sus asambleas, les den un apoyo y un «marco legal» para dar la pelea también en este ámbito siempre hostil a los trabajadores.
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