El FMI prevé una caída del PBI de hasta el 15%

Argentina: ahorro forzado con bonos para salvar a los bancos
Por ahora Eduardo Duhalde no está acorralado políticamente, pero el "corralito", junto a la negociación con el FMI y la conflictividad social, constituyen el alfa y omega de sus penurias.

ISIDORO GILBERT

Fracasos para darle una solución al corralito llevaron finalmente al gobierno a imponer una permuta a los ahorristas: deuda vieja (los "préstamos garantizados" del canje lanzado por Domingo Cavallo en diciembre pasado) por la nueva (bonos para los ahorristas). Dicho de otra manera, el Estado se hará cargo de los compromisos que no han honrado los bancos.
Todo es historia. El equipo económico, o mejor dicho, el tándem Jorge Remes Lenicov y el titular del Banco Central, Mario Blejer, garabatearon antes un decreto para llevar a la Corte Suprema de Justicia todos los amparos elevados a los tribunales por ahorristas amarrados, que a diario logran zafar del cadalso. Lo que era goteo de dinero que sale de los bancos derivó en chorro con destino mayoritario a la adquisición de dólares, lo que hizo tambalear de nuevo al verde. La desesperación de Remes-Blejer los llevó a intentar obligar a los que pudieron salir del corral a que devolvieran sus pesos a los bancos, una locura. Duhalde se negó a firmar esa extraña resolución: "Vas preso, tarde o temprano", le dijeron sus leales.
El ministro de Economía puede estar desesperado, pero desde la ortodoxia. No concibe política alguna que no tenga en cuenta al FMI, aun el más deshonroso acuerdo, y entra en estado de pánico si avizora bancos en cortocircuito. Sólo ese estado de ánimo explicaría que Remes Lenicov le haya cedido al más alto tribunal la iniciativa política en tema tan delicado, por donde pasa gran parte de la vida argentina del último semestre. Justo cuando el presidente buscaba todo lo contrario.
La Corte Suprema ha dado volteretas. Primero avaló el corral y, más tarde, cuando sus integrantes sintieron sobre su nuca la amenaza del juicio político, giró sobre sus pasos y le dio un golpe de fusca al gobierno: entornó la puerta del corral que los jueces han ido abriendo al dar curso a los recursos de amparo. Remes y Blejer creyeron que habían obtenido de la Corte el visto bueno, pero todo el mundo sabe que los supremos no dan puntada sin hilo: reclaman que Duhalde frene el juicio político.
Fintas que fueron innecesarias porque finalmente "la Justicia nos pasó por encima", como graficó el ministro de Economía, y el gobierno tomó la decisión de forzar ahorros congelados con bonos a cobrar en una década.
Un bono que se las trae
En concreto, con el proyecto nonato el chorro queda intacto y por eso retornó el viernes, en medio de un tembladeral financiero (el dólar se elevó), un antiguo objetivo de los bancos.
El viernes temprano Duhalde aseguraba que se tomaría su tiempo para estudiar si aprobaba o no esta solución final al corral. Horas más tarde, se imponía el feriado bancario y cambiario hasta que el Parlamento apruebe el remedio justificado oficialmente para impedir el colapso de los bancos.
Fue como ordenar el sitio al Parlamento, que sólo podrá ser levantado cuando vote esta nueva estatización de las obligaciones de los bancos. El bloque oficialista le informó al presidente que antes del jueves todo estará solucionado. A la luz de lo ocurrido, es difícil creer que Duhalde tenga mucho resto: le han impuesto a él y a los legisladores la salida de los grandes grupos financieros.
¿Qué pasará con el juicio político a la Corte? "Va al muere", comentan no lejos de la Casa Rosada. Es que el bono puede ser impugnado por el más alto tribunal, a pesar de que en 1990 avaló un paso parecido que dio el gobierno de Carlos Menem.
Para dividir las aguas, esta semana la diputada del ARI Elisa Carrió, al frente de las encuestas en imagen e intención de voto a Presidente, presentará su propio dictamen de acusación contra los nueve integrantes del tribunal superior, que no podrá ser desconocido por otros integrantes de la comisión de juicio político de diputados, donde varios peronistas han tomado el caso muy a pecho.
¿Problema o solución?
Cerca de Duhalde, lejos de Remes-Blejer, el FMI es hoy más un problema que una solución. El presidente reaccionó con un "puedo bajar la cabeza pero no arrodillarme" cuando el titular del Fondo, el tudesco Horst Koehler, lo puso sobre las cuerdas al blanquear el ajuste que exige el organismo para entregar siquiera un dólar a este país. Es que en medio de la mayor depresión conocida aquí, el FMI reclamó despidos de empleados públicos (450 mil, al menos), pero su jefe y vocero señaló que eso "no es pedir lo imposible: Argentina debe enfrentar la realidad". Con todo, indicó que había progreso en las negociaciones y Remes comunicó que eso de las cesantías ya no figuraba en la lista de exigencias.
Duhalde aprecia que "estamos a mitad del camino" para un acuerdo con el Fondo pero una voz de Wall Street familiarizada con Argentina comentó a este periodista que el acuerdo está lejano, que a lo sumo habría alguna plata para pagar un inminente vencimiento para que no quede el precedente del default con los organismos internacionales. Y nada más hasta ver que se cumplirá el ajuste en las provincias y se aprueban normas que demandó el grupo auditor encabezado por el indio Aloop Singh.
Remes Lenicov tratará de convencer en Washington, al FMI al gobierno norteamericano y a los de Europa, que es imposible en poco tiempo cumplir con los reclamos de ajuste de las finanzas y sacar de circulación esa cuasi moneda con la que las provincias, pero también el Estado Nacional, abona sueldos o a proveedores.
Véase, si no, qué ocurrió estos días en cuatro provincias, sin iniciarse todavía el apriete en serio: fueron ocupadas por empleados impagos legislaturas y hasta sedes de gobernadores, lo que anticipa un revulsivo que puede ser incontenible. Por ahora prima en el gobierno la concepción de no criminalizar la protesta social, pero quién sabe si los moderados seguirán prevaleciendo en materia de seguridad.
Hay datos más alarmantes aun para el bloque oficialista. Uno: la obra maestra que pensaba desplegar la esposa presidencial, Hilda González "Chiche", de darle un plato de comida a los desesperados totales, no se cumple y aparecieron en algún corte de ruta de reclamo carteles acusando de "traidora" a la mujer, lo que da lugar a que el alimento se vaya a buscar donde se encuentra. El otro dato ominoso es que va lenta la construcción de la otra herramienta de contención social, el subsidio de 150 pesos por cabeza familiar sin ingreso; además, no tiene financiación clara y, con el costo de vida pujante, en poco tiempo servirá de poco. En la provincia de Buenos Aires se curan en salud: se creó un cuerpo de elite para reprimir los estallidos sociales.
El complot y cómo eludirlo
La coalición política estuvo al borde del colapso, porque el peronismo de Entre Ríos se quiso cargar legislativamente al mal gobernador Sergio Montiel, un radical, que naufragó porque lejos de toda mirada negociaron Duhalde y Alfonsín para que un diputado cambiara su voto, no se sabe sí a un precio o por la estabilidad de la entente oficialista.
Lo cierto es que lo que sucedió ha dejado mal aroma, reflejo, una vez más, de que el andamiaje está pegado con hilvanes. En el bloque de senadores del radicalismo, uno de sus popes se niega a continuar actuando como "rehén" del presidente, por culpa del mal gobierno de Fernando de la Rúa. Pero en el radicalismo se privilegiará estabilidad política sobre cualquier defección programática.
El ex presidente ha llevado a los estrados judiciales el drama de su desalojo para demostrar que fue obra de una conspiración y no de su desatinada gestión y el furor de los cacerolazos.
En rigor, siempre se pensó que una pizca de desestabilización llegó desde la provincia de Buenos Aires y De la Rúa busca sacarle la mayor leche posible a los hechos ocurridos esos días en su contra, y a quienes lo impulsaron. Puede crearle algún problema a más de un alto funcionario actual, piensan los que conocen el expediente, aunque ya se sabe que todo lo que ocurre en los juzgados federales, sobre todo, tiene un fuerte componente de inducción de algún lado, que no es el de la verdad.
Para Duhalde es una noticia menor frente a las cotidianas torturas de resolver conflictos en escalada: camioneros disconformes, transportes de pasajeros que parece que no darán servicio, al igual que el ferrocarril, cortes de ruta, reclamos salariales crecientes, productores agrarios furiosos por las retenciones a las exportaciones, un capo lavoro mental sobre los campesinos de los exportadores, los más beneficiados por la devaluación y que no quieren ser afectados en nada.
Hablar de elecciones
¿Qué hacer con el FMI si lo que exige no es cumplible? ¿Patear el tablero o darle una nueva oportunidad a la labia de Remes-Blejer? Es esto último y si no, no hubiera pedido al Parlamento, además de los bonos, una nueva ley de quiebras, que ampara a los acreedores sobre los deudores, cuando el mismo gobierno e igual Congreso hicieron hace poco todo lo contrario, un poco virtuoso giro de 180 grados empujado por el indio.
Otro reclamo al legislativo, que modifica la ley de subversión económica por la que están juzgando a varios banqueros, es leído como acto de impunidad.
Sin sistema financiero confiable es imposible la anhelada reactivación: el FMI prevé una caída del PBI de hasta el 15%. O incrementar las exportaciones con un peso tan devaluado, por falta de financiamiento, obstáculo que enfrenta todo intento de reactivar el mercado interno, además de la baja demanda por caída del salario real.
Por ahora no hay plan B si la carta del FMI se desbanda.
La idea de que otro programa económico es necesario está acompañada a la necesidad de un nuevo gobierno, legitimado por las urnas. El presidente lo sabe, aunque, con el argumento de que no pueden realizarse comicios en medio de tanta crisis y convulsiones, frena esa perspectiva.
Pero, en verdad, es ante la magnitud de la crisis cuando más se necesitaría que las urnas decidan el futuro. *