Latinoamérica

Hace 15 años hubiera sido imposible hablar siquiera de este tema, subrayó uno de los participantes

Betty Brannan Jaén
laprensadc@aol.com
Durante décadas, el principio de la "no intervención" ha sido doctrina sagrada en la América Latina, pero eso está cambiando. Hace dos semanas, en Washington, 30 intelectuales latinoamericanos revelaron que hay un creciente consenso en la región sobre el imperativo moral de permitir intervenciones militares para fines humanitarios.

"La intervención militar, aunque la mayoría lo considere raro y excepcional, no puede ser excluido del panorama de posibles reacciones regionales a las crisis humanitarias causadas por guerra civil, estados en colapso, o gobiernos que no pueden o quieren proteger a sus ciudadanos, o que estén violando masivamente los derechos de sus ciudadanos", afirmó el comunicado emitido a la conclusión de una conferencia organizada por la Fundación para la Paz de la Corporación Carnegie.

Me detengo a explicar el motivo de la conferencia. Desde 1999, en reacción a la masacre de un millón de personas en Ruanda, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, ha venido gestionando que esa organización desarrolle criterios para definir cuándo debe intervenir en la situación interna de algún país miembro. Viendo que los esfuerzos de Annan no han surtido efecto, la Fundación Carnegie dispuso celebrar una serie de conferencias regionales sobre el tema. La primera conferencia sobre "Perspectivas en torno a la Intervención Militar" se refirió a Africa y se celebró el año pasado; la segunda (a principios de mes, aquí en Washington) fue sobre las Américas. Reunieron a 30 figuras prominentes del hemisferio, de las cuales -lamento informarles- ni una era panameña. Otros países americanos que han sufrido intervenciones de memoria reciente -como Chile, Haití y Guatemala- estuvieron representados, pero no así Panamá. En la rueda de prensa al concluirse la conferencia (que fue a puerta cerrada), no pude resistir la tentación de alzar la mano para opinar que era lamentable que no se hubieran incluido voces panameñas en el examen de una experiencia que nosotros sufrimos en carne viva. Mi comentario obviamente le cayó mal a los organizadores del evento, quienes me contestaron con frialdad que las lecciones del caso panameño ya han sido incorporadas al sistema interamericano con el fortalecimiento de mecanismos para proteger la democracia.

Sin embargo, lo importante es que la conferencia reveló que aunque todavía existe gran resistencia en la América Latina a la idea de reformar la doctrina de la no intervención, poco a poco se están haciendo algunos avances.

Hace 15 años hubiera sido imposible hablar siquiera de este tema, subrayó uno de los participantes. El académico argentino Fernando Tesón agregó que uno de los avances importantes es precisamente la creciente aceptación de la idea de que la soberanía existe para "servir a los pueblos, no a los gobiernos".

La conferencia, repito, se celebró a puerta cerrada, pero produjo un comunicado que subraya la responsabilidad colectiva de proteger a los pueblos civiles de los países vecinos, aunque la prevención es preferible a la intervención. Al considerarse una intervención, lo ideal es que sea autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU; una segunda opción es que lo autorice la Organización de Estados Americanos (OEA). Si los organismos multilaterales no responden a la crisis, hubo desacuerdo entre los conferencistas sobre la legitimidad de que una coalición de países decida actuar. Algunos insistieron en que semejante intervención -por el motivo que sea- es siempre una violación de derecho internacional, pero otros opinaron que la intervención podría ser aceptable si cumple con criterios de legitimidad.

Esos criterios, se acordó, incluyen la multilateralidad como requisito indispensable. También se requiere que la intervención tenga un genuino propósito humanitario y que sea en escala proporcional a los objetivos.

Sobre estos puntos hubo consenso en la conferencia, pero hubo desacuerdo en cuanto a preguntas más amplias del "quién", el "cuándo" y el "cómo" de una intervención justificable. Una cosa es hablar de que la ONU o la OEA actúen y otra cosa es sentarse a esperar que semejante milagro ocurra. El genocidio de Ruanda (donde nadie hizo nada) no es igual al caso panameño (donde Estados Unidos, para bien o mal, dispuso actuar unilateralmente). Y mirar al toro desde la barrera es mas cómodo que estar en el fuego cruzado de un conflicto interminable. En Colombia, observó una de las conferencistas, las encuestas muestran que un 70 por ciento de los ciudadanos quiere que Estados Unidos intervenga militarmente. Yo presumo que les importa poco si la intervención es unilateral o no.


La autora es corresponsalde La Prensa