Latinoamérica

Impunidad y corrupción, ''tremendo problema social'' en México, afirma relator de la ONU

Hoy podría recibir la respuesta a sus recomendaciones por parte del gobierno de Fox
KYRA NUÑEZ Y VICTOR BALLINAS

La impunidad y la corrupción constituyen en México ''un tremendo problema social'', sostiene en su informe el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Dato Param Cumaraswamy. Resalta que en su visita al país, en mayo de 2001, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, le informó que ''la corrupción había alcanzado niveles muy altos, pues los funcionarios públicos se valen de sus cargos para enriquecerse y resulta muy complicado detectar ese fenómeno''.
En Ginebra, ante la 58 Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el relator presentó el informe de su visita a México, realizada del 13 al 23 de mayo del año pasado, y espera la respuesta del gobierno mexicano a su informe y recomendaciones, que se prevé sea entregada hoy.
Cumaraswamy sostiene en dicho documento que la corrupción afecta a entre 50 y 70 por ciento de los jueces del nivel federal, y explica que recibió informes de que ''ese fenómeno se está extendiendo en el seno de los órganos judiciales debido a la influencia de los traficantes de droga''.
Asevera que la impunidad en el país para todo tipo de delitos es de 95 por ciento, y que parte de ese problema radica en la ineficacia de las investigaciones penales, pues ''tan sólo 10 por ciento de los juicios abiertos desembocan en condena''.
Da cuenta también de la reunión de trabajo que sostuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el equipo intersecretarial, donde expuso que ''la población había perdido confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia, y que un funcionario lo corrigió: no es que hayan perdido la confianza, sino que nunca la han tenido''.

Vigentes, recelo y desconfianza en las instituciones

El relator especial refiere que a pesar de que en 1994 se realizó una reforma constitucional que pretendió consolidar el sistema de procuración y administración de justicia, lo cierto es que ''sean cuales fueren los cambios introducidos éstos no se aprecian en realidad; siguen vigentes el recelo, la falta de fe y la desconfianza en esas instituciones''.
Abunda en el informe -que hoy recibirá respuesta del gobierno mexicano- que en su visita de diez días al país se le dijo que cuando un abogado se presenta en una prisión de máxima seguridad para visitar a un cliente por primera vez, lo hacen esperar en promedio tres horas, y que a menudo se les niega el acceso a los detenidos con el pretexto de que se requiere la autorización de un juez. ''Y en la práctica es imposible obtener esa autorización.''
En el amplio informe detalla las quejas que recibió de viva voz de los abogados, quienes le expusieron que ''los funcionarios penitenciarios no permiten al abogado entregar documentos directamente al acusado e insisten en que deben pasar por mano de los auxiliares de servicio en la cárcel. Tampoco se autoriza a los abogados llevar consigo sus notas cuando van a la cárcel, ya que éstas le son entregadas más tarde por el personal de la prisión una vez que se encuentra ya en el interior. Asimismo, sacan copias a esas notas''.
De las reuniones que sostuvo con defensores de derechos humanos, el relator especial destaca en dicho documento que ''en México el hostigamiento a los defensores de derechos humanos es un problema constante. Especialmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los defensores viven un estado de inseguridad permanente''.
Cumaraswamy dice que recibió denuncias de parte de los defensores de que se les amenaza de muerte, sufren secuestros, persecuciones, intimidaciones, intervención de sus teléfonos, agresiones físicas, asaltos, intentos de asesinato y difamación. Parece ser, agrega el relator, que los responsables de esos acosos son las autoridades, los políticos locales, los grupos armados y otras organizaciones, en general con el respaldo de las autoridades. ''Estos actos quedan en la impunidad más absoluta.''
La gravedad de ese problema se hace presente con el asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, perpetrado el 19 de octubre del año pasado. ''En una carta que se halló junto al cadáver de la defensora de derechos humanos se proferían amenazas contra los miembros del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, con los que la señora Ochoa había colaborado en el pasado. Esas amenazas no son las primeras recibidas por ese centro; en agosto su director, el sacerdote David Fernández, recibió por teléfono amenazas de muerte y posteriormente se pusieron en circulación escritos difamatorios contra él.''
Refiere el relator especial de la ONU que el 5 de enero de 1996 dos miembros del Centro Pro fueron asaltados por dos personas que más tarde fueron identificados como miembros de la policía judicial. En septiembre de 1999 se recibieron en las oficinas de la ONG diversas amenazas de muerte por escrito en tres días distintos. En octubre de ese mimo año forzaron la puerta de la oficina y la saquearon. Las investigaciones sobre las amenazas nunca llevaron a ninguna detención.
Ya en el actual gobierno, los ataques contra defensores continúan. Da cuenta del allanamiento e incendio en contra del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, en Chiapas, y las amenazas de muerte recibidas por Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de la Montaña de Guerrero.
En el informe se apunta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ''no goza de una posición sólida, ya que no es lo suficientemente influyente para obligar a las autoridades a respetar las recomendaciones que emite''. Asegura Param Cumaraswamy que las autoridades no han cumplido la mayoría de las recomendaciones del organismo y apunta que entre la sociedad ''hay preocupación de que el ombudsman nacional entregue a las autoridades expedientes confidenciales''.
Hace notar su preocupación de que en México conoció un caso de trabajadores migrantes quienes le señalaron que viven en condiciones análogas a la esclavitud: ''Fueron contratados para trabajar en una granja agrícola en Chihuahua; 60 días de trabajo ininterrumpido, incluidos los domingos, con pagos de 60 pesos por jornada que se reducían a la mitad si no se alcanzaba la cuota de producción y sin descanso. No se les permitía salir de la plantación, en cuya tienda tenían que adquirir sus artículos de primera necesidad; carecían de seguro médico y recibían un trato humillante. Los indígenas denunciaron que las autoridades se mostraron indiferentes a su quejas y se ponían del lado de los empleadores. Estas prácticas son recurrentes en los estados donde hay muchos migrantes indígenas'', señala el informe.
En sus conclusiones, el relator especial resalta: ''La impunidad y la corrupción parecen no haber perdido fuerza en México. Sean cuales fueren los cambios y las reformas introducidas, no se aprecian en la realidad. Siguen patentes el recelo, la falta de fe y la desconfianza de la población en las instituciones de administración y procuración de justicia''.
Cumaraswamy manifiesta su preocupación por los ataques y hostigamiento contra defensores y abogados, y expresa su inquietud por la situación de los indígenas ante la imposibilidad de que se les haga justicia, la falta de intérpretes y de sensibilidad del estamento judicial por sus tradiciones jurídicas.
En Ginebra, el relator especial de la ONU se dijo convencido del compromiso político del gobierno de Vicente Fox para cumplir en forma cabal y expedita las 16 recomendaciones hechas para la reforma del sistema de justicia en México -que debe ser coordinado, imparcial e independiente-, emitidas luego de su misión investigadora en el país, realizada en mayo del año pasado.
No habiendo tiempos límites para el cumplimiento gubernamental de recomendaciones de la ONU, ''seguiré monitoreando la situación, de la cual informaré nuevamente el año entrante, sobre cuáles recomendaciones fueron cumplidas y qué resultados tuvieron, pero también cuáles no lo fueron y las razones de ello'' afirmó el malayo a La Jornada.
Ejemplo de la voluntad política del gobierno es la designación de un procurador especial para esclarecer las detenciones en los 70, pero ''está por verse si será capaz de hacerlo, ya que en México la causa que lo impediría es el alto grado de impunidad que sigue existiendo''.
El funcionario de la Organización de Naciones Unidas ennumera algunas de las más ''sorprendentes'' situaciones encontradas en México, que dieron pauta para la serie de conclusiones a la misión llevada a cabo. Cita como primer problema de envergadura la falta de una reforma integrada del sistema de justicia, ''porque no puede funcionar bien cuando las procuradores, jueces, magistrados, defensores y abogados trabajan cada quien por su lado''.
Explica que, como es obligatorio, este informe de la misión del relator especial debe presentarse ante la Comisión de los Derechos Humanos; en ocasiones similares es de esperarse una respuesta formal de la delegación del gobierno aludido. En este caso, el referente a México ha sido hecho público para los trabajos actuales de la 58 sesión del órgano de la ONU sobre los derechos civiles y políticos, entre los que se tiene la independencia de jueces y abogados.
Cumaraswamy cree que existe voluntad política y determinación gubernamental para atacar el problema, como se ejemplificaría con la designación de un procurador especial para resolver los abusos revelados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de desaparecidos y la apertura de los archivos de inteligencia de los años 1970 a 1985; éstos son ''pasos en la dirección correcta para combatir la impunidad prevaleciente en el país'', concluye.