Latinoamérica

Sergio Ramírez

La ministra Amanda Valdovinos envió a la Corte Suprema antecedentes de las identidades de 8 detenidos desaparecidos que se encontraban en el Palacio de La Moneda al momento del golpe militar (11.09.73), logradas en base a analisis de fragmentos óseos encontrados en el Fuerte Arteaga. Lugar en que fueron inhumados algunos de los cuerpos. Mientras que Pinochet, el responsable de sus asesinatos, presenciaba las torturas a que fueron sometidos.

La ministra en visita Amanda Valdovinos, encargada de verificar la información emanada de la Mesa de Diálogo, sobre la ubicación de osamentas de detenidos desaparecidos en el Regimiento Arteaga, avanza en sus investigaciones, provocando un vuelco espectacular que ha hecho enmudecer a los partidario de la impunidad de dentro y fuera de Concertación.
La labor judicial de la jueza Valdovinos se inició a partir del informe de las FF.AA sobre el destino de 20 desaparecidos; sin embargo, los hallazgos de la jueza no corresponden al lugar indicado por el Ejército en ese informe. El último informe de la ministra a la Corte Suprema confirma, además, los errores en el informe entregado por el Ejército a la Mesa de Diálogo, ya que el lugar donde se encontraron las osamentas fue localizado gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que se han colaborado voluntariamente en la invetigación.
La investigaciones y excavaciones ordenadas a partir de tales informaciones permitió descubrir en terrenos de esa unidad castrense un pozo de 15 metros de profundidad donde fueron inhumados clandestinamente los cuerpos de 20 detenidos desaparecidos que se encontraban en La Moneda, tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. En efecto, en los terrenos (donados por la Iglesia Católica a la institución castrense antes del golpe militar), se descubrieron más de 400 fragmentos óseos. Los fragmentos, entre los que se cuentan cráneos, falanges, vértebras, dientes y arcadas, pertenecen a los cuerpos de 20 detenidos desaparecidos, arrojados a la fosa después de ser fusilados y destrozados sus cadáveres con cargas de dinamitas y granadas. Tales restos corresponden a los dejados tras la remoción de las osamentas a finales de la década del '70. Los especialistas afirman que por su ubicación fueron arrastrados desde uno de los extremos del foso mediante una retroexcavadora, plenamente identificada en el proceso en cuanto a sus características técnicas y propietario. No se descarta que en próximas excavaciones se produzcan hallazgos de osamentas de mayor tamaño.
LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE LA MONEDA
Los ocho detenidos desaparecidos identificados, cuyos restos fueron sepultados clandestinamente en el Fuerte Arteaga se encontraban en La Moneda al instante de la asonada castrense. En efecto, luego del bombardeo a La Moneda, ordenado directamente por Pinochet, decenas de prisioneros tomados dentro del palacio fueron llevados, según se afirma en el Informe Rettig, al Regimiento Tacna, comandado por el coronel Joaquín Ramírez Pineda. Entre ellos, 10 asesores de Allende y 13 miembros del GAP (Grupo de Amigos Personales del Presidente, su guardia personal). Posteriormente fueron trasladados a Peldehue para ser ejecutados y sus cuerpos dinamitados.
Según el Informe Rettig, 21 fueron los detenidos de La Moneda que terminaron trágicamente en Colina. Los asesores del Presidente Allende: Eduardo Paredes, ex director de Investigaciones; Enrique París, Jaime Barrios, gerente general del Banco Central; Sergio Contreras, Daniel Escobar, Enrique Huerta, Claudio Jimeno, doctor Georges Klein, Héctor Pincheira y Arsenio Poupin, subsecretario General de Gobierno. Los miembros del GAP José Freire, Daniel Gutiérrez, Oscar Lagos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno, Luis Rodríguez, Jaime Sotelo. Julio Tapia, Héctor Urrutia, Oscar Valladares, Juan Vargas y Oscar Luis Avilés.
Las identificaciones, producto de las investigaciones ordenadas por la jueza Valdovinos, eran de conocimiento público. El periódico La Voz había informado en diciembre pasado al respecto. Un silencio cómplice de los demás medios de información controlados por la reacción, los grupos económicos y el oficialismo contribuyó a minimizar estas violaciones a los DD.HH. Entre las víctimas individualizadas se contarían el ex intendente de palacio Enrique Huerta y el ex miembro de la guardia presidencial de Allende (GAP) Domingo Blanco. Además, no se descarta que, gracias a la minuciosa investigación de la ministra en visita Amanda Valdovinos, los cerca de 400 fragmentos óseos pueden servir para la identificación de algunos de los siete GAP y seis asesores de Allende detenidos en La Moneda que aún permanecen desaparecidos.
Los "prisioneros de guerra"detenidos en La Moneda fueron asesinados y enterrados. Pero en 1979 sus restos eran removidos, al igual como ocurrió en distintas partes del país luego que a fines de 1978 aparecieran 15 cadáveres de asesinados en los hornos de Lonquén. Tales remociones, para ocultar los alevosos crímenes ordenados por la camarilla golpista comandada por Pinoche, se realizaron en todo el país, siendo el actual Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre uno de los "coordinadores" de tal bestial operación.
LIMPIANDO LAS FOSA CLANDESTINAS
De la remoción realizada en el Fuerte Arteaga existen testimonios y pruebas irrefutables. Uno de sus testigos presenciales es el capitán Pedro Rodríguez Bustos. Su declaración al juez Juan Guzmán, registrada en el "cuaderno secreto" del proceso "Caravana de la Muerte", fue conocida públicamente al filtrarse su contenido a la prensa. Así, en su testimonio Rodríguez dice que a fines de los años 70 "se recibió una orden secreta" para reunir a todos los oficiales y suboficiales que participaron en las ejecuciones y el entierro clandestino de los prisioneros en Peldehue. Agrega que "esto era para que se dieran datos de dónde se había enterrado a los ejecutados, porque la orden era limpiar el sector"; que la información recabada fue "enviada a la Comandancia de Guarnición de Santiago"; que tuvo la misión de "limpiar la franja y sacar los cuerpos". Y, concluye afirmando: "Luego con helicópteros del Comando de Aviación del Ejército los botaron al mar envueltos".
El hallazgo de osamentas en el Fuerte Arteaga ratifica que los antecedentes de la ubicación de los cadáveres de los detenidos desaparecidos dados a conocer por el presidente Lagos, de acuerdo al informe de las FF.AA en la Mesa de Diálogo, eran fraudulentos y plenas de cinismo las alabanzas que prodigara en esa oportunidad a los "hombres" de Pinochet. Tales antecedente falsos se suman a la identificación de los restos de Juan Luis Rivera Matus, quien aparecía en el informe de la Mesa de Diálogo entre los lanzados al mar frente a San Antonio y cuyos fragmentos óseos fueron encontrados en el mismo recinto militar de Peldehue. Además, los del restos del ex director de Investigaciones Eduardo Paredes, y a Enrique París, detenidos en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 fueron desenterrados a comienzos de los años 90 de una fosa del Patio 29 del Cementerio General de Santiago.
GOZABA PRESENCIANDO LAS TORTURAS
Augusto Pinochet no sólo daba las órdenes de asesinar y torturar a quienes se oponían a su régimen dictatorial. Cual émulo de los bestiales asesinos de las hordas hitlerianas gozaba con el dolor de sus víctimas. Para ello disfrutaba observando las torturas que sus secuaces aplicaba obedeciendo sus órdenes. Son actitudes de perversidad que reflejan fielmente a un degenerado asesino que goza de impunidad gracias a los gobiernos inconsecuentes de la Concertación, de los partidos de la derecha, a un poder judicial corrupto y a la defensa corporativa de unas FF.AA manchadas con la sangre de miles de chilenos.
El mayor (R) Enrique Cruz Loyer, ex comandante de la Unidad de Artillería del Regimiento Tacna y actual encargado de seguridad del Senado, vió a Pinochet en un sector del regimiento nombrado, semioculto tras las barandas hechas con cañones antiguos de carabinas, observando como sus esbirros torturaban a los integrantes del GAP y a los colaboradores de Allende que habían sido detenidos en La Moneda. Cruz Loger relató tal canibalesco acto al mayor (R) Fernando Reveco Valenzuela, quien posteriormente lo denunció bajo firma al juez Juan Guzmán. Los hechos relatados están consignados en los documentos del proceso "Caravana de la Muerte".
Todos los antecedentes reunidos por la ministra Amanda Valdovinos serán remitidos posteriormente a los Tribunales del Crimen y/o Tribunales militares que correspondan para determinar los responsables de los homicidios y las inhumaciones y exhumaciones ilegales acreditadas en la investigación y sus correspondientes sanciones por los crímenes cometidos. Esto sería lo lógico, normal y de justicia en una sociedad democrática. Pero, los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura no sólo gozan de impunidad en Chile, sino que además, los defensores de asesinos y torturadores controlan el poder forma y real, que utilizan para impedir se haga justicia en las violaciones a los DD.HH. Mientras tanto, los personeros de gobierno y de las cúpulas políticas del sistema mantienen un cómplice silencio sobre la identificación y antecedentes de la investigación de la jueza Valdovinos. Tratan de cubrir con un manto de silencio y olvido tales crímenes.