Latinoamérica

La PGR no le quiere entrar
Jesús Ramírez Cuevas

Masiosare
En nueve años se han cometido 274 crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. A pesar del tiempo transcurrido, del impacto nacional e internacional que han provocado, los asesinatos continúan. Las autoridades han sido negligentes para esclarecerlos y evitarlos. El PRI y el PAN comparten los honores de la ineptitud, como gobernantes del estado han minimizado los hechos y han seguido una política que alimenta la impunidad. El desprecio hacia las mujeres ha puesto en entredicho el sistema de impartición de justicia y el estado de derecho. A pesar de la gravedad del asunto, el procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, se niega a tomar el caso en sus manos. Las muertas pueden esperar

La ola de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez ha cumplido casi una década. El escándalo ha sido internacional, han pasado dos gobiernos estatales, cinco fiscales especiales, hay una decena de detenidos, pero las mujeres de esa ciudad siguen muriendo en forma violenta, brutal y absurda. Poco se sabe de las decenas o cientos de mujeres desaparecidas, son ellas fantasmas (no hay cifras oficiales, aunque las autoridades aceptan 45, algunas organizaciones civiles hablan de más de 400 y otras voces hasta de 600 desaparecidas).
La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua tiene registrados 274 asesinatos de mujeres desde 1993 en esa ciudad. De ellos, 198 serían situacionales (por violencia familiar, riñas de cantina, crímenes pasionales, narcotráfico, etcétera). Sólo 76 serían múltiples o seriales, es decir con un patrón similar. Las autoridades del estado aseguran han resuelto 27 de ellos, quedando 49 bajo investigación. Esther Chávez Cano, de Casa Amiga, grupo que ha seguido puntualmente los casos, sostiene que son 89 las mujeres asesinadas en forma serial.
Hortensia Aragón Castillo, diputada federal del PRD declara en entrevista que "el PAN y el PRI han sido incapaces de esclarecer los crímenes y han permitido la impunidad. Hay un pin-pon entre el gobierno estatal y el federal para deshacerse de su responsabilidad. El gobierno estatal dice que la mayor parte de ellos ocurrieron durante el gobierno del PAN. La PGR no quiere atraer la investigación porque argumenta que le toca al gobierno local. No se actúa con responsabilidad".
"Hay cosas aberrantes ?continúa la legisladora- como las declaraciones de prominentes panistas que dicen que no sólo en Ciudad Juárez se asesina a mujeres. Como gobernador, Francisco Barrio se atrevió a decir que eso le pasaba a las 'chicas malas', que se lo habían buscado y responsabilizaba a sus padres. Patricio Martínez cuenta los cadáveres por sexenio. Así no se puede evitar politizar el asunto".
"Familiares de las víctimas y amplios sectores de la sociedad no confían en las autoridades estatales", señala Esther Chávez. Incluso en un informe reciente la ONU se dice que la falta de justicia en Ciudad Juárez se debe a la corrupción oficial.
La comisión legislativa
El 11 de abril la Cámara de Diputados instaló formalmente una comisión especial para seguir los casos de mujeres asesinadas en Juárez. Pero la disputa entre el PRI y el PAN ha contaminado su desempeño, sobre todo por las elecciones municipales extraordinarias en esa ciudad que están en puerta.
La Cámara de Diputados acordó el 8 de noviembre de 2001 constituir la comisión con 12 diputados. Pasaron cinco meses para que fuera instalada formalmente por las disputas entre el PRI y el PAN. A pesar de ello, los diputados viajaron a Juárez el año pasado. El 15 de diciembre presentaron un informe al pleno de la Cámara.
"La comisión legislativa despertó esperanzas entre los familiares de las víctimas. El pasado 9 de abril algunas madres acudieron a la Cámara para conocer los avances, eso sirvió de presión para nombrar la mesa directiva", agrega.
La presidenta en turno de la comisión, Hortensia Enríquez, del PRI, explica sus líneas de trabajo: promover medidas de prevención, de procuración de justicia y en favor de los familiares de las víctimas.
"Escuchamos la opinión de las familias, de las ONG, del procurador estatal, la policía estatal, la municipal y del presidente de la Asociación de maquiladoras. Los familiares no confían en las instituciones municipales y estatales".
Los diputados hicieron varias recomendaciones, destacan las que buscan mejorar la situación de los familiares de las víctimas: elaborar un censo y crear un fideicomiso para otorgar becas escolares a los hijos; además de promover el acceso de las familias a la seguridad social del IMSS.
"En muchos casos los crímenes pueden considerarse como accidente de trabajo ya que ocurrieron durante el traslado de las víctimas del trabajo al hogar", afirma la priísta Hortensia Enríquez. "A las autoridades propusimos actuar rápido ante las denuncias de desaparición de mujeres. Ahora comienzan la búsqueda después de 48 horas".
Los legisladores también proponen se instale en el estado un laboratorio de identificación del ADN. "Desde hace tres años, el equipo llegó a Chihuahua pero por negligencia aún no se ha instalado", denuncia David Rodríguez Torres, diputado del PAN.
En una reunión con los diputados el procurador Rafael Macedo de la Concha se comprometió a presentar un informe sobre 31 expedientes que le ha turnado la procuraduría estatal. Enríquez Ortega informa que "queremos la colaboración entre la procuraduría estatal y la PGR para esclarecer los crímenes. Pero todavía está en litigio si la PGR atrae los casos o no. El procurador Macedo insiste en que estos casos no son de su competencia".
"Hay muchas hipótesis de por qué ocurren los crímenes: asesinos seriales, narcotráfico, tráfico de órganos, películas snuff, imitadores, pero no se ha llegado a ninguna conclusión. Tampoco se han tomado medidas para evitarlos. De los acusados por los crímenes aún hay dudas de si son o no los responsables", asegura.
Aunque el papel de la comisión es limitado, la diputada perredista, Hortensia Aragón, asegura que "la denuncia permanente de todas las irregularidades y omisiones es una forma de presionar a las autoridades para que cumplan su función. Insistiremos en que participen instancias internacionales en las investigaciones".
La legisladora del PRD señala que "hay muchas denuncias contra las autoridades por omisión, se habla de maltratos a los familiares, de falta de voluntad para resolver los crímenes. Hay pruebas de la incapacidad y la negligencia de las autoridades, de eso debe haber responsables. Ahí es donde el PRI y el PAN no quieren entrar".
Mientras los diputados hacen su tarea y las autoridades continúan actuando como siempre, en Ciudad Juárez las mujeres siguen muriendo y la sociedad continúa con su reclamo de una justicia que después de casi diez años aún no llega.