Latinoamérica

Cuauhtémoc Cárdenas
La Jornada
El lunes conocimos, mexicanos, cubanos y el mundo entero, una insólita, inimaginable llamada telefónica, que raya en lo fantástico, que hiciera el jefe de Estado de México, Vicente Fox, al de Cuba, Fidel Castro.
Muchas cosas quedaron a la vista con esa conversación. Para los mexicanos ha resultado una conversación más que reveladora, de confirmación de lo que ya se suponía respecto a la capacidad política -para no hablar de las formas y calidades del trato personal o de la falta de perspicacia o el imperdonable desconocimiento del interlocutor- del titular del Ejecutivo mexicano y de su gobierno, así como del giro radical que se ha dado a la política exterior del país.
Cuando conocimos, en voz de Fidel Castro, que un alto funcionario del gobierno de México le había solicitado abandonar Monterrey a la brevedad y no quiso revelar quién se lo había pedido, aunque siempre dijo contar con las evidencias para probar su afirmación -lo que nunca debieron perder de vista ni la Presidencia ni la cancillería mexicanas-, se dijo que el presidente cubano estaba en falta. Por su lado, todos los funcionarios mexicanos que trataron el tema sostuvieron siempre que el presidente cubano mentía. ¿Desconocían o no imaginaban quién podía haber hecho un planteamiento en tales términos a un jefe de Estado? ¿Y finalmente, quién mintió? Por otro lado, los funcionarios mexicanos mostraron gran torpeza al perder de vista que en toda relación internacional que se quiere fructífera, se espera reciprocidad, y si los golpes van siempre en un mismo sentido: la descortesía, que obedecía a un ignominoso servilismo, de Monterrey; la entrevista con la disidencia en una visita de Estado, anunciada al gobierno cubano en el último momento; el voto del gobierno mexicano en Ginebra, y varios desencuentros más, había que esperar una respuesta, que no iba a ser de halagos y menos de sumisión.
El que este intercambio entre dos jefes de Estado se haya hecho público, al divulgar la parte cubana una grabación de la conversación sostenida, constituye un hecho insólito en la vida internacional. No puede aplaudirse que se haya faltado a la discreción debida en este tipo de intercambios, por más que haya habido agravios que resultaban intolerables para la dignidad de un gobernante y su compromiso de preservar esa dignidad ante su pueblo y su país.
Sin embargo, sorprenderse los altos funcionarios del gobierno de México porque se haya grabado una conversación telefónica internacional -lo que más de alguno de ellos hace todos los días en lo interno y lo que debe ser usual, para mantener registro de intercambios trascendentes en las comunicaciones entre jefes de Estado-, resulta, por decir lo menos, ingenuo, pues sabemos además que de acuerdo con las normas de operación de las comunicaciones internacionales, toda conexión de un país a otro se graba y los Estados tienen legalmente derecho a conocer las grabaciones que corresponden a su país. Y menos debiera sorprenderse Vicente Fox, quien en comunicación interna, dentro de la misma capital mexicana, sin tener la mínima consideración y decencia de advertirlo a sus interlocutores, nos mandó al aire y nos puso ante el público a sus contendientes Francisco Labastida y a mí, durante la pasada campaña electoral.
No se trata de cerrar los ojos ante problemas reales. La acción de los gobiernos está en el origen de muchos de estos problemas. Así sucede en Cuba, en México y por todas partes, pero enfrentar los problemas, superar deficiencias, encarrilar desvíos o poner orden en el comportamiento de autoridades es responsabilidad y derecho de cada pueblo, y en este sentido resulta inadmisible la intervención de un país en los asuntos de otro.
Es justo decir que en México ha habido un importante avance en materia de derechos políticos, como la participación en la vida pública o la libertad de expresión, como también es justo reconocer que Cuba está muy por encima del resto de América Latina en la atención a la salud pública y en la educación.
El respeto al ejercicio de ciertos derechos no justifica que se cancele la observancia de otros, pues es el conjunto de todos lo que establece los índices de calidad de vida que debemos revisar con objetividad en nuestros países, antes de emitir juicios condenatorios.
En lo particular, podemos estar de acuerdo o en pleno desacuerdo respecto a cómo se conducen las cosas en Cuba, cómo se comporta su gobierno o qué espacios de participación tiene su gente, pero cualquier cambio, cualquier corrección de rumbo es asunto que sólo a los cubanos corresponde decidir y realizar. Lo mismo en México: nuestros conflictos con el régimen político, con nuestras leyes o entre grupos de la sociedad, habremos de resolverlos nosotros, en tiempos más cortos o más largos, y no queremos injerencias externas para hacerlo.
Ahora bien, volviendo a la llamada telefónica, lo más grave es que confirma la servil incondicionalidad del titular del Ejecutivo mexicano hacia su homólogo estadunidense y la absoluta subordinación de nuestro gobierno y sus políticas a los intereses de la cúpula político- financiera que gobierna Estados Unidos. Y en este sentido, nada mejor para confirmar esta afirmación que la petición hecha por Fox en esa conversación telefónica, con voz que quería perderse, cuando al responder a la pregunta de Fidel Castro: "Dígame, ¿en qué más puedo servirlo?", responde: "Pues básicamente no agredir a Estados Unidos o al presidente Bush..."
Es de conocimiento mundial que la iniciativa de resolución presentada contra Cuba por el gobierno de Uruguay en Ginebra estuvo impulsada por el gobierno de Estados Unidos. Al apoyar el gobierno de México esa resolución, que tiene un claro carácter injerencista, contraviene nuestra Constitución, que expresamente establece en la fracción X del artículo 89, que en la conducción de la política exterior el titular del Poder Ejecutivo observará, entre otros, los principios normativos de autodeterminación de los pueblos y no intervención.
En consecuencia, en el caso concreto del voto en Ginebra, los distintos funcionarios mexicanos que hayan participado en cualquier forma en la emisión de ese voto -autorizándola, materializando la decisión, etcétera-, al violar el mandato constitucional se convierten en sujetos y deberán ser, por lo tanto, sometidos a juicio político. Debiera serlo el propio Presidente si contáramos a este respecto con una legislación democrática, como la han venido demandando las fuerzas progresistas del país. Esta conversación hace luz, plena luz, de por qué el gobierno mexicano sigue al pie de la letra y aplica con todo rigor las políticas que derivan de los consensos de Washington, por qué no plantea la revisión del TLC de América del Norte para establecer una relación equitativa para nuestro país, por qué se apoya un proyecto como el ALCA, que representa una mayor subordinación y menos oportunidades de desarrollo para México, por qué se quita el agua de la cuenca del río Bravo a los agricultores tamaulipecos para dársela a los texanos, por qué no ha habido sino una tímida protesta en un boletín de la embajada en Washington ante la resolución de la Suprema Corte estadunidense que niega los derechos de los trabajadores migrantes -entre ellos, millones de mexicanos.
Este incidente pone como nada al descubierto, y esto es lo que más debiera preocupar a los mexicanos, que hoy la política exterior de nuestro país está regida por la subordinación y la incondicionalidad hacia el vecino del norte, y también por la incapacidad, la ignominia y la mentira.
En estas condiciones el gobierno de México no tiene credibilidad y no tiene, por lo tanto, autoridad moral para haber hecho, por conducto de su vocero, un llamado a la unidad de todos los mexicanos en torno a su posición en este incidente. El llamado que quisiéramos escuchar, que lo quisiéramos respaldado en la congruencia con los hechos, debiera ser en torno al respeto a los derechos de los trabajadores, a alcanzar una paz digna en Chiapas, al ejercicio pleno de nuestra soberanía, al fomento del empleo y el fortalecimiento de la seguridad social, en fin, en torno a la cabal observancia de nuestra Constitución.