Latinoamérica

Antonio Cuesta Marín

El pasado 22 de marzo, un grupo de 17 organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales de Guatemala presentaron ante el Vicepresidente de la República y Coordinador del Gabinete de Seguridad, Juan Francisco Reyes López, un manifiesto (La seguridad no se negocia) en el que expresaban su preocupación sobre el clima de inseguridad y el deterioro del respeto de los derechos humanos en Guatemala.
En el documento se denunciaba el aumento de la represión, con métodos típicos de la contrainsurgencia de los años de la dictadura, y el cierre de los espacios para el diálogo y, en consecuencia, para el avance de la democracia en Guatemala.
Desde la firma de los acuerdos de paz, en diciembre de 1996, la sociedad guatemalteca ha visto truncadas todas sus esperanzas de ver llevado a cabo un cambio político y social. El aumento de la violencia, la corrupción política y las desigualdades sociales y económicas han generado hasta el momento una gran frustración y una creciente falta de confianza en las instituciones y en los partidos políticos. De hecho para el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala ha sido durante el año 2001 "el país mas violento e inseguro del continente americano" . Los hechos de violencia y las vulneraciones de derechos humanos han aumentado un 25% con respecto al año anterior y casi un 40% si se compara con 1999. En concreto durante el pasado año, el GAM ha contabilizado más de dos mil casos de violencia política y social, de los cuales, algo más de la mitad, tuvieron como resultado la muerte de una o varias personas.
Ataques y amenazas
Uno a uno, todos los sectores sociales organizados han sido víctimas de amenazas o de ataques.
Desde comunidades campesinas, grupos de derechos humanos, organizaciones feministas, sindicales y estudiantiles hasta equipos de trabajo que realizaban exhumaciones, pasando por congregaciones religiosas, grupos de homosexuales y periodistas, entre otros.
Dos días antes de la presentación del documento (La seguridad no se negocia) las oficinas de una de las organizaciones firmantes del mismo, la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales de Guatemala (AVANCSO), fueron asaltadas de madrugada. Los atacantes, tras golpear y amenazar con una pistola al vigilante, procedieron a destrozar el mobiliario de las oficinas donde se estaban trabajando temas relativos al campesinado y medios de comunicación. Curiosamente estas oficinas se encuentran a escasa distancia del Palacio Nacional, la Casa Presidencial y el Estado Mayor de la Presidencia. AVANCSO es uno de los grupos objeto de reiterados ataques y amenazas a lo largo de los años por parte de los grupos clandestinos vinculados al poder.
Estos hechos fueron denunciados públicamente y ante los organismos del Estado pero hasta el momento la investigación policial no ha obtenido ningún resultado.
El último informe sobre la situación de Derechos Humanos de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) señala claramente la existencia de cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos que actúan con impunidad en la comisión de los delitos. Igualmente "finqueros" y terratenientes que en el pasado financiaron e incluso participaron en diferentes "escuadrones de la muerte", continúan con vínculos dentro del ejército y han constituido nuevas guardias privadas para actuar contra dirigentes indígenas o campesinos. Estos hechos han ocurrido con especial alevosía en la costa sur, donde muchos campesinos han sido brutalmente asesinados durante el pasado año. En muchos casos los agresores han sido identificados como miembros de la G2 (inteligencia militar).
Se han documentado 24 casos que pueden ser calificados como ejecuciones extrajudiciales. Si no hubo bastante con los 45 mil desaparecidos, a manos de militares y escuadrones de la muerte durante los 28 años de terrorismo institucionalizado, ahora esta antigua "técnica" de contrainsurgencia ha vuelto a ser puesta en práctica. Desde octubre de 1993 las organizaciones de derechos humanos no habían registrado ningún caso de desaparición forzada, pero con la llegada al poder del ultraderechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), en 1999, han comenzado a contabilizarse. El primero de ellos fue la desaparición de la catedrática universitaria Mayra Gutiérrez. Esta caso no está siendo investigado y los funcionarios gubernamentales no sólo han restado importancia al asunto sino que incluso han hecho declaraciones difamando y calumniando a la víctima. Durante el pasado año, 3 nuevos casos se han añadido a la lista.
Deterioro social y económico
Para las organizaciones sociales guatemaltecas el año 2001 se caracterizó por la agudización de la crisis en el terreno político, social y económico. Por primera vez en la historia del país centroamericano ha surgido el peligro de que un número indeterminado de personas mueran por inanición. Al menos dos municipios ya están padeciendo hambruna (Jocotán y Camotán en el departamento de Chiquimula al oriente del país) y 100 más se encuentran en peligro de enfrentarla en los primeros meses del 2002. El creciente desempleo, la injusta distribución de la riqueza , la grave crisis económica que vive el país, la caída de los precios del café en el mercado internacional y una aguda sequía han sido los principales causantes de una hambruna que amenaza con extenderse por otras zonas de Guatemala, sin que hasta el momento se hayan creado planes que tiendan a impedir que se dé una situación de esa naturaleza.
En el índice de desarrollo humano, Guatemala ha pasado de ocupar el puesto 112, en 1999, a situarse en el 120 durante el año 2001. Lo que denota el claro retroceso en el que se encuentra.
La creciente militarización
El documento presentado hace hincapié en que los cuerpos de seguridad ilegales y los aparatos clandestinos no pueden funcionar sin la aquiescencia del Estado. En muchos casos existen evidencias de que la actuación policial encubre el delito y la inacción del ministerio público garantiza la impunidad. Ante estas denuncias, el Ministerio de Gobernación siempre ha asegurado desconocer la existencia de estos grupos o encontrarse los mismos fuera de su control. A pesar de las medidas cautelares de protección solicitadas a instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Representante Especial para Defensores de Derechos Humanos de la ONU, el mismo ministerio no ha mantenido acciones continuadas de seguridad hacia las personas u organizaciones amenazadas.
Otra acusación grave contra el gobierno guatemalteco es la que hace referencia a los distintos nombramientos para cargos públicos de ex-militares. Constituyendo esta circunstancia una clara violación de los Acuerdos de Paz y afectando directamente al deterioro del respeto de los derechos humanos en el país.
La institución militar ha recuperado en los dos últimos años parte de la influencia política que desde la firma de la paz había ido perdiendo (muy a su pesar) en beneficio de las instituciones civiles. Durante el pasado año, consiguió duplicar de "facto" el presupuesto consignado al ejército, aprovechándose para ello de transferencias "secretas" provenientes de otros departamentos ministeriales, y de ese modo pasar de los 836 millones de quetzales que tenía asignados a 1,546 millones. Quebrando con ello el Acuerdo de fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, que establece una reducción presupuestaria de por lo menos 33% con relación al PIB, tomando como referencia el presupuesto de 1995.
Peticiones al gobierno
Las organizaciones firmantes del documento consideran que los ciudadanos guatemaltecos tienen la legítima aspiración a un estado de derecho en el que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan organizarse y desarrollar sus actividades sin riesgo para su vida. Esta es "una garantía reconocida por el Estado de Guatemala en los Acuerdos de Paz, el ejercicio de la promoción y la defensa de los derechos humanos". Sin embargo, desde abril del 2000, las mismas organizaciones han evidenciado un deterioro acusado de las condiciones de seguridad, para poder llevar a cabo sus tareas.
Por último demandan del gobierno guatemalteco la desarticulación de los cuerpos de seguridad ilegales y los aparatos clandestinos. Exigen que se dé marcha atrás en los nombramientos de militares para los puestos del ejecutivo que están destinados a civiles y que se reduzca el presupuesto militar, al tiempo que piden explicaciones de lo gastado al momento.
Antonio Cuesta Marín
El Manifiesto, La seguridad no se negocia, esta firmado por las organizaciones: Alianza contra la Impunidad, Asociación Feminista La Cuerda, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Casa Alianza, Casa de Desarrollo Comunitario, Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, Centro de Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas, Centro de Estudios, Información y Bases para la Acción, Coalición Guatemalteca por la Corte Penal Internacional, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala, Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, Fundación Myrna Mack, Fundación Rigoberta Menchú Tum, Grupo de Apoyo Mutuo, Instituto de Derechos Humanos de la USAC, Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado.