Latinoamérica

Pablo Stefanoni
El Espejo de Argentina y el Mundo

Lucha social: después de un año y medio de detención, en un claro ejemplo de criminalización de la protesta, el dirigente marplatense recuperó su libertad y anunció que continuará con su labor social en su barrio.
Emilio Alí fue liberado por la Cámara de Casación Penal bonaerense. La fuerte movilización de los piqueteros, las negociaciones políticas y la acción jurídica de los abogados revertieron la condena de cinco años y medio de prisión dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Mar del Plata. El nuevo fallo lo absuelve por el delito de extorsión (causa por supuestas amenazas) y desestima que hubiera habido tentativa de hurto durante el reclamo de alimentos en el supermercado Casa Tía el 5 de mayo de 2000, aunque mantiene en pie el cargo de coacción agravada.
Con este fallo la Cámara de Casación revirtió parcialmente los efectos de una condena claramente ejemplificadora, cuyas motivaciones fueron estrictamente políticas. Como señaló recientemente Alí, a través de él "condenaron el derecho a movilizarse para peticionar alimentos, condenaron que la gente se organice para protestar pacíficamente por sus derechos", en definitiva condenaron la protesta social. Por ejercer ese derecho a protestar Emilio Alí estuvo casi dos años preso, primero en Batán y luego en el penal de Gorina, cerca de La Plata.
No cabe duda que la libertad de Emilio Alí es una victoria del movimiento popular. Cada vez con más fuerza los reclamos por su libertad se fueron extendiendo desde el movimiento piquetero hacia las asambleas populares de la Capital Federal, paralelamente a un proceso de confluencia entre los desocupados y la clase media movilizada.
Sin embargo, la decisión de la Cámara comparte con el Tribunal que lo condenó el criterio de que el hecho en sí de exigir colectivamente alimentos constituyó un delito (coacción agravada) aplicando una condena de dos años y tres meses de prisión, de las cuales Alí ya cumplió más de las dos terceras partes.
Esto no es un dato menor en un contexto en el cual hay 2.800 militantes sociales procesados, los cuales podrían perder su libertad por participar en manifestaciones consideradas como una amenaza y a las que se le aplique la figura de la coacción, al tiempo que Castels continúa privado de su libertad.
¿Ladrón de gallinas o militante social?
Es claro que cuando quien está sentado en el banquillo de los acusados es pobre y, además, se atreve a enfrentar el statu quo vigente a través de la acción directa, el derecho cede y la sentencia ejemplarizadora ocupa su lugar. El editorial de La Nación del 1° de abril, es la expresión de un sector social que plantea la mano dura contra el peligro de anarquía. Allí se señala que la libertad del dirigente gremial Alí "constituiría una pésima señal a la sociedad, pues se estaría alentando a saqueadores y perturbadores sociales a realizar cualquier clase de tropelías con cierta garantía anticipada de impunidad final". Está claro que los métodos de lucha históricos del movimiento obrero y popular chocan a diario con las leyes del sistema. Afortunadamente hoy queda claro que los derechos de propiedad no son generalizados y no impiden la expropiación generalizada de los pequeños y medianos ahorristas. La mayor parte de las formas de lucha de los desocupados pueden ser consideradas tan fuera de la ley como lo están ellos mismos de la producción y el consumo.
Quienes ocupan oficinas públicas, exigen alimentos a los supermercados o cortan rutas, están expuestos a ser acusados mediante figuras como coacción, extorsión, sedición, desacato a la autoridad, usurpación. De hecho dos fiscales de ejecución penal de La Plata denunciaron por delitos contra la seguridad de los medios de comunicación y transporte a las personas que hace quince días cortaron el Camino Centenario reclamando la libertad de Alí (Página/12, 31/03/02). Por eso es importante remarcar esta cuestión: no se trata de que la condena a Emilio Alí fuera "excesiva" para el delito cometido, no estamos en presencia de un "ladrón de gallinas" o de un caso como el de aquel detenido que se robó un sándwich del escritorio del Tribunal y fue procesado -como se comparó en algunos medios. Quien fue condenado es un dirigente barrial, con una trayectoria de lucha social, que fue con sus vecinos a reclamar pacíficamente alimentos a un supermercado con la convicción de que el derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad y con la intuición de que la acción colectiva era la única forma de cambiar su destino y el de su barrio.