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URUGUAY: FISCAL PIDE PROCESAMIENTO DE CANCILLER
DE LA DICTADURA
(www.surmedia.com)
Acusado de un delito de privación de libertad, Juan Carlos Blanco, ex Canciller
de la dictadura y ex Senador del Partido Colorado, aguarda que la magistrada María
del Rosario Berro rechace la solicitud de la fiscal Mirtha Guianze. En caso contrario
podría ser el primer civil vinculado a la dictadura que vaya preso por
un delito vinculado a la desaparición de personas.
En junio de 1976 cuando la maestra Elena Quinteros fue secuestrada en el jardín
de la Embajada de Venezuela en nuestro pais, por comando integrado por policías
y militares, Blanco era el Ministro de Relaciones Exteriores. Junto al actual
embajador en el Vaticano, Julio César Lupinacci, al ex vicecanciller Guido
Michelín Salomón, y el diplomático Alvaro Alvarez, redactaron
un documento que analizaba la conveniencia "de entregar o no, a la mujer." La
fiscal entendió que Blanco incurrió en el delito de "privación
de libertad", una figura que -a su juicio- sólo cesa cuando aparece la
persona apresada.
El ex Canciller fue consultado ayer de mañana por CX 14 El Espectador.
"Acabo de tomar conocimiento por la prensa y a través de su pregunta, de
manera que no le podría dar ningún elemento específico al
respecto. Solamente que es natural, es un procedimiento que está previsto
de acuerdo con la ley y hay todo un trámite y un procedimiento a seguir
y que se continuará como corresponde". Juan Carlos Blanco tampoco quiso
confirmar si apelará el pedido de la fiscal. "No voy a hacer ningún
tipo de comentario sobre el procedimiento porque como le digo me acabo de enterar
y ni siquiera lo he analizado ni lo conozco oficialmente".
Sobre los argumentos manejados por la fiscal Guianze, Blanco dijo que no tiene
una postura definida. Pero según señaló la misma emisora,
la postura sobre la calidad del delito definido por la fiscal es defendida por
el actual Ministro de la Suprema Corte, Milton Cairoli, por el abogado penalista
Gonzalo Fernández y por la ex Presidenta del Poder Judicial, Jacinta Balbela.
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PIDEN PROCESARLO POR CASO QUINTEROS
Blanco dijo desconocer detalles de desaparición
Juan Carlos Blanco
El ex canciller Juan Carlos Blanco todavía no designó a un defensor
ni decidió qué hará con respecto al pedido de procesamiento
que la fiscal Mirtha Guianze presentó a la jueza Rosario Berro por el delito
de "privación de libertad" al entender que fue responsable del secuestro
de Elena Quinteros, desaparecida en 1976 de los jardines de la Embajada de Venezuela.
Consultado por El País, Blanco dijo que "todo lo referente al tema de Elena
Quinteros lo he transmitido en distintas investigaciones que hubo en estos años,
tanto administrativas, como legislativas y judiciales. No tengo información
adicional que pueda agregar con respecto a Elena Quinteros".
El ex canciller agregó que prefiere no hacer calificaciones de la decisión,
ya que no ha sido notificado de nada.
Según informó ayer el semanario Búsqueda, Guianze entendió
que la privación de libertad es un delito permanente que cesa cuando aparece
la persona apresada.
En 1990 la denuncia había sido presentada por los senadores frenteamplistas
Helios Sarthou y José Korzeniak, entre otros legisladores.
El 20 de junio del año pasado la comisión de Derechos Humanos del
Pit-Cnt presentó un escrito ante el juzgado penal de primer turno, a cargo
de la jueza Rosario Berro para solicitar la citación de los funcionarios
de la Cancillería en 1976.
Además pidieron informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas
(MTOP) informes de los años 1984, 1985 y 1986 en razón de haber
recibido información de que funcionarios militares con maquinaria de ese
Ministerio habrían procedido a exhumar el cuerpo de Quinteros.
El escrito también solicitó el expediente al juzgado de 20 turno
por la denuncia de la operación Zanahoria, presentada por el senador Rafael
Michelini en 1997.
Del mismo modo reclamaron que se lo intime para que informe de las investigaciones
que realizó en cumplimiento del artículo 4 de la misma ley que dispone
que el Poder Ejecutivo deberá investigar el esclarecimiento de las denuncias
presentadas sobre personas detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas.
El abogado Pablo Chargoñia quien representa al Pit-Cnt afirmó que
reciben la noticia con satisfacción porque afirma la tesis del delito permanente
que excluye la aplicación de la ley de Caducidad.
Cuando se presentó la demanda en 1990, Blanco era diputado por la Unión
Colorada y Batllista. Ese año el semanario Mate Amargo dio a conocer la
existencia de un memorándum secreto, redactado por el entonces director
de la Cancillería, Alvaro Alvarez, siguiendo instrucciones de Blanco.
En una comisión investigadora del Senado, Blanco dijo que cuando ocurrieron
esos hechos la Cancillería y su titular no tenían "poderes jurídicos
y políticos" para dominar todo el escenario nacional y que el Ministerio
tenía una órbita específica que eran las relaciones internacionales.
El ex canciller sostuvo que el contenido del memorándum no implicaba que
el Ministerio estuviera discutiendo "la entrega o la no entrega" de Quinteros.
Finalmente la comisión del Senado declaró la absolución de
Blanco. El entonces legislador dijo que se pretendía "basar la responsabilidad
en su pertenencia a la estructura de poder" y que eso era "jurídicamente
aberrante".
En las diferentes investigaciones que se llevaron a cabo, Blanco informó
que en ese momento pidió a las autoridades de seguridad la averiguación
del caso y la respuesta recibida fue que ese operativo no había sido hecho
por las fuerzas de seguridad ni tampoco había ninguna persona detenida.
También declararon por la desaparición de Quinteros ante la jueza
Berro, el ex canciller Julio César Lupinacci, el ex vicecanciller Guido
Michelín y el embajador Alvaro Alvarez.
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URUGUAY: PRESENTAN DENUNCIA POR 32
NUEVOS CASOS DE DESAPARECIDOS
(www.comcosur.com)
La central de trabajadores uruguayos, PIT-CNT, informó que denunciará
ante la Justicia Penal los casos de 32 ciudadanos uruguayos y argentinos desaparecidos
en la República Argentina durante la dictadura militar que, según
el ex represor que brindó los datos que permitieron ubicar a Simón
Riquelo, fueron entregados en 1976 a militares uruguayos tras haber permanecido
recluidos en la cárcel clandestina bonaerense de Automotores Orletti. Asimismo,
la central resolvió remitir toda la información al respecto en su
poder a la Comisión para la Paz para que ésta diligencie las investigaciones
que correspondan.
En un comunicado emitido con la firma de Luis Puig, secretario de Derechos Humanos,
la organización, se adelantó que también "incorporará
estos elementos a las causas ya presentadas ante la Justicia en España,
Italia y Argentina, lo que será coordinado con las centrales sindicales
de dichos países." La central acusó al gobierno de demostrar una
"total ausencia de esfuerzos para avanzar en temas fundamentales de derechos humanos,
como la ubicación de Simón y el permanente incumplimiento de los
convenios internacionales suscritos por Uruguay".
Puig dijo al diario "La República," la información "surgió
de la misma fuente que permitió ubicar a Simón" lo cual implica
un alto grado de credibilidad, y ahora se "está procesando" para cotejarla
con la que ya se posee. Según los nuevos datos, un grupo de 27 ciudadanos
uruguayos y 5 argentinos, que permanecía en el centro de torturas Automotores
Orletti en octubre de 1976, fue entregado a fuerzas militares uruguayas y fue
trasladado a Uruguay para su "disposición final." Esa lista se agrega a
los 22 uruguayos que fueron trasladados clandestinamente al Uruguay, permanecieron
en condición de desaparecidos en una casona de Punta Gorda y luego fueron
alojados en el Servicio de Información y Defensa (SID) de la calle Bulevar
Artigas. Entre ellos estaban Sara Méndez y la nuera de Juan Gelman.
La fuente que afirmó la existencia del hasta ahora desconocido traslado,
es un argentino que estuvo vinculado a la represión coordinada en ambos
países en el marco del Plan Cóndor, y participó en los procedimientos
de detención de los uruguayos secuestrados en Buenos Aires, entre junio
y octubre de 1976. El informante dijo al periodista Roger Rodríguez que
"De Uruguay a los argentinos nos han cobrado todo y mucho ha salido a la luz.
Pero que no nos adjudiquen esas desapariciones. A los que no murieron en Orletti
nosotros los devolvimos. No sabíamos que los del primer viaje estaban vivos,
así que cuando cerraba Orletti se planificó otro viaje grande en
el que se incluyó a todos los que quedaban, incluso cinco argentinos. No
participé en la entrega, pero creo que a esos últimos tienen que
buscarlos en Uruguay."
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