Latinoamérica

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 6 de abril. Las recientes declaraciones del canciller de Cuba, Felipe Pérez Roque, considerando "serviles y genuflexos" a los gobiernos de Argentina, Uruguay y Costa Rica, desataron de nuevo el debate sobre la posición en favor de Estados Unidos que tomaría Buenos Aires en la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas en Ginebra.
Por lo pronto, el gobierno uruguayo llamó este sábado a consultas a su embajador en Cuba, Enrique Estrázulas, "ante falsedades y expresiones agraviantes", según informó este sábado el gobierno uruguayo en un comunicado.
De acuerdo con encuestas, 85 por ciento de los argentinos se opone a que se vote contra Cuba, y hace 20 días el Senado aprobó un proyecto del legislador justicialista Eduardo Menem, que pedía al gobierno abstenerse de votar contra Cuba mientras no se levante el bloqueo económico contra la isla. Varios cientos de argentinos se congregaron hoy en uno de los teatros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para exigir que se desista de votar contra la isla.
La diputada Elisa Carrió, del partido Alternativa para una República de Iguales (ARI), sostiene que Argentina debe abstenerse, y Alicia Castro, del Frente para el Cambio, considera que si este país vota contra Cuba "haría el ridículo por su actitud servil".
Martín Granovsky afirmó en el diario Página 12 que existe la duda de si "Argentina además de votar contra La Habana será uno de los impulsores de la resolución de condena", ya que Washington no logra encontrar qué nación remplazará al gobierno checo, que el año pasado fue el encargado de introducir la condena a votación en la CDH.
En Uruguay existe una marcada oposición popular y en los propios partidos del gobierno de Jorge Batlle, además del mayoritario Frente Amplio. Al hablar ante el Senado, el canciller Didier Operti intentó suavizar los términos, mencionando que hay consultas entre países latinoamericanos para tratar de elaborar un documento común y que la idea "no es penalizar a Cuba, no es convertirnos en juez de esta situación, sino ver si le podemos proveer a la comunidad internacional de un instrumento que permita que Cuba informe sobre los pasos que viene dando".