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 Latinoamérica |
22 de abril del 2002
Mary Robinson alarmada por la propuesta de Uribe Vélez de armar un millón de civiles
Equipo Nizkor
Mary Robinson, Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declaró este jueves en Ginebra estar alarmada por la proposición de uno los principales candidatos presidenciales en Colombia de armar a un millón de civiles para restablecer la seguridad en el país.
Al presentar su informe sobre Colombia ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson hizo alusión sin nombrarlo a Alvaro Uribe, candidato independiente de derechas a la presidencial del 26 de mayo próximo.
Uribe ha manifestado estar dispuesto a lanzar un movimiento de resistencia civil masiva con un millón de voluntarios contra los grupos armados. Las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (Farc, marxistas) lo acusan de estar apoyado por los paramilitares, lo que él desmintió.
Mary Robinson lamentó la actitud de algunos políticos colombianos que cierran los ojos sobre las actividades de los grupos paramilitares, e incluso los consideran legítimos.
La Alta comisionada declaró haber comprobado en 2001 una expansión y una consolidación de los grupos paramilitares en Colombia "que están entre los más violadores de los Derechos Humanos" y destacó "sus vínculos persistentes con funcionarios y fuerzas de seguridad".
"Estoy particularmente inquieta por las afirmaciones de los paramilitares según las cuales un número importante de personas elegidas recientemente en el Parlamento representan a grupos paramilitares", declaró.
"Más preocupante aún es el hecho de que amplios sectores de la sociedad colombiana consideren las actividades paramilitares como una opción legítima y que algunos candidatos políticos parezcan admitir esas actividades, como lo demuestra la proposición de uno de los principales candidatos de armar a un millón de civiles", añadió Robinson.
Uribe salió ileso el pasado domingo de un atentado dinamitero en la caribeña ciudad de Barranquilla, que, sin embargo, provocó la muerte a tres personas y heridas a 20 más.
Uribe es un político de 49 años que ha basado su campaña en la idea de que se requiere de autoridad y mano dura para enfrentar a la guerrilla de las Farc, que desde el año pasado lo considera objetivo militar.
Casado y padre de dos hijos, el abogado Uribe aparece como favorito en las encuestas de intención de voto con miras a los comicios del próximo 26 de mayo, manejando un discurso de mano dura para someter a los rebeldes y obligarlos a negociar un acuerdo de paz y rechazando acusaciones de que favorece al paramilitarismo.
Cuando fue alcalde de Medellín (noroeste), entre 1982 y 1986, y luego gobernador del departamento de Antioquia (1995-97) y senador (1986-94), Uribe se destacó como un defensor de la aplicación de la fuerza legítima para derrotar a los guerrilleros, paramilitares de extrema derecha, narcotraficantes y criminales organizados.
Siendo gobernador y amparado en la ley, Uribe promovió la creación en el conflictivo Antioquia de las "Cooperativas Convivir", asociaciones de civiles que tenían como propósito ayudar a las fuerzas de seguridad a combatir a las organizaciones violentas y que líderes humanitarios acusaron de ser fuente de permanentes violaciones a las garantías básicas.
Asimismo, los dirigentes humanitarios acusaron a Uribe de haber dirigido la acción de las "Cooperativas Convivir" casi exclusivamente contra las guerrillas de las Farc y el Eln, y denunciaron que muchos de los miembros de esas organizaciones civiles se sumaron después a los grupos paramilitares, enemigos acérrimos de la insurgencia.
[Fuente: Agencia France Press, Ginebra en el diario El Colombiano, Col, 18abr02]
LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO COLOMBIANO PARA CONTROLAR LA VIOLENCIA Y, EN ESPECIAL, A LOS GRUPOS PARAMILITARES, SIGUE SIENDO DÉBIL E INCONSISTENTE.
La actuación del Gobierno colombiano para controlar la violencia y, en especial, a los grupos paramilitares, sigue siendo débil e inconsistente, afirmó hoy la Alta Comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, que también lamentó el fortalecimiento del sector militar en detrimento del civil.
En la presentación de su informe ante la Comisión de Derechos Humanos, Robinson, que reconoció los esfuerzos del presidente Andrés Pastrana en el proceso de paz, criticó duramente la falta de medidas efectivas para acabar con la dramática situación que vive el país.
"El Estado ha estado ausente de numerosas regiones del país debido al conflicto, lo que ha agravado los problemas de legitimidad, gobernabilidad y respeto por la ley", agregó.
La Alta Comisaria resaltó que "el Estado de derecho está en grave amenaza" por el conflicto armado, la escalada de la violencia, la aplicación de la ley de seguridad nacional, la falta de una administración de justicia ecuánime y la amenaza de los paramilitares.
El informe de la Alta Comisaria fue unánimemente apoyado por todas las organizaciones no gubernamentales y sindicales que intervinieron ante el pleno de la Comisión, que no obstante pidieron una actuación más fuerte de este foro en lugar del texto que negocian la Unión Europea y las autoridades colombianas y cuyo borrador calificaron de "muy débil".
El vicepresidente colombiano, Gustavo Bell Lemus, señaló que decir que el agravamiento de la situación de los derechos humanos responde a la absoluta ineficacia del Estado "es un juicio simplista para responder a una realidad compleja creada por factores como el narcotráfico que se causan e incuban mas allá de sus fronteras".
Bell Lemus pidió a la Alta Comisaria una visión más objetiva de la realidad colombiana que permita a la comunidad internacional apoyar al Gobierno.
Asimismo consideró que el informe contiene los mismos estereotipos de años anteriores y lamentó que no sea ni equilibrado, ni objetivo, ni esté contextualizado.
En el informe, la Alta Comisaria resalta que persisten los lazos de los paramilitares con los funcionarios públicos y las fuerzas de seguridad, lo que "compromete al Estado y demuestra su debilidad en el combate efectivo de este fenómeno".
Robinson destacó especialmente que una importante parte de la sociedad ve a los paramilitares como una opción legítima y ciertos candidatos políticos parecen condonar las actividades de estos grupos.
La Alta Comisaria mostró su inquietud por el cambio de política institucional de la Fiscalía General de la Nación, que socava la independencia de sus investigadores cuando examinan alegaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
La enorme escala y complejidad de los desplazamientos forzados, los secuestros de políticos, la crítica situación de los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y académicos y la falta de eficacia de las medidas que pudieran protegerles fueron otros de los problemas citados por Robinson.
Por ello, pidió al futuro Gobierno de Colombia que adopte medidas que muestren un serio compromiso con el respeto del Estado de derecho y con los derechos humanos, con la lucha contra la impunidad y el paramilitarismo y que no escatime ningún esfuerzo para la búsqueda de una solución negociada al conflicto.
El embajador de España, Joaquín Pérez Villanueva, que habló en nombre de la Unión Europea y de los países del este de Europa, hizo un llamamiento al Gobierno para que ponga en práctica las recomendaciones de la Comisión y mostró su apoyo a los esfuerzos de Pastrana en el diálogo y la negociación.
Pérez Villanueva señaló que, en función de futuros acontecimientos, la UE podría considerar invitar a la Alta Comisaria a pronunciarse ante la Asamblea General de la ONU.
En el mismo sentido, la Comisión Internacional de Juristas pidió a la Comisión que disponga que Mary Robinson presente un informe a la Asamblea General en su reunión de septiembre.
Amnistía Internacional pidió una mayor presión de la comunidad internacional para obligar al Gobierno colombiano a aplicar las recomendaciones de la Comisión, solicitud apoyada por la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura y la Liga Internacional por los derechos y la liberación de los pueblos, entre otras organizaciones.
La Comisión Colombiana de Juristas pidió una acción más decidida de la Comisión y la Federación Mundial de Sindicatos señaló que los paramilitares son considerados como la sexta división del Ejército, que cuenta con cinco legales.
[Fuente: Agencia Efe, Ginebra en el diario El Colombiano, Col, 18abr02]
EDICCION DIGITAL DEL INFORME 2002 SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA DE LA ALTA COMISIONADA PARA DERECHOS HUMANOS DE LA ONU.
El Equipo Nizkor tiene disponible desde hace diez días una edicción digitalizada a texto completo, incluidas las notas documentales, del mencionado informe, la que se puede bajar o consultar de forma libre y gratuita en la URL:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/inforobin02.html
UE, 20abr02
